Están cansados de seguir siendo los olvidados de siempre, los excluidos y marginados a pesar de ser quienes siguen cargando las más duras consecuencias de la guerra y de la violencia política. Por ello, ante la falta de acción e incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, por parte del Estado peruano, han decidieron marchar hacia Lima para levantar su voz y sus demandas; para luchar contra el olvido del Perú oficial, el gobierno y el parlamento, cada vez más insensibles ante el dolor y la indignación que llevan muy adentro.

Se han organizado en la Coordinadora Nacional Transitoria de las Organizaciones de afectados por la violencia política, que reúne a 13 regiones, como Ayacucho, Apurímac, Ancash, Cusco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Lima, Ica, La Libertad, Pasco, Puno y San Martín. Con esta marcha piden que se cumplan con las recomendaciones de la CVR. Además de exigir justicia, rechazan la actitud de congresistas y partidos políticos comprometidos con la violación de los derechos humanos, como el APRA, que intentan manipular el informe final de la CVR y ponerse de espaldas a la historia y al sufrimiento de miles de peruanas y peruanas.

Con esta marcha nacional, que movilizó a unos 1,500 madres, padres, hijos y familiares de las víctimas, buscaron también poner de manifiesto el desinterés del Estado frente al dolor y clamor de justicia y reparación. Pero ya no quieren escuchar solo promesas y compromisos que se quedan en el papel y luego pasan al olvido; exigen, con justa razón, acciones concretas, hechos reales.

Tras arribar a Lima, el lunes 25 de octubre, partieron de tres preconcentraciones en los óvalos de Caquetá, Santa Anita y Javier Prado, hacia el Congreso de la República, portando sus banderolas y coreando sus lemas y demandas de justicia y reparación. Mientras realizaban un plantón frente a la Plaza Bolívar, una comisión se entrevistó con los congresistas Javier Diez Canseco, Walter Alejos y Heriberto Benítez, a quienes plantearon sus demandas. En la noche, hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia, junto con representantes de otras instituciones que apoyan la causa de las víctimas de la violencia. El martes 26, marcharon a la Plaza San Martín, mientras gestionaban una entrevista con el Presidente Toledo. En horas de la noche, retornaron a sus regiones, no sin antes advertir que si persiste la indiferencia oficial, tomarán otras medidas de protesta.

Sus demandas
Las organizaciones de afectados exigen que se constituya una Comisión Nacional de Justicia, Reparación y Reconciliación, con autonomía administrativa y económica, descentralizada y con rango de ministerial; así como la asignación de un presupuesto para la implementación de las reparaciones, dentro del Presupuesto General de la República del 2005. De igual manera, demandan la implementación de un sistema de seguridad nacional y regional para la protección de víctimas y testigo.

Tal como lo planteó el informe final de la CVR, la Coordinadora Nacional Transitoria, exigen el nombramiento de jueces, fiscales y policías especializados en derechos humanos para la investigación y judicialización de los casos de violaciones a los mismos; un registro nacional de víctimas por regiones, provincias, distritos y comunidades; y la implementación de un programa de vivienda para los afectados por la violencia política.

CCP exige solución a afectados por violencia política

La CCP expresó su apoyo a la marcha de las organizaciones de afectados por la violencia política, facilitando sus instalaciones para que pernocten las delegaciones de Apurímac, acompañando la movilización y exigiendo al gobierno una pronta atención a sus demandas.

A través de una pronunciamiento, señala que “la CCP y otras organizaciones, que estuvimos a la cabeza para exigir la conformación de la Comisión de la Verdad, demandamos desde un inicio que las recomendaciones de la CVR tengan carácter vinculante, y que el gobierno cumpla con reparar los daños morales, económicos y sociales que sufrieron miles de hermanos y hermanas campesinas, durante la época de la violencia política; pues sin reparación simplemente no habrá justicia.

La CCP, exige también que el Estado destine los recursos para crear un fondo de inversión productiva y social para impulsar el desarrollo de las comunidades que fueron arrasadas por la violencia senderista y las fuerzas armadas. De esta manera se podrá atacar la pobreza, el abandono y la exclusión que son las verdaderas causas de la violencia, cuyas consecuencias hasta hoy sufren miles de campesinos y campesinas.