La población de Apurímac no quiere que le pase igual que otras regiones, donde la actividad minera no solo destruye los recursos naturales y cuando se agotan sus minerales solo les queda miseria y pobreza. Allí está Huancavelica, y en ese camino marchan Pasco y Junín, por mencionar algunos. Por ello, todas sus organizaciones sociales y fuerzas vivas, realizaron un contundente Paro Regional por la Dignidad de Apurímac, los días 2 y 3 de marzo.

El objetivo de la medida de lucha fue exigir que los 121 millones de dólares que el gobierno ha recibido por la concesión del llamado megaproyecto minero “Las Bambas”, se destine para la inversión en toda la región Apurímac, una de las más pobres del país, y que continúa olvidada y postergada por el gobierno central. Para la población apurimeña es inaceptable que buena parte de esos recursos vayan a parar en la compra de armas para las Fuerzas Armadas, como pretende el gobierno de Alejandro Toledo.

Durante las 48 horas que duró la medida de protesta, en Abancay, ciudad capital y sede la Región, se realizaron marchas masivas, en las que miles de pobladores expresaron su rechazo a los despropósitos de Gobierno y de Proinversión. Sindicatos de mercados y de trabajadores de construcción civil, organizaciones barriales, campesinas, juveniles y de mujeres participaron en la protesta. A ellos se sumaron diversas instituciones como el propio Gobierno Regional, las municipalidades, colegios profesionales, instituciones privadas y delegaciones llegadas desde todas las siete provincias apurimeñas.

Las principales carreteras como las que conducen a Lima y Cusco fueron bloqueadas totalmente y no pasó ningún ómnibus interprovincial. En el interior de la región también hubo movilizaciones. El mensaje de la población apurimeña ha sido claro y contundente: si no se atienden sus demandas se irán a un paro indefinido.

Hay que remarcar que por la concesión de los derechos de explotación del proyecto “Las Bambas”, la empresa Xstrata Perú S.A. pagó un monto de 121 millones de dólares, los que deben ser invertidos para el desarrollo regional. El gobierno solo quiere destinar 45 millones y medio en las provincias de Grau y Cotabambas, y las organizaciones exigen que el total de estos recursos también beneficie a las demás provincias con proyectos estratégicos de desarrollo sostenido. Demandan además el retiro de Proinversión de la administración del Fideicomiso y que sea asumido por el Gobierno Regional de Apurímac.

Otras demandas concretas son la ejecución inmediata con esos fondos, de la carretera Ayacucho-Chincheros- Andahuaylas-Abancay, la asignación de un presupuesto especial de emergencia para el sector Educación y Salud, así como la implementación de un Plan Integral de Reparación a las Víctimas de la violencia política de Apurímac, así como la declaratoria en emergencia del agro apurimeño. El gobierno está notificado: Apurímac no está dispuesta a hipotecar su futuro y luchará por lo que en justicia le corresponde.