La confederación Campesina del Perú, CCP, ha expresado su rechazo total al Proyecto de Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna en el Perú, que ha sido presentado por iniciativa de la congresista Doris Sánchez de Perú Posible, por considerar que esta propuesta encierra serios peligros para la salud humana y tendrá efectos negativos sobre la biodiversidad.

A través de un pronunciamiento, la CCP sostiene que esta propuesta legislativa se orienta promover fundamentalmente la tecnología de los transgénicos –organismos genéticamente modificados, OGM- y se contrapone con la agricultura orgánica o ecológica y a la agricultura sostenible. Agrega que de prosperar esta norma puede provocar serios impactos como una mayor tasa de deforestación por el crecimiento del monocultivo, la degradación de los suelos, la contaminación genética de los cultivos nativos, entre otros.

Remarca también que promueve el uso del material genético nativo en beneficio de las empresas transnacionales que lucran con el agronegocio, las que estarían en posibilidad de patentarlas y usufructuarlas sin ningún beneficio para los campesinos, dueños de tal material genético. Además, no contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población ni tampoco constituye una fuente de generación de empleo en el campo.

Otra de los argumentos de la central campesina para oponerse a este proyecto de ley es que no toma en cuenta el derecho del consumidor a ser informado y elegir libremente el tipo de alimentos que desea consumir. Tampoco toma en cuenta el “principio precautorio” considerado en la Declaración de Río, que establece tomar medida preventiva frente a la introducción de los organismos genéticamente modificados, y acciones que protejan la salud pública y el medio ambiente.

“Existen prioridades tecnológicas viables que atender, acordes a nuestra propia realidad, antes que pretender introducir tecnologías que demandan grandes inversiones en infraestructura, que el Estado no está en condiciones de afrontar, por lo que se beneficiarían de ella solamente las grandes empresas transnacionales”, argumenta el pronunciamiento de la CCP.

Cabe destacar que los países importadores de granos como la Unión Europea, Corea y Japón, atendiendo a la presión de sus consumidores, están rechazando los alimentos genéticamente modificados, lo que ha generado un gran excedente de este tipo de alimentos. Esto ha determinado que las empresas productoras de transgénicos hayan derivado sus productos hacia otras latitudes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está exportando miles de toneladas de maíz y soya transgénicos a países en vías de desarrollo, a través de las agencias de ayuda alimentaría.

Por tal motivo, la población de nuestro país, está expuesta al consumo de esos alimentos transgénicos, sin tener conocimiento de ello, ni del daño potencial que puedan ocasionar. Circunstancia agravada por la normativa imprecisa y la desinformación de parte de las autoridades competentes. Hay que remarcar que las consecuencias de estos OGM sobre la salud y el ambiente se encuentran aún en discusión a nivel académico internacional, a nivel de las empresas transnacionales de la industria y comercio de los productos agrícolas, que promueven esta tecnología, y a nivel de la sociedad civil.