Frente al escenario de negociaciones del TLC con los EEUU, la CCP propone una serie de acciones para evitar que no sólo que una vez el tiburón se trague a la sardina, sino para cambiar la convicción de los gobernantes actuales de que su misión es “engordar al tiburón”, que es lo que reflejan la actitud del toledismo y del ministerio de Agricultura.

Más aún, cuando las organizaciones representativas del agro nacional y del campesinado siguen siendo convidados de piedra en este proceso de negociaciones. No otra cosa significa la invitación de algunos gremios a seguir la negociación desde el llamado “cuarto de al lado”, pues ello no les da ninguna capacidad de intervenir en el proceso y mucho menos hacer propuestas y planteamientos.

Frente a esta delicada situación, la CCP considra que frente al TLC no sólo hay que exigir la modificación de las bases lesivas que el régimen de Fujimori impuso al agro y que Toledo mantiene, sino que hay que defender de inmediato la producción nacional agropecuaria, para lo cual propone cuatro estrategias.

La primera, es corregir las distorsiones que producen los precios internacionales subsidiados en el mercado mundial excedente. En tal sentido, la CCP se reafirma en lo que el CUNGA propuso en el CONACA y que el gobierno no quiso suscribir: que se reconozca como deber fundamental del Estado corregir completamente las distorsiones de los precios internacionales de todos los productos agrarios, que se generan como consecuencia de los subsidios, ayudas internas y otras medidas de apoyo a la exportación otorgadas a sus productores por los países desarrollados. Ello por cuanto, son una violación al libre mercado y libre competencia y perjudica a los países importadores pobres como el Perú.

En tal sentido, debemos exigir que el Estado se comprometa a implementar mecanismos de corrección total de estas distorsiones para todos los productos agropecuarios sensibles, mediante aranceles u otras medidas que impidan el ingreso al país de productos a precios distorsionados por los subsidios y otras ayudas. Por lo tanto, la posición peruana en las negociaciones internacionales que incluyen el comercio agrícola debe cumplimiento de este principio.

En correspondencia con esta propuestas, se planteó defender la producción nacional mediante la aplicación de elevación de aranceles, mantenimiento de sobretasas, ampliación de la franja de precios y derechos compensatorios para productos como el azúcar, arroz, maíz amarillo duro, lácteos, trigo, algodón, carnes y aceite de oliva. La CCP propone mantener estas demandas.

La segunda estrategia, apunta a iniciar por etapas, la sustitución de las imporaciones de productos como algodón, maíz, trigo, arroz, olivo y lácteos; lo que implicará un aumento del área sembrada de 325 mil hectáreas y 320 mil vacas, lo que a su vez redundará en un incremento del empleo en cerca de 900 puestos de trabajo en el sector agropecuario.

La tercera, contempla una nueva política sectorial agraria, que tenga como centro la promoción de la pequeña producción y el desarrollo de las comunidades campesinas, cuyas medidas más relevantes son el incremento de la inversión pública para el agro, la transformación de Agrobanco en una banca de fomento, precios justos con mecanismo de garantía y defensa de la tierra y del territorio comunal ante la agresión de las empresas mineras.

Y finalmente, la cuarta estrategia, plantea una nueva política macroeconómica que tenga como centro el desarrollo del mercado interno y que provea los recursos necesarios que permitan aplicar políticas sectoriales y de descentralización que generen un entorno favorable para la pequeña agricultura. A ello, deben apuntar nuestras acciones frente a las propuestas del gobierno y de Agricultura, se allanarse a las exigencias de los EEUU con el pretexto de que el TLC tendrá grandes beneficios al país, cosa que está muy lejos de la realidad.

Como lo dijimos hace mucho tiempo: con el TLC solo ganarán unos pocos y la gran mayoría del pueblo peruano será el que pierda. Por ello, es necesario que este pueblo se pronuncie sobre el TLC a través de un Referéndum o consulta popular; propuesta que también levantan las más importantes organizaciones gremiales, sociales y políticas de izquierda en el país.