Los sucesos que culminaron con el linchamiento y asesinato del Alcalde de la Provincia de El Collao, Cirilo Robles Callomamani, en Puno, puede ser calificada como una crónica de una tragedia anunciada, que la inoperancia, miopía, indiferencia y caducidad de un poder oficial no quisieron impedir.
En realidad, los hechos se remontan al 3 de abril, cuando los pobladores de esta provincia, cuya capital es Ilave, iniciaron una huelga indefinida con el bloqueo del Puente Internacional, exigiendo la renuncia del alcalde, a quien acusaban de corrupción en la gestión del municipio.
El gobierno central así como las ineptas autoridades del gobierno regional, se mantuvieron indiferentes al problema, hasta que el 26 de abril, la sangre llegó literalmente al río: el alcalde llevó su audacia al extremo y en un acto a todas luces provocador, pretendió realizar una sesión de Consejo en su domicilio, lo que motivó la reacción de la población, culminó con el alevoso asesinato.
Hoy la situación de Ilave es tan incierta como lo es la situación actual del propio país. Parte del poder oficial ha reaccionado censurando al ministro del Interior Fernando Rospigliosi, como si con ello se solucionara el problema. Los sucesos que han remecido al país expresan problemas mucho más profundos como la exclusión y marginación que sufren los pueblos del Perú Profundo.
En efecto, Ilave, de población básicamente aymara es la tercera ciudad en importancia económica y social de la Región Puno; sus comunidades viven en una de las zonas de mayor pobreza y atraso del país, postergadas y sin atención del Estado. Analizar esta realidad y su relación con la dimensión de los impactos de los acontecimientos, así como entender los mensajes que están detrás, son una necesidad perentoria e impostergable, para el movimiento campesino y agrario del Perú. En las siguientes líneas, la CCP busca un acercamiento a esta realidad, que por cierto es válida para otros lugares donde están en cursos “muchos Ilaves” más.
LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN EL PAÍS SE EXTIENDE A LOS ESCENARIOS REGIONALES Y LOCALES
Las consecuencias inmediatas y la proyección de la rebelión producida en esta provincia, es que ellas inevitablemente acelerarán la crisis de régimen político en que está inmerso el país; y por otro lado, ponen al desnudo la naturaleza de los límites y las frustraciones que provocan las políticas del modelo neoliberal, que se implementan en el terreno económico. Políticas que entrañan un profundo centralismo, insensible ante las demandas regionales y que de manera simultánea pretende romper los tejidos sociales y las identidades que forjan los pueblos del interior del país.
Ante la marginación política, económica, social y cultural –que devienen de la naturaleza del modelo neoliberal- en los últimos años los movimientos locales y regionales, han respondido de diferentes formas, buscando poner en primer plano las reales y justas demandas rurales, agrarias, culturales y de democracia participativa. La Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), base de nuestra central, ha contribuido proponiendo alternativas y desarrollando acciones de masas, que ni el gobierno regional y menos el gobierno central, han tomado en cuenta.
A la llamada modernidad neoliberal de pensamiento único, los pueblos de la montaña Andina, como Puno, también afirma su identidad cultural, revalorando sus raíces aymaras y quechuas, pero siempre ubicándolas como un impulso creador y transformador, pues se amolda a las influencias de su tiempo histórico; y con sapiencia han sabido construir una identidad intercultural, que antes que un problema, es una riqueza que ha dado paso a una fuerza cultural de todas las sangres como parte del proceso de construcción de la nación peruana.
Los sucesos de Ilave, han puesto el dedo en llaga de la crisis y el entrampe en el que se encuentra la descentralización, proceso que hace agua al no poder canalizar las demandas concretas e históricas de los pueblos del interior del Perú; situación que se extiende a los gobiernos locales, configurando una aguda crisis municipal en el país.
Señalamos con pertinencia, que en la generación de esta crisis tiene mucha incidencia la normatividad electoral que impuso Fujimori y se constituyó en una trampa al dar nacimiento a gobiernos locales con bajísimos porcentajes electorales al estar negada la segunda vuelta; y las altísimas trabas para la fiscalización y revocatoria de las autoridades locales, que al nacer con debilidad y ante una centralismo que los agota, rápidamente perdieron legitimidad. Esa situación se complica y se torna más grave si una buena parte de ellas están acusadas de problemas de corrupción, como es el caso del propio Presidente de la Región Puno, David Jiménez.
