Viejos problemas sin solución asoman, abiertamente, cuando la coyuntura lo favorece. La crisis abierta en Espinar, Cusco, alrededor de minera Tintaya, vuelve a poner sobre el tapete la tensa relación existente entre minería y sociedad rural. Tintaya nace como un proyecto minero estatal en 1980. Privatizada en 1994 a favor de Magma Tintaya S.A., fue absorbida el 96 por una empresa australiana (BHP) y ésta se fusionó el 2001 con una empresa inglesa (Billiton PLC), dejando la propiedad en manos de su actual propietaria: BHP Billiton Tintaya. Como ocurre frecuentemente, la expansión de la actividad minera llevó a expropiar o comprar tierras a 5 comunidades y dejó abiertos conflictos (bajos precios, desalojos, negociaciones ilegítimas, etc.), así como diversos problemas ambientales y de derechos humanos.
Entre fines del 2001 e inicios del 2002, las comunidades afectadas y CONACAMI (organización de las comunidades afectadas por la minería a nivel nacional) -apoyándose en ONGs como Cooperación y OXFAM América, así como en la Municipalidad de Espinar (dirigida por MINKA)- abren negociaciones con la empresa. A mediados del 2002, luego de un incidente por la contaminación de una cuenca que dificulta temporalmente la relación, se instalan grupos de trabajo: la Comisión de Tierras, la Ambiental, la de Derechos Humanos, la de Desarrollo Sostenible, y la de Coordinación y Seguimiento. El trabajo de estas comisiones permitió avances sobre temas ambientales, de tierras, y se llegó al acuerdo de que la empresa invertiría $330,000 dólares anuales, por 3 años, en proyectos de desarrollo de las 5 comunidades.
Paralelamente, la Provincia –a nivel municipal y de organizaciones sociales- firmó el 2003, un Acuerdo Marco con BHP Billinton que comprometía, por 5 años, el 3% de sus utilidades o no menos de un millón y medio de dólares anual para obras de desarrollo. En función de ello, la empresa comprometió un aporte de US $1 934,309 dólares entre Setiembre 2003 y Agosto del 2004, en 39 proyectos. Pero ese acuerdo tiene problemas: incluyó una cuestionada y posiblemente contaminante presa de relaves al borde del río Canipía. Nunca se instaló el Comité de Vigilancia Ambiental. Además, los proyectos caminan lentamente. Hasta aquí, una experiencia novedosa e interesante, pero no exenta de problemas, en la relación minería-sociedad rural.
Los problemas e incumplimientos provocaron, quizás junto a un exceso de expectativas, un nuevo conflicto –con ribetes violentos- en la zona. Rápidamente, los voceros de la Sociedad Nacional de Minería, que nunca simpatizaron con los esfuerzos dialogantes de BHP Billinton por considerar que establecía parámetros de concesiones altos para otras empresas, pidieron mano dura y represión. El inefable Kuczynski y el Primer Ministro Ferrero, responsabilizaron desde Sendero Luminoso y el MRTA hasta Patria Roja y el PUM de los hechos, a efectos de justificar la represión. Ninguno quiso ver problemas más de fondo, ni consultar con la Vicaría de Solidaridad de Sicuani o con el párroco de Yauri, Espinar. Ninguno quiso ver problemas en la actuación policial.
Nada dijeron del secular abandono de Espinar, una de las provincias más pobres del país a pesar de estar en el 6to lugar entre la provincias con reservas de cobre fino del Perú. Nada sobre la miseria endémica que pone casi al 80% de la población bajo la línea de pobreza, ni sobre la escasa inversión pública y del PRONAA en la zona. Nada sobre los problemas medioambientales y los compromisos incumplidos. Nada sobre la escasa tributación minera o del canon a pesar del alza de los minerales: entre 1996 y el 2003, el canon dejó apenas S/.310,000 soles en total a la provincia. (Ojo que hoy el costo de producción está en unos US $0.60 centavos por libra de cobre y el precio mundial está en US $1.30 dólares la libra) Silencio sobre la frustración con un Estado ausente que retiene el pago del canon y las regalías del 2004 y 2005, y del contraste con un emporio minero cuyo tributo no se ve y que aporta poco a pesar del Acuerdo Marco, pues menos de un 30% de lo acordado se habría invertido en la provincia por dificultades de gestión –según la empresa- o indisposición a hacer efectivo lo comprometido, según la población.
Las raíces del conflicto son más complejas que culpar a los “agitadores”: frustración, incumplimiento, desconfianza y maltratos acumulados; ausencia del Estado, de tributación adecuada y oportuna. Y claro, impaciencia ante la lentitud, el incumplimiento y la ineficiencia en la ejecución de compromisos, sin faltar pescadores a río revuelto.
Quienes azuzan militarizar el problema sólo alentarán la exigencia de cierre de la mina y graves consecuencias locales, regionales y nacionales. Es pues vital incentivar el esfuerzo del diálogo y buscar puntos de equilibrio entre la presencia minera y las expectativas de la población, soluciones con una mayor equidad redistributiva y mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades y localidades, para los trabajadores y proveedores, con cuidadoso resguardo al medio ambiente y la salud de la gente.
Debe revisarse a fondo el por qué los acuerdos se implementaron lentamente y en forma incompleta, corregirlo e introducir las modificaciones y correctivos necesarios. Debe instalarse el Comité de Vigilancia Ambiental e implementar un diagnóstico independiente para encarar lo del relave. La empresa debe anunciar su pago de regalías ahora, sin afectar los compromisos del Acuerdo Marco, y el Estado debe transferir el canon y regalías sin tardanza ni demora. El gobierno debe asumir compromisos, con el apoyo de la mina, respecto a la carretera Yauri-Arequipa. El Estado ausente no puede aparecer como garrote y fusil pues así sólo acentuará su ilegitimidad.