Lo que sucede actualmente con el precio del gas GLP es una nueva muestra de lo irresponsable y dañina que –para el país y, sobre todo, para los peruanos y peruanas de a pie- es esa mixtura perversa de neoliberalismo y mercantilismo que sufrimos desde Fujimori, Boloña y Camet, hasta Toledo y Kuczynski (¿Y que seguirán Lourdes Flores y Alan García?).
El desmantelamiento y pauperización del Estado emprendido durante los últimos 15 años significó, entre otras cosas, una grave perdida de la capacidad para regular e intervenir en sectores económicos estratégicos, como los hidrocarburos. Así, se descuartizo a PETROPERU, dejándose mano libre a lobbies y carteles para medrar a costa del bienestar e intereses del público consumidor. ¿Resultado?, el precio artificialmente distorsionado que el consumidor peruano paga hoy por balón de gas producido aquí: pagamos casi 20% más de que lo paga un consumidor chileno, país que no produce sino importa el gas.
La precipitada “solución” adoptada por el Gobierno de Toledo para rebajar el precio del gas, lejos de ser técnica y equitativa, resulta ser una burda improvisación que lesiona los intereses del Estado y deja intocada a la empresa. Se ha informado que el precio del balón de gas debería bajar alrededor de S/. 8.2 Soles. No está mal, pero es absolutamente insuficiente. Pero, para colmo, lo que indigna es que más de la mitad de esa rebaja es asumida por el Estado (S/. 4.30 soles por balón), que elimina el cobro de aranceles e Impuesto Selectivo al Consumo, pero se dejan intactos los generosos ingresos del concesionario extranjero.
En otras palabras, el Estado va a reducir sus ya limitados ingresos fiscales en no menos de S/. 100 millones anuales, pero no hay ningún sacrificio del lucro privado. ¿Es esto correcto, considerando que el gas es originalmente un recurso natural que pertenece a la Nación? El precio del gas debe reducirse bastante más porque nosotros, los consumidores, hemos subsidiado -con nuestras cuentas eléctricas mensuales- la construcción del gasoducto, el Estado ha prestado garantías múltiples al consorcio privado que explota el gas, y –por ello- no podemos ser esquilmados por precios abusivos.
Pero también preocupa como Kuczynski y el oficialismo insisten con el cuestionable proyecto de exportación de gas a Chile, cuando hasta el mismísimo Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía -Carlos del Solar- ha explicado que Camisea no tiene reservas suficientes para exportar a Chile y abastecer nuestra demanda interna. Cuidado que nos suceda lo que pasó con California y México, que malbaratearon irresponsablemente sus reservas de gas y pasaron en pocos años de ser exportadores a ser importadores. Ello sin mencionar la irresponsabilidad de plantearse un “anillo” gasífero y energético del Sur de América, marginando a Bolivia, el principal proveedor regional, así como el impacto negativo que esta actitud puede tener en el proyecto de que el gas de Bolivia salga por el sur del Perú al provocar una reacción hostil de ellos ante esta propuesta que los deja de lado.
El caso del gas es un llamado de atención a la ciudadanía sobre la necesidad de una reforma integral de nuestras estructuras políticas y legales para devolverle al Estado la plena capacidad para supervisar y participar en el manejo y uso de recursos estratégicos como el gas y el petróleo. Debemos abandonar la senda irresponsable del neoliberalismo chicha, que pretende liquidar a Petroperu, privatizar nuestros recursos naturales a ciegas y dejar nuestro destino librado al inexistente “libre mercado”. La realidad económica –con el barril de petróleo ya bordeando los US$ 60 dólares- señala claramente que nos dirigimos a un futuro cercano, donde el acceso y control de recursos energéticos será cuestión de vida o muerte para las economías nacionales. Por ello, hoy más que nunca, urge restablecer una política integral y soberana sobre nuestros recursos naturales, patrimonio de todos los peruanos.