A pesar de los muchos intereses en juego para debatir y aprobar una nueva Ley General de Aguas, debajo de los cuales se esconden arrestos privatizadores, la cosa no es tan sencilla. No solo porque este Congreso carece de autoridad para tratar un tema tan trascendente, sino porque temen que el debate esté marcado por cierto interés por el periodo electoral que ya empieza a vivir en el país.
Al respecto, el presidente de la Subcomisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley respectivo, Michael Martínez, ya ha empezado a curarse en salud y ha rechazado que su propuesta considere la privatización del agua. Incluso ha señalado que el agua es un recurso de seguridad nacional, es patrimonio de la nación y que por lo tanto no se privatiza. Agrega también que el anteproyecto de ley busca crear mecanismos para garantizar la mayor participación ciudadana en la gestión del agua, y que para ello, ya se han realizado 12 audiencias públicas en costa, sierra y selva.
Pero no solo es la cuestionada autoridad de este parlamento la que complica el debate sobre el agua. Hay otros elementos que la convierten en un tema candente, por lo que se pone en juego, y tiene que ver con el conflicto agro-minería. En efecto, la propiedad del agua es un aspecto central de este conflicto, tal como lo demuestra el caso de la minera Yanacocha, en Cajamarca, que pretende ampliar sus concesiones mineras a zonas que son fuentes de agua no solo para el agro sino también para el consumo humano.
Y como si ello fuera poco, las posibilidades de que el congreso legisle sobre el tema, se verán complicadas por el proceso mismo de la descentralización y la conformación de las macro regiones. No hay que olvidar que las principales fuentes de agua de las que se abastece la costa están ubicadas en las cuencas altoandinas, cuyos gobiernos regionales están también interesados en sacar provecho de este recurso a través de la aplicación de derechos de canon.
De manera, que como ha dicho un especialista en el tema “el agua es un elemento que emborracha”. Por ello, la nueva ley general de aguas, seguramente deberá esperar un tiempo mayor para su debate; debate que tiene que tomar en cuenta la necesidad de una nueva política que garantice mayor equidad en su acceso, más eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando mejores tecnologías disponibles, y potenciando la participación y corresponsabilidad de los usuarios para combatir el despilfarro, la especulación, la insuficiencia, la contaminación y el uso mercantil a la que algunos pretenden reducirla.