Consideramos un gran avance el que se declare como zonas cocaleras que producen para el consumo tradicional a los valles de La Convención, Yanatile y Q’osñipata. Sin embargo faltan dos puntos, que de no aprobarse convertirían en inútil esa declaración.
1.- Como quedó establecido literalmente en el acta de compromiso firmada por el candidato Alejandro Toledo, actual presidente del país, y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco el 30 de marzo del 2001: “Establecer la comercialización directa del productor al consumidor chacchador con intervención de Federaciones y Municipalidades”. El artículo 61 de la Constitución señala: “El Estado facilita la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede establecer monopolios...”. Por lo tanto no necesitamos pedir el cambio de ninguna ley, es suficiente con el cumplimiento de la Constitución que invalida cuantas leyes puedan haber estableciendo el anticonstitucional monopolio de Enaco.
2.- Establecer que cuando una persona autorizada para el cultivo de la coca fallezca el permiso pase automáticamente a sus herederos.
De no agregarse estos dos puntos queda invalidada la declaración de zonas cocaleras. Enaco, que funciona como lo hacen todos los monopolios, paga precios irrisorios por la hoja de coca y la vende a precios exorbitantes.
Esta es la política del imperio norteamericano aplicada por sus servidores peruanos para que el productor vea como no es rentable la producción de coca, y el consumidor, campesino pobre, no alcance a adquirirla, lo que dará como resultado la erradicación que es el objetivo imperial. Si el permiso de cultivo no ha de ser hereditario, la coca quedará erradicada con la muerte de la generación poseedora de los permisos. Por estas razones decimos que la omisión de estos dos puntos sería una aprobación a la erradicación disimulada de la planta de coca, lo que hace inútil la declaración de zonas cocaleras.
Por otra parte, si se menciona nuestro rechazo al narcotráfico, al mismo tiempo se debe denunciar a Devida y a cualquier otro organismo que impulse la erradicación de la coca como instrumentos del imperio atentatorios contra nuestra soberanía, nuestra cultura milenaria y la economía campesina. La actitud de la CCP frente a la ordenanza regional sobre la coca dependerá de lo que ésta diga y de lo que deje de decir.