2004-08-05 00:00:00

Esta afirmación no es de ninguna manera exagerada ni alarmista. Obedece a la realidad que vive el agro del país sometido a 14 años de libre comercio, y las consecuencias que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), ha tenido para la pequeña agricultura y los campesinos de México, así lo confirman. Esta apreciación incluso la sostiene el economista Richard Webb, en su reciente artículo “Especie en extinción” publicada en el diario El Comercio del lunes 26 de julio (Pag. A-4).

“Lenta pero inexorablemente se extingue la agricultura peruana. Hace unas décadas aportaba un quinto de la producción nacional, hace seis años el porcentaje fue 7%, hoy apenas alcanza el 5.5% del PBI. De continuar esa tendencia, el peso de la agricultura en la economía peruana pronto se volverá insignificante”. Agrega luego, que lo más paradójico es que la agricultura desaparezca “justamente cuando las familias peruanas siguen dedicando el 45% de su presupuesto un 45% de su presupuesto a la alimentación”.

Siendo esas las condiciones de desprotección en que se dan las negociaciones del TLC, la CCP ha venido planteando que el punto de partida para el agro, es modificar las condiciones lesivas que el gobierno de Fujimori firmó con la OMC en 1995, cuando aceptó el arancel consolidado de apenas 30 por ciento, el más bajo del área andina y que actualmente se encuentra más bajo y apenas en 10%; y se comprometió a no otorgar ayuda interna a la agricultura peruana, ni aplicar salvaguardas agropecuarias especiales.

Como resultado de estas condiciones, la importación de alimentos e insumos ha venido creciendo significativamente, lo cual ha significado un arrinconamiento de la producción nacional, la pérdida de mercado interno y la depresión de los precios de nuestros productos, como fruto de una competencia desleal por la política de subsidios que EEUU y los países desarrollados brindan a sus agricultores.

Se incrementa la desprotección al agro nacional

En los últimos años, la desprotección del agro se ha incrementado. Al trigo no sólo se le quitó la franja de precios sino que su arancel ha sido reducido del 25 al 17 por ciento, para beneplácito de los importadores como Dionisio Romero. El maíz amarillo duro apenas tiene un arancel del 12%. El algodón importado sigue incrementándose y sus aranceles son del 12% al igual que las carnes. Sólo el arroz, los lácteos y el azúcar tienen un nivel de protección derivado de la franja de precios, que hoy está con amenaza de desaparecer.

A esto hay que agregar que el gobierno norteamericano ha iniciado una ofensiva para exigir una desgravación inmediata que libere el 85% de nuestro comercio, y que para que continúen las negociaciones, es condición que el Perú elimine la franja de precios; además como ya se conoce, exige los subsidios agrícolas que otorga a sus agricultores no sea tratado en el TLC. Es decir, más desprotección pues seguirán las políticas de “dumping” o competencia desleal y que tanto daño al agro peruano.

Frente a ello, el gobierno no sólo incumple con sus promesas hechas en febrero de este año de protección a la agricultura y que está contenida en la “Carta Verde”; sino que su principal preocupación primordial está centrada en promover la agricultura de exportaciòn que significa apenas 50 mil hectáreas de los 2 millones y medio que se siembran cada año y que representa sólo el 0.1% del total de productores que hay en el país.

Por su parte el Ministerio de Agricultura, viene señalando tímidamente que podrá convenirse la defensa de algunos productos sensibles. En todo caso, sabiendo que el TLC será dañino para el agro, viene prometiendo invertir en algunos productos que serán afecgtados para lograr su supuesta competitividad en un plazo de 15 años. Mientras tanto, para la pequeña agricultura y las comunidades campesinas, ni el gobierno ni el ministro Quijandría dicen nada. Es decir, la política de marginación y exclusión de quienes constituimos el 84% de productores que hay en el país.