Esta rebelión del pueblo de pueblo de El Collao, través del Frente Único de Defensa de los Intereses de Ilave, conducido por Valentín Ramírez Chino, que aglutina a organizaciones de barrio, de usuarios de servicios y Comunidades Campesinas, se da en un momento en que en otros ámbitos de la sierra y de la selva, se producen también movimientos agrarios, campesinos y reivindicativos. Entre ellos destaca la huelga indefinida y marcha a Lima de los productores de la hoja de coca, la lucha de las Comunidades y Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca (Piura) y San Ignacio (Cajamarca) contra la Empresa Minera Majaz, el paro de la Sociedad Nacional de Vicuña, el paro minero y la lucha de los trabajadores de la salud. Al igual que en Puno, también en el país, los pueblos del Perú profundo levantan su voz y exigen solución a sus demandas.
Desde esta lectura, afirmamos que este conjunto de factores nos indica que la tendencia es que la crisis de gobernabilidad de las alturas y del gobierno central, se está trasladando, a veces con una velocidad inusitada, a los escenarios regionales y locales. Y no sería nada raro que, pretendiendo tapar el sol con un dedo, quiera ser presentada apenas como una crisis de gabinete, ante el clamor de la renuncia del Premier Carlos Ferrero, del Ministro de Economía, del Ministro del Interior y de Energía y Minas.
Pero la realidad es más contundente que estos deseos, porque el país ha entrado a un real cuadro de desgobierno; situación que se complejiza si tomamos en consideración, que Puno, cuenta con un gobierno y presidente regional inepto, autoritario, que no tiene una propuesta de desarrollo regional y agrario que exprese las demandas de la sociedad regional, y que actualmente está jaqueado por un pueblo que se ha levantado en lucha contra la corrupción en la que él está envuelto.
Ante esta delicada situación que vive el país y la región de Puno, la FDCP, base de nuestra gloriosa CCP, está también luchando contra la corrupción y por una regionalización auténtica; y seguirá buscando canalizar estas luchas con propuestas y fuerza organizativa que den curso a un movimiento regional, que supere la disgregación y el localismo, para contribuir a una salida democrática que dé curso a un nuevo gobierno nacional y regional, desarrollando la vocación de gobierno y poder del movimiento campesino y del pueblo puneño. Este es el reto en que hoy está abocado el movimiento campesino puneño.
Desde esta orientación, consideramos que la primera tarea del momento actual en la región de Puno, es resolver el vacío de autoridad que se ha producido en la provincia de El Collao, convocando a nuevas elecciones, con una normatividad que permita elegir un gobierno local con estabilidad, con los recursos económicos necesarios y que le permitan desarrollar una propuesta de desarrollo local con visión regional y nacional y con democracia participativa. Mientras tanto debe instalarse un gobierno transitorio, que dirija el municipio con transparencia, participación y vigilancia ciudadana.
RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA PARA ENTENDER EL PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS.
Los acontecimientos ocurridos en la provincia de El Collao, más allá de la coyuntura política y social que vive Puno y el país, debe leerse también con una visión de conciencia histórica, cuya recuperación nos permitirá abordar con éxito al pensamiento reduccionista neoliberal y otros fundamentalismos, que no respetan lo diverso del accionar cultural de la humanidad; y que pretenden bloquear la memoria histórica de nuestros pueblos, de la región y el país, así como de los procesos políticos, económicos, sociales que hemos vivido en los últimos siglos.
Alberto Flores Galindo, en su magistral obra “Buscando un Inca” ya lo señalaba, al afirmar que los pueblos del sur andino, entre ellos Puno, casi permanentemente a lo largo de la historia, generaron movimientos sociales y políticos que tradicionalmente buscaron romper con el orden establecido, lo que al mismo tiempo constituía siempre un nuevo comienzo (de negociación) con el Estado central.
