Este desprestigiado e inepto Congreso de la República, se apresta a debatir un Anteproyecto de Ley General de Aguas, elaborado por una subcomisión conformada para tal fin. Y aunque uno de sus autores haya afirmado que esta propuesta no busca privatizar este vital recurso, ello no nos exime de reafirmarnos en que dada la trascendencia del tema, ni este congreso ni este gobierno están en condiciones de aprobar una nueva ley de agua, que permitiría licencia de aprovechamiento perpetuas e irrevocables (artículos 44 y 45), es decir, más de lo que una concesión puede dar hoy.
Para la CCP, una nueva ley general de aguas tendrá que reafirmar el carácter de bien público de este recurso, además de definir las cuestiones referidas a su uso, sistemas de administración y por su puesto, el costo. Sin embargo, por encima de estas consideraciones hay aspectos que tienen que estar a la base de cualquier nueva legislación y que no está siendo tomada en cuenta.
Y esto tiene que ver, en primer lugar, con la demanda de constitucionalizar el agua como derecho humano, en tanto es la base de realización del derecho a la vidad y la salud; segundo con la relación indesligable entre el agua, la pequeña agricultura y una estrategia de soberanía y seguridad alimentaria para nuestro país; aspecto, que reiteramos, están por encima de cualquier consideración mercantilista del líquido vital, más aún cuando se viene afirmando con insistencia y con fundadas razones, que en los próximos 30 años, el agua dulce se convertirá en uno de los bienes más escasos de la humanidad. Y tercero, con la defensa de la calidad y cobertura del agua potable y de una gestión municipal moderna de las respectivas empresas prestadoras del servicio con participación de la sociedad civil.
En un país como el nuestro donde hay más de un millón 700 mil pequeños productores agrarios y campesinos, es claro que la prioridad del uso del agua tiene que ser la agricultura. Es impensable la viabilidad de este sector productivo si es que se le pretende privar del uso del agua, ya sea por los influjos privatizadores de los neoliberales que pululan en los gobiernos, lo por los que medran tras el poder económico y político de las grandes empresas mineras.
Es sabido también, que pese a la crisis que arrastra a la pequeña agricultura sobre todo en los últimos 15 años, estos pequeños productores y campesinos, son los que abastecen de alimentos a las principales ciudades del país; y por lo tanto, son los encargados de asegurar niveles de seguridad alimentaria. De alguna manera, estos pequeños productores son los que constituyen el último reducto sobre los que se puede construir una estrategia de soberanía alimentaria, sobre todo, cuando la gran agricultura y parte importante de la mediana, se orientan a satisfacer las necesidades del mercado externo a través de la agroexportación.
Por lo tanto, defender el agua como un bien público, incluso de carácter estratégico, significa defender la vigencia de esta pequeña producción agropecuaria, el derecho de cientos de miles de familias campesinas de vivir de su pequeña agricultura, así como el derecho de las poblaciones urbanas de tener acceso a los alimentos sanos producidos por nuestros agricultores y no depender solamente de los alimentos importados. Peor aún, cuando estos alimentos extranjeros alcanzan una gran productividad por el uso de abonos y otros insumos químicos altamente dañinos, así como por modificaciones genéticas –transgénicos- que son duramente cuestionados.
Hay que remarcar que esta defensa del agua como patrimonio de los pueblos agrícolas es algo que trasciende las fronteras de nuestro país, pues otras organizaciones campesinas de países hermanos como Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, entre otras, también están en esa lucha. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, así como la organización internacional Vía Campesina, de las que forma parte la CCP, también hacen de la defensa del agua, de la pequeña agricultura y la soberanía alimentaria, uno de sus principios fundamentales.
De manera, que más allá de definir aspectos sustanciales en el uso y administración del agua, que son importantes, para la CCP, la cuestión fundamental es defender su carácter de patrimonio de la nación, que no puede ser privatizada; garantizar su uso y acceso para la pequeña agricultura y los campesinos, y no separarla de los productores, entregándola a través de concesiones a terceros. Garantizar el uso del agua para el agro es garantizar la posibilidad de una verdadera soberanía alimentaria. A partir de estas consideraciones, se pueden tejer los mecanismos para garantizar también un acceso justo y equitativo de las poblaciones urbanas al líquido vital, no como simple mercancía sino como un derecho básico y fundamental para la vida.