Una asonada militarista y aventurera -encabezada por Antauro Humala y su movimiento etnocacerista en Andahuaylas, al capturar la Comisaría de esta ciudad, tomar rehenes y desatar acontecimientos que han dejado no menos de 6 muertos y numerosos heridos- ha vuelto a evidenciar la profunda crisis política nacional. Una crisis que atraviesa el gobierno de Alejandro Toledo, el sistema de representación política y el régimen que han perdido notoriamente legitimidad, y el conjunto del aparato estatal.
Tenemos notorias diferencias con el planteamiento ideológico del etnocacerismo. Nos parece racista, autoritario, ultranacionalista y ajeno a los retos que nos plantea el mundo unipolar de hoy, promotor del golpismo y del militarismo, y, sobre todo, ajeno a las concepciones fundamentales de una izquierda que pugna por construir una nueva república basada en la democracia participativa, descentralizada, pluralista e integral, y en una economía al servicio de la gente y no de los grandes grupos de poder.
Sin embargo, es indudable que –en un afán de posicionarse políticamente a cualquier precio- Humala levantó demandas que una importante mayoría de peruanos sostiene, aunque no respalde su accionar violento e irresponsable y conozca poco del programa e ideario humalista. Estas demandas son dos. Primero, un cambio de gobierno, expresado en la exigencia de renuncia de Toledo, cuyo gobierno -para millones de peruanos- representa una intolerable combinación de corruptela, ineficiencia y servilismo al gran poder económico, en perjuicio de las mayorías empobrecidas y cansadas de ofrecimientos incumplidos.
Y, segundo, una Asamblea Constituyente que –elegida por el voto directo, universal y secreto de la ciudadanía- asuma los urgentes cambios que requiere el régimen político, económico y social impuesto por la Constitución fujimorista del 93. Es claro, que la mayoría ciudadana no ve en el actual Congreso un instrumento representativo y legítimo para hacer este cambio constitucional, menos aún cuando se pretende hacerlo de espaldas al país y sin efectuar referéndum alguno para que el pueblo se pronuncie. De allí, la manifestaciones de sectores de la población andahuaylina y de otros puntos del país, en el sentido de respaldar estas exigencias, a lo que suma la indignación frente al abandono permanente del Perú profundo y rural, y la muerte de un joven estudiante por acción de francotiradores. Las fuerzas políticas debemos asumir los retos que las circunstancias plantean.
El gobierno no puede continuar como si nada hasta el 2006, mientras la demanda social y el malestar crecen. El gabinete actual no da más, debe irse, y constituirse uno capaz de conducir una transición democrática que está ahogándose en la ineptitud, la corruptela y la inequidad que irritan al país. Este proceso que debe comprometer amplias fuerzas políticas y sociales en el señalamiento de una hoja de ruta y la determinación de quienes deben tomar el timón. No es posible que el oficialismo y buena parte de la oposición hagan el “muertito”, como quien deja correr el tiempo y no encara los problemas sociales, económicos, políticos y de corrupción.
Pero, el Congreso y el Gobierno deben admitir la necesidad de una Asamblea Constituyente que acompañe ese proceso de transición e introduzca los cambios que el pueblo reclama. A ello es indispensable sumar la necesidad de culminar las investigaciones que –hace meses- implicarían al propio Presidente de la República en casos de corrupción y podrían terminar con la declaratoria de su incapacidad moral para mantener el cargo que ostenta. Esto no puede seguir siendo manoseado sin asumir sus consecuencias. Aquí algunos temas centrales de una posible salida a la crisis actual.