La minería metálica no es una opción de desarrollo para la sierra de Piura ni para las comunidades campesinas asentadas en este territorio; y por lo tanto, no es considerada dentro de los planes estratégicos de desarrollo de los gobiernos locales de los distritos y provincias de esta parte del departamento. Por ello, los pobladores de esta zona vienen desarrollando sus propias iniciativas de producción agroecológica, que demuestran que sí es posible construir un modelo de desarrollo agropecuario sin contaminar los recursos naturales, preservando los ecosistemas de páramos y bosques, reforestando las nacientes de las cuencas hidrográficas, generando empleo a miles de familias campesinas y promoviendo mejores oportunidades para acabar con la pobreza rural.

Así lo sostienen a través de un pronunciamiento pública las diversas organizaciones sociales del departamento de Piura en el que expresan su amplio apoyo y solidaridad con las justas demandas de los comuneros y ronderos, hombres y mujeres, de las provincias de Huancabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio, en la defensa irrestricta de sus derechos ciudadanos y de sus medios de vida.

Este pronunciamiento de apoyo frente al conflicto de estas comunidades con la minera Majaz, señala también que en las zonas mineras del país, existe la percepción de que la expansión de la minería, incluso en su etapa de exploración, carece de control e instrumentos que permitan una adecuada gestión que salvaguarde los escasos recursos naturales y respete los derechos consuetudinarios de las comunidades campesinas. Remarcan que sin bien la minería es una fuente de riqueza y en menor grado de empleo, son conocidos y cuestionables los daños ambientales y el deterioro socioeconómico que han producido los proyectos de explotación minera metálica en áreas del territorio nacional donde no se demostró previamente su viabilidad social, económica, tecnológica, ambiental y política.

En tal sentido, remarca el pronunciamiento, que el actual conflicto social con la minera Majaz se origina en gran parte en el hecho de que esta empresa no cuenta con la licencia social para realizar la exploración y explotación de los recursos mineros en territorio comunal, componente clave de la viabilidad social de un proyecto cuya intervención se ubica sobre recursos naturales estratégicos para las actividades productivas locales y regionales. Por lo tanto, plantean que frente al conflicto, se convoque a una consulta ciudadana como instrumento que contribuya a fortalecer la democracia.

Las organizaciones sociales también respaldan la labor mediadora de la iglesia a través del obispo de Chulucanas, Daniel Turley, y rechazan los injustos agravios y acusaciones sin fundamento que provienen de sectores contrarios al diálogo y al debate civilizado. También se expresa el reconocimiento al rol de las Rondas Campesinas como espacio de participación ciudadana, democracia, justicia, paz y desarrollo sostenible a través de su participación activa en la gestión de las cuencas hidrográficas.

Este importante pronunciamiento que expresa el sentir de las organizaciones sociales también rechaza la violencia en cualquiera de sus formas, en particular la manera como han sido tratados los comuneros y ronderos durante la marcha de protesta. “Consideramos de justicia que nuestros conciudadanos, hermanos y hermanas comuneras, sean tratados con respeto y sin imponer por la fuerza y con violencia, modelos de desarrollo que desconozcan aquellos que ya vienen construyendo con sumo esfuerzo y creatividad”, remarca finalmente el documento.