Las comunidades campesinas de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba; así como de la provincia de San Ignacio en Cajamarca, están librando una dura batalla para evitar que sus recursos naturales sean depredados por la voracidad de una empresa minera, que sin cumplir con los requisitos que la propia legislación establece, iniciaron sus actividades.

El pasado jueves 22 de abril, miles de comuneros, cansados de la indeferencia de las autoridades que no hacían caso a sus justos reclamos, decidieron tomar el campamento de la empresa minera Majaz, ubicado en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba. Esta acción produjo casi una decena de comuneros heridos, uno de ellos de gravedad –Humberto Herrera- quien posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, unos mil 500 ronderos de la provincia de San Ignacio, decidieron apoderarse del helipuerto que ha construido la empresa en la localidad de Namballe, desde la Majaz trasladaba sus equipos, insumos y personal hacia Carmen de la Fontera. Tras arduas negociaciones, con autoridades locales, los ronderos abandonaron el helipuerto, con el compromiso de que se suspendan tales operaciones.

Por otro lado, el domingo 25 de abril, en la comunidad de Yanta (Ayabaca), decidieron quemar un lote de paquetes escolares que la minera Majaz pretendía repartir a los estudiantes, para tratar así de ganar el apoyo de los campesinos.

Estos hechos de protesta de los comuneros, es el resultado de la prepotencia de la empresa Majaz, que burlándose de los derechos de las comunidades campesinas, iniciaron sus actividades incumpliendo las normas establecidas en los Decretos Supremos 021, 022 y 023, así como la resolución ministerial 096, que aprueba el reglamento de consulta y participación ciudadana.

La empresa minera Majaz ha sido favorecida por el ministerio de Energía y Minas para ejecutar el proyecto Río Blanco, cuyo ámbito se sitúa en el noreste del departamento de Piura, en la frontera con el Ecuador. Majaz es propiedad de la compañía inglesa Monterrico Metals. Las comunidades de la zona, rechazan las actividades mineras pues consideran que se destruirán sus tierras así como la conocida zona turística y medicinal de Las Huaringas. A pesar de estas protestas, con la conocida prepotencia que hacen gala las empresas mineras, decidieron continuar con sus operaciones.

La respuesta de las comunidades ha sido contundente y hoy se ha configurado un nuevo escenario de conflicto, que puede alcanzar las dimensiones de lo que ha venido ocurriendo en Tambogrande, donde se logrado suspender los trabajos de la minera Manhattan. La causa de las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio, ha logrado un importante apoyo de instituciones como la Iglesia, los alcaldes de la zona, e incluso de algunos congresistas piuranos y consejeros del Gobierno Regional.

Actualmente la situación es de una tensa calma. Las autoridades del gobierno regional y de Energía y Minas, están promoviendo reuniones con los dirigentes comunales, alcaldes así como con las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, para encontrar soluciones. Las comunidades han reafirmado su firme decisión de defender sus tierras, sus aguas, es decir su medio ambiente; y las acciones que a la fecha han llevado a cabo, expresan esta decisión.