En ese sentido, hay que recordar que en el siglo XVIII, la región altiplánica fue escenario de la rebelión de Pedro Luis Vilcapaza (azangarino y quechua) en alianza con Túpac Katari (aymara boliviano) que fueron parte de la rebelión de Túpac Amaru II. En el siglo XIX, dentro de una política de integración respetando las identidades nacionales, los pueblos del sur propusieron y lucharon por la Confederación Peruano-Boliviana. En el siglo XX, en sus primeras décadas, Azángaro, fue escenario de la rebelión del coronel Rumi Maqui, contra el abandono del poder central; y en 1,923, Huancané, fue escenario de la gran rebelión campesina liderado por Saturnino Paco en defensa de las tierras de las comunidades campesinas, que en ese entonces fueron despojadas por los gamonales de la región.
Más recientemente, en las décadas de los 50s y 60s, con motivo de la crisis de los precios internacionales de lana de ovino y bajo la influencia de la revolución agraria de Bolivia de 1952, las comunidades de la zona norte y central de Puno, se movilizaron y reclamaron la reforma agraria, bandera que se extendió hasta la década de los 70s. En los 80, el movimiento campesino puneño, realiza una de las más grandes gestas de su historia, al recuperar más de 1 millón de hectáreas de tierras para las comunidades campesinas, de los improductivos y abusivos monopolios que se llamaron SAIS, CAPs y ERPS.
Pero en esta misma década, el movimiento campesino puneño, conducido por la FDCP, desarrollando la organización y la fortaleza de la comunidad campesina, se constituyó en la principal fuerza democratizadora de los espacios locales y regional; y logra evitar, en medio de los fuegos cruzados de la contrainsurgencia estatal y del terrorismo senderista, que Puno se convierta en un segundo Ayacucho, levantando la orientación de la vía campesina comunera.
En la aciaga década de los 90s, cuando se aplica a fondo la actual política económica neoliberal y centralista, el movimiento campesino y regional se desarticula; sin embargo a fines de la misma década se inicia un proceso de recuperación, que permitió participar en los movimientos que derrotaron la dictadura fujimontecinista, como fue el exitoso paro de la FDCP del 30 de junio de 1997 y la participación en la Marcha de los 4 Suyos, movilización que abrió la actual transición democrática.
Es en estos intensos procesos históricos, que se han generado los nuevos perfiles y las demandas políticas, económicas, sociales y culturales de los pueblos de Puno; ajenas de aquellas concepciones y posiciones étnico-fundamentalistas, que tratan de desvirtuar los verdaderos contenidos de las propuestas del actual movimiento campesino y regional. Desde el año 2001, y con mayor intensidad en el 2003, el movimiento campesino y regional se movilizó. En mayo de ese mismo año, el pueblo de Puno, a raíz de la muerte de un estudiante, Edy Quilca Cruz, con grandes movilizaciones contribuyó de manera contundente a la derrota del Estado de Emergencia, que quiso imponer el gobierno de Toledo.
Meses más tarde conducido por la FDCP, el movimiento campesino realizó también paros regionales como el del 11 de agosto, y luego acató el paro convocado por el CUNGA, el 25 y 26 de setiembre del 2003. En todas estas manifestaciones hizo entrega de sus demandas y propuestas al gobierno nacional y regional y sólo tuvieron como respuesta, el silencio y la marginación. El 22 de enero del 2004, se realizó un Paro regional en la que participo la FDCP, para exigir la inmediata renuncia del Presidente regional David Jiménez, por estar envuelto en procesos de corrupción.
EL PAÍS Y LOS PUEBLOS DEL INTERIOR CENSURAN AL GOBIERNO Y A LOS PARTIDOS DE LA DERECHA Y CENTRO DERECHA
No podemos dejar de señalar, que ante estos acontecimientos, la reacción que han tenido los partidos de derecha y centro derecha, como Unidad Nacional, APRA y Perú Posible, los llamados poderes fácticos y los principales medios de comunicación. Todos ellos, con distintos matices, sostienen que frente a los hechos de Ilave, la salida no es buscar el imperio de la justicia sino restablecer a cualquier precio el “orden”.
