• Afirman que sólo campesinos aportaron para defender su medio ambiente amenazado por la contaminación minera
• Rechazan tenencia de armas de fuego
Dirigentes de las comunidades de Yanta, en Ayavaca, y de Segunda y Cajas, en Huancabamba, rechazaron las denuncias en su contra formuladas por la empresa minera Majaz y negaron que la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales hayan financiado su protesta en contra de la explotación minera en sus jurisdicciones.
“Nos han acusado de violentistas, de poseer pistolas, de estar vinculados a partidos políticos, al narcotráfico y hasta de haber amenazado a los comuneros para que participen en la marcha hacia el campamento minero de Majaz. Todo esto es mentira. Además, por acuerdo de asamblea, los comuneros nos comprometimos a participar y aportar para la movilización porque se trata de la defensa de nuestras vidas”, indicaron durante la conferencia de prensa que brindaron en el Congreso de la República.
Mario Tabra, presidente del Frente de Defensa de la Vida, el Agro y el Medioambiente de Ayavaca; Magdiel Carrión, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayavaca, y Servando Aponte, tesorero de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, aclararon que tampoco es cierto que la Iglesia o las ONGs los estén manipulando, azuzando o financiando sus acciones en contra de la actividad minera.
Afirmaron que su lucha es para proteger los recursos naturales, principalmente del agua, en sus provincias donde nacen los ríos que también riegan otras jurisdicciones de Piura y las provincias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio.
Tabra advirtió que de darse la explotación minera en la zona ésta tendrá un impacto sumamente negativo en el agua por tratarse de un ecosistema frágil, propenso a deslizamientos, propio de una zona boscosa y húmeda, por encontrarse la mina en la cabecera de cuenca del río Blanco, afluente del río Huancabamba que cruza Morropón hasta desembocar en el Océano Pacífico.
Negó que los comuneros hayan portado armas cortas durante la marcha del primero de agosto, como informó el jefe policial de Piura, y denunció que la policía no sólo los agredió y lanzó bombas lacrimógenas en forma indiscriminada, sino que quemó sus alimentos, ropas de abrigo y medicinas para obligarlos a retornar a sus lugares de origen.
INTANGIBILIDAD
Por su parte, los regidores del municipio de Chulucanas, Piura, que integran la Comisión Especial en Defensa del Agro, respaldaron la lucha de los comuneros de Yanta y Segundas y Cajas y anunciaron la realización de un plantón, el próximo 12 de setiembre, para exigir al Congreso de la República que apruebe el Proyecto de Ley No.10399 que declara la intangibilidad de las tierras y recursos naturales (ríos) de las provincias de Ayavaca, Huancabamba y Morropón.
Sólo de esta manera se podrá proteger los ríos de la contaminación minera, coincidieron en afirmar los concejales Arnulfo Adrianzen, Víctor Arámbulo Timaná, Sixto Gonzales y Silvia Caramantín, quienes se encuentran en Lima para solicitar la aprobación del referido proyecto de ley que se encuentra desde el año pasado en la Comisión de Agricultura.
Los regidores indicaron que mientras en esas tres provincias el gobierno no apoya la agricultura ni la ganadería, de las que dependen unas cinco mil familias, existen numerosas concesiones mineras que afectan el territorio de las comunidades campesinas. Sólo en Huancabamba, el 80% de su ámbito ha sido concesionado a empresas mineras, mientras que en Morropón ya son 16 los denuncios mineros, informó Sixto Gonzales.