Tras la toma de la hidroeléctrica San Gabán
Puno nuevamente es escenario de una grave crisis política, que involucra a miles de empobrecidos productores de hoja de coca, de varios distritos de la Provincia de Carabaya, departamento de puno; quienes iniciaron una huelga indefinida el lunes 18 de octubre, para protestar contra los violentos operativos de erradicación de sus cultivos por parte de la policía antidrogas y la DEA. Ante la indiferencia del gobierno, los campesinos decidieron tomar las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de San Gabán, ubicada en el distrito del mismo nombre, acción en la que perdieron la vida tres campesinos que fueron abaleados por la policía custodiaba dichas instalaciones.
Y como ha sido una constante de este gobierno, se ha esperado que la situación llegue a niveles extremos para recién dialogar con los campesinos, instalando este miércoles una llamada Mesa de Diálogo que es presidida por el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, autoridades del gobierno regional, alcaldes de la zona y representantes de los productores.
Los hechos
El gobierno a través del programa DEVIDA, ha iniciado desde hace unos meses, la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca, en la zona de San Gabán, operativos que han estado a cargo de la policía antidrogas y agentes de la DEA, la oficina contradrogas norteamericana. Los campesinos y productores, que en esa zona selvática de Puno se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, han venido denunciado que estos operativos se realizaban con inusitada violencia, con detenciones de campesinos, con helicópteros y que además se destruían incluso cultivos de frutas que les permite sobrevivir. Estas denuncias fueron corroboradas por el alcalde provincial y otras instituciones, los que publicaron un comunicado público, pidiendo que cesen los operativos y llamando a no usar la violencia contra los productores.
Una vez iniciada la huelga indefinida el pasado lunes 18, y ante la indiferencia de la autoridades, los campesinos amenazaron con tomar las instalaciones de la Central hidroeléctrica de San Gabán, hecho que concretaron el día martes 19, produciéndose un enfrentamiento con la policía, que disparó contra los huelguistas, produciendo la muerte de tres campesinos e hiriendo de gravedad ocho más. Los fallecidos son José Surco Palomino, Florencio Quispe Coaquira y Nicolás Gonzales. Los campesinos se han mantenido en las inmediaciones de la hidroeléctrica, durante todo el día miércoles 20; mientras tanto, un camión que trasladaba a más productores a San Gabán, sufrió una volcadura en la que perecieron otros tres campesinos.
Reacción tardía y desmentido
Luego que la situación se agravó y ante el temor que la crisis se profundizara, el gobierno recién anunció hoy miércoles la instalación de la Mesa de Diálogo, para buscar solucionar la grave situación. Hasta ahora, solo se había respondido con acusaciones contra los productores, que los calificaba de narcoterroristas, de poseer pozas de maceración de hoja de coca, y de atacar la hidroeléctrica en estado etílico. No solo los campesinos han desmentido estas acusaciones. Hasta el propio alcalde provincial de Carabaya Michel Portier y el de San Gabán, Antonio Huamantica, han rechazado estas versiones.
El gobierno ha declarado también el estado de emergencia en los distritos de San Gabán, en Carabaya; y Antauta, provincia limítrofe de Melgar. Para mañana jueves, el distrito de San Gabán ha convocado a un paro de 24 horas, en solidaridad con la huelga de los productores de hoja de coca y con los familiares de las víctimas de la toma así como del accidente de tránsito.
Por otro lado, diversos gremios y organizaciones sociales se vienen pronunciando sobre estos hechos que producido una nueva crisis política a Puno, región que fuera convulsionada meses con la crisis de Ilave, en la provincia del Collao. La CCP y la Federación Departamental de Campesinos de Puno, han expresado también su solidaridad con los productores y campesinos en huelga de hambre.
Asimismo, han criticado la negligencia y torpeza como el gobierno a través de DEVIDA y el ministerio de Agricultura manejan estos conflictos, que no son sino la expresión de la pobreza de los campesinos, que no tienen otra forma de sobrevivir, como consecuencia de una política económica que excluye a los campesinos.