El gobierno y en particular el presidente Toledo, no salieron a dar una explicación al país sobre los graves sucesos de Ilave; y pretendieron reducirlo a un problema policial y lo encargaron al ministro del Interior, sin entender que los hechos de Ilave estaban directamente relacionados con sus políticas nacionales. Es esta conducta del gobierno y de los partidos tradiciones, la que explica en gran parte, por qué el país vive la crisis política que hemos reseñado.
Creyendo que así se solucionaba el conflicto y haciendo gala del oportunismo inaudito que caracteriza al APRA, UN y otras fuerza de derecha, en el Congreso de la República – calificado por la opinión pública como una de las peores instituciones del Estado- procedieron a la censura del Ministro del Interior, por no haber impuesto a “sangre y fuego” el “orden” en ILAVE.
Distinta a esta conducta reaccionaria es la censura que desde las calles y desde las fuerzas que estamos comprometidas con el cambio, censuramos a un Ministro, que durante 25 días fue incapaz de buscar una solución política de alto nivel para atender las demandas de este pueblo y asumió toda la indolencia del gobierno; gobierno siempre solícito a atender y resolver los intereses de las transnacionales y de los grandes empresarios; y postergar las demandas de los pueblos del interior del país. Por ello, la censura al Ministro del Interior es insuficiente, porque el pueblo en sus luchas y opiniones censura todos los días al gobierno de Toledo y a la mayoría de este mediocre Parlamento.
NUESTRAS ALTERNATIVAS
Además de la necesaria investigación que determine las responsabilidades de lo ocurrido en Ilave, la CCP plantea resolver los problemas de fondo del pueblo puneño y peruano que son la exclusión política y económica y la pobreza. Para ello plantea:
Una Asamblea Constituyente que dote al país de un nuevo régimen político con democracia participativa, que restituyan los derechos económicos, sociales y culturales; que revalore a la comunidad campesina; y permitan elegir un nuevo gobierno nacional, para canalizar la voluntad de cambio que los pueblos exigen.
Una nueva política económica capaz de atender las demandas del pueblo peruano y de dotar de los recursos necesarios a los gobiernos regionales y municipios. Ello implica, una verdadera reforma tributaria que corte los privilegios de las grandes empresas, que aplique las regalías mineras, así como producir la inmediata renegociación de la deuda externa, que consume el 25% del presupuesto nacional. Asimismo, la formulación de un nuevo presupuesto general descentralizado, que incremente la inversión pública hasta el nivel del 6% del PBI, de la cual, más de la mitad esté dirigida al agro.
Políticas sectoriales para el agro que genere un entorno favorable para dar solución a la crisis que atraviesa, con políticas diferenciadas para el desarrollo de la pequeña producción y las comunidades campesinas. Ello debe expresarse en precios justos con mecanismos de garantía, la transformación de Agrobanco en banca de fomento y políticas que impulsen un comercio justo. Todas ellas, con la finalidad de fortalecer y construir mercados locales y regionales, defendiendo la producción nacional ante la invasión de alimentos importados que vienen con precios baratos y subsidiados.
Desarrollo Rural respetando la diversidad cultural de nuestros pueblos, con políticas públicas de educación, salud y vivienda que estén acordes a nuestros valores culturales; así como la electrificación rural y medios de transporte que además de enlazar a nuestros pueblos, faciliten la integración con los pueblos del área andina y del mundo.
Descentralización con democracia participativa, lo que implica hacer los cambios de la normatividad que ha regido este proceso, para garantizar gobiernos estables que sean capaces de formular propuestas de desarrollo regional, como parte de la construcción de la nación peruana. En este sentido, se debe dotar de los recursos necesarios para atender las necesidades de educación, salud y otros servicios básicos.
Integración regional andina, como parte de los procesos de integración de los pueblos de América Latina y el mundo, orientados por el objetivo de que otra agricultura, otra América y otro mundo son posibles. En ese sentido, la CCP sostiene que debemos generar una alternativa al TLC que se pretende firmar con el gobierno de los EE.UU., tratado en el cual mucho tenemos que perder, poco o casi nada que ganar, como lo demuestra la experiencia del TLCAN con México y las políticas de la OMC, que sufrimos desde 1995. La CCP, plantea un referéndum para enfrentar a un TLC que nos quieren imponer.