La convocatoria a una huelga nacional campesina desde las bases si el gobierno persiste en firmar el TLC con los Estados Unidos, fue uno de los principales acuerdos del X Congreso Nacional de la CCP. Esta medida de lucha en defensa del agro nacional, de las comunidades campesinas y de nuestra soberanía nacional, tiene que ser preparada desde las bases y debe ser la respuesta contundente a la sumisa actitud del gobierno de Toledo de querer firmar este tratado “sí o sí” con la superpotencia imperial.

El tema del TLC fue uno de los temas más intensamente debatidos en el evento campesino y la posición mayoritaria de las delegaciones fue mantener firma la decisión de seguir luchando contra este tratado y de continuar impulsando la campaña por el referéndum, como una derecho democrático del pueblo peruano para decidir soberanamente si está o no de acuerdo con la firma de este acuerdo.

En el Congreso también quedó claramente establecido que el TLC va mucho más allá de un tratado comercial y es un nuevo instrumento del imperialismo norteamericano para consolidar su dominio hegemónico geopolítico y militar de los países andinos; y además apoderarse de las riquezas naturales e hidroenergéticos de esta parte de América Latina.

El congreso también acordó rechazar el Anteproyecto de Ley de Pueblos Originarios, comunidades campesinas y nativas, aprobado por la Comisión respectiva del Congreso de la República, que preside el Congresistas Walter Alejos. Ello, porque dicha norma no garantiza la integridad territorial ni la propiedad comunal sobre sus recursos naturales lo que pone en serio riesgo su supervivencia. Tampoco asegura su participación en el uso, administración y conservación de dichos recursos naturales y mantiene la posibilidad de otorgarlos a los intereses de las grandes empresas que están tras los recursos mineros, forestales e hidrocarburos.

El tema del agua también fue motivo de debate y aquí la posición del congreso fue unánime: defender este vital recurso como derecho de los pueblos y particularmente de los campesinos y rechazar cualquier forma de privatización o concesión. Asimismo, defender la vigencia de la actual Ley General de Aguas 17752 y seguir coordinando con otros gremios para impulsar acciones en defensa del agua.

Respecto al agudo conflicto agro-minería, el X Congreso acordó exigir una nueva legislación minera que reconozca el derecho de los pueblos agrarios y comunidades campesinas a decidir sobre el tipo de actividad económica que garantice su desarrollo. Asimismo, continuar apoyando la lucha de estos pueblos frente a las agresiones de las empresas transnacionales mineras que operan en Cajamarca y Piura, entre otros lugares.

El cambio de la política económica neoliberal así como la exigencia de implementar políticas agrarias sectoriales para la pequeña agricultura y las comunidades campesinas, lo que implica demandar una mayor inversión pública para el desarrollo de las experiencias productivas de las microcuencas –como el caso de Jabón Mayo, en Canas, Cusco- fue otro de los acuerdos del congreso.

Todas estas demandas, y otras como la defensa de la producción nacional, de la soberanía y seguridad alimentaria, serán consolidadas en la Agenda Agraria Andina que aprobó el Congreso; y que debe convertirse no solo en nuestro principal instrumento de movilización y propuesta, sino también bandera unitaria del campesinado y de otras organizaciones agrarias del país.