El presidente de la Asociación de Desarrollo y Defensa de la provincia de San Ignacio en Cajamarca, Miguel Zamora Aldaz, exigió al gobierno y a las empresas mineras respetar la licencia social, que es una potestad de las comunidades campesinas y los pobladores que se ven afectados por la actividad minera.

El dirigente remarcó que “la licencia social debe ser el paso previo para iniciar cualquier actividad minera, y eso no lo están cumpliendo las empresas mineras y el gobierno no está cumpliendo su rol de fiscalizar y regular esta actividad a través del ministerio respectivo”. Agregó que los campesinos se oponen a la actividad minera pues temen que se produzca la contaminación que pone en serie riesgo sus recursos naturales que posibilitan desarrollar sus actividades agropecuarias.

Migue Zamora, demandó en tal sentido que antes de iniciar cualquier exploración minera, se hagan los estudios pertinentes para determinar el grado de contaminación y otros impactos ambientales que pueda producir la actividad minera, tal como lo vienen exigiendo los ronderos y campesinos ubicados en el ámbito de operaciones de la empresa Majaz en Piura.

El dirigente remarcó que en el caso de la minera Majaz, sus operaciones de exploración se ubican justamente en la cabecera de cuenca de importantes ríos que afectarán la actividad agropecuaria y los recursos naturales de los campesinos y pequeños productores tanto de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y San Ignacio.

Finalmente, el representante de la asociación de desarrollo de San Ignacio, planteó que en el caso del conflicto surgido con la empresa Majaz, el gobierno tiene que dialogar directamente con las comunidades campesinas afectadas para escuchar sus planteamientos y atender sus demandas.