La mano tenebrosa del fujimontesinismo sigue enquistada en la Justicia Militar, que en el pasado sirvió para dejar impune los crímenes contra los derechos humanos. No de otra manera puede entenderse el fallo emitido recientemente por el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), que pretende dejar en la impunidad el horrendo crimen cometido en 1992 con la desaparición y posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

La resolución del CSJM no sólo ha ratificado la sentencia emitida por este organismo castrense el 18 de agosto de 1994, en la cual se absolvió por una supuesta falta de pruebas a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Luis Pérez Documet, sino además ha señalado que este caso tiene la condición de cosa juzgada y por tanto ninguna instancia del Poder Judicial puede asumir competencia.

Esta aberración jurídica se da a pesar que el fuero castrense sólo tiene competencia para el juzgamiento de delitos estrictamente militares, es decir, aquellos vinculados con la misión fundamental de las fuerzas armadas. La desaparición forzada, la tortura y el asesinato no son parte de la misión de un soldado; son delitos comunes y por eso son tipificados y sancionados en el Código Penal. Por ello, el único fuero competente para juzgar y sancionar estos crímenes es el fuero ordinario, es decir el Poder Judicial.

Por lo tanto, los procesos y las sentencias emitidas por la justicia castrense en casos de violaciones contra los derechos humanos son ilegales y nulas, puesto que este fuero no tiene ninguna competencia legal y constitucional para el juzgamiento de estos delitos. Por ello, la sentencia emitida en el caso "La Cantuta" es absolutamente ilegal.
Es realmente inadmisible que a un año de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el fuero castrense emita esta resolución en la que se pretenda exculpar a Montesinos Torres y Hermosa Ríos de su responsabilidad en el caso "La Cantuta", mientras que en el sistema anticorrupción las pruebas de ello sobran. Otro de los grandes favorecidos es nada menos que el prófugo Alberto Fujimori, justo cuando le corresponde al Perú responder el cuestionario japonés sobre su extradición por crímenes contra los derechos humanos.

El fallo emitido recientemente por el Consejo Supremo de Justicia Militar no es otra cosa que un desafío a la democracia y una muestra clara de querer dejar en la impunidad un crimen horrendo, como el de "La Cantuta" en 1992, y a sus perpetradores. Frente a esta burla y desafío a la democracia por parte de la justicia militar le corresponde al Ministerio Público formular denuncia penal contra todos aquellos involucrados en el crimen de "La Cantuta”, de lo contrario se estaría creando un funesto precedente.