Era previsible que el último mensaje de Fiestas Patrias generara muy pocas expectativa en la mayoría de la población peruana, que es la que sufre las consecuencias de la política económica del gobierno de Alejandro Toledo. Y el hecho de que el elemento más significativo de mensaje haya sido anunciar el levantamiento de su secreto bancario, no hace sino corroborar lo que la ciudadanía ha venido percibiendo en los últimos tiempos: que este gobierno, además de ser incapaz de hacer los cambios que el país demanda, está cada vez más corroído por el cáncer de la corrupción.
Y más allá del triunfalismo de las estadísticas exhibidas por el Presidente, el mensaje ha carecido de una voluntad real de enfrentar temas cruciales para impulsar el desarrollo del país y para encarar las demandas centrales que el pueblo peruano exigió en el reciente paro nacional del 14 de julio. Porque incluso, el presentar la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, ya ha sido respondido por el nuevo Presidente de Congreso Flores Araoz de Unidad Nacional, para quien este tema involucra solo a este Congreso cada vez más desprestigiado y no a la ciudadanía en su conjunto. Por tanto, la Constituyente tiene que seguir siendo exigida con más movilización social y popular.
Como ya lo han señalado algunos analistas, el Presidente Toledo ha pretendido mostrarnos una realidad virtual que está muy lejos de la realidad cotidiana que atraviesan los trabajadores, campesinos, amas de casa, entre otros sectores más golpeados por la política económica, que no sienten hasta ahora el ya famoso “chorreo” de la reactivación económica. No es que sea sólo –como dice Toledo- que el gobierno no sabe comunicar sus éxitos, sino que estos en realidad se quedan en el terreno de las estadísticas.
Analistas como Alan Fairlie o Nelson Manrique al igual que el economista Javier Herrera del Instituto de Investigación para el Desarrollo, han coincidido en cuestionar el anuncio de que la pobreza haya disminuido en el país, y mucho menos la pobreza rural. Manrique sostiene incluso, que la pobreza aumentó del 54.2 al 54.7 y de ninguna manera ha bajado al 52%. Y en lo que se refiere a la pobreza rural, no existen argumentos o acciones concretas que sustenten que ésta haya bajado del 78 al 73%.
UNA VEZ MAS LA PEQUEÑA AGRICULTURA EXCLUIDA
En lo referente al agro, el Presidente ha dicho que se está avanzado en las propuestas contenidas en la famosa “Carta Verde”. En la CCP ya hemos señalado que esta ha sido una nueva mecida del gobierno; y el mensaje así lo ha expresado, pues en la medida en que no haya inversión pública en las comunidades campesinas, crédito y sistemas de precios de garantía a los precios de los pequeños productores agropecuarios, el relanzamiento agrario seguirá siendo un saludo a la bandera.
Los anuncios de un nuevo paquete de reducción de aranceles para insumos y bienes de capital o apoyo para las juntas de usuarios para la costa, expresan una vez más que las comunidades campesinas y el agro de la sierra, que son la mayoría de los pequeños productores, no existen para el gobierno.
Por ello, la afirmación de que ahora se ha reducido la dependencia alimentaria y que de cada 10 toneladas que consumimos, apenas una es importada, es otro juego de cifras que está lejos de la realidad. Sobre todo, porque cada vez más, miles de pequeños productores han dejado de sembrar por falta de crédito y porque los precios están por los suelos, situación que se agudizará en la nueva campaña agrícola por la sequía que se avecina.
OTROS TEMAS Y OMISIONES
Otros aspectos que ya han generado respuestas y críticas son los anuncios en torno a la descentralización, pues los mecanismos para otorgar beneficios tributarios son poco claros como lo han dicho varios presidentes regionales; y con relación a la creación de macroregiones, han remarcado que no existe una estructura jurídica que sustente este proceso.
El tema de la deuda externa ha sido reducido a un supuesto “reperfilamiento”, que en opinión de Alan Fairlie, es sólo “patearla hacia delante con bonos y comisiones”; y no se ha planteado la reforma tributaria, por lo que tampoco aumentará la inversión pública sino apenas una redistribución de los mismos exiguos recursos fiscales. Otras omisiones tienen que ver con el tema de derechos humanos, al ignorar una vez más las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y el anuncio de crear un instituto para pueblos indígenas ha sido el reconocimiento explícito del fracaso de la cuestionada CONAPA.
En síntesis, este discurso no ha hecho sino confirmar que seguiremos con más de lo mismo y que el movimiento social tendrá que seguir consolidando su organización para que a través de la movilización social, exijamos el cambio de la política económica, sigamos bregando por una Asamblea Constituyente y fortaleciendo los instrumentos políticos y sociales para luchar por un nuevo gobierno con poder y que sea capaz de resolver las grandes demandas insatisfechas de la población y sobre todo de las comunidades campesinas y pequeños productores agrarios del país.