Hace pocos días vi una fotografía en la portada de La República. En primer plano un policía, arma en mano y con la cara encapuchada; al fondo parte de los 10,000 manifestantes de Ilave que exigían la libertad de sus dirigentes. En el interior del diario un título “Autoridad de la Iglesia pide que no liberen a dirigentes” y un subtítulo “Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana llama a defender la democracia”. Esto quiere decir que el policía encapuchado de la portada y su arma defienden la “democracia” y los 10,000 manifestantes atentan contra ella.
¿Quiénes son los presos? Cuatro regidores que estaban contra la corrupción, un periodista radial que hablaba contra la corrupción (hay otro que está fugitivo) y un ciudadano más. El gobierno ha ordenado el cierre de dos radioemisoras, Radio San Miguel y Radio Armonía que estaban contra la corrupción, las otras se han cerrado voluntariamente por terror a la indignada población.
Así se entiende la democracia en el Perú. Cada día lo constato en el distrito de Huayopata con su capital Huyro. Hay una serie de ex-dirigentes corruptos de la cooperativa Té Huyro que se enriquecieron con el hambre del campesinado tealero, ninguno de ellos ha estado detenido por un minuto. Raymundo Figueroa, elegido democráticamente para erradicar la corrupción, que dirige asambleas multitudinarias semanales donde da cuenta detallada de su gestión, fue encarcelado acusado de “robo” del té de los campesinos que ellos le autorizaron a vender; otras acusaciones fueron por robo de un maletín y maltratos físicos y secuestro de una persona, naturalmente delitos imaginarios.
Hubiese estado encarcelado durante diez años, afortunadamente el campesinado de Huayopata entró masivamente a la capital de la provincia y obligó a la liberación de Raymundo y de una compañera, consecuente luchadora anti-corrupción. Hay infinidad de procesos judiciales contra los campesinos que combaten la corrupción, quienes tienen que ocupar su tiempo y dinero lejos de sus domicilios en la atención de esos procesos.
El último sábado se llevó a cabo en Huyro una Asamblea General Eleccionaria convocada y dirigida por los cuatro integrantes del Comité Electoral reconocido en Registros Públicos, quienes invitaron a las diversas autoridades del distrito, la provincia y el departamento y solicitaron la presencia policial para el desarrollo pacífico del evento. Sólo estuvo la policía, un fiscal tuvo una fugaz presencia, no quiso quedarse para constatar el acto democrático.
En esa elección dirigida por el cuerpo legal, el Comité Electoral en pleno, a vista de la policía, fue reelegido por abrumadora mayoría Raymundo Figueroa para presidir el Consejo de Administración transitorio. Luego se mostró a la policía cómo los ex-dirigentes corruptos, en contubernio con la empresa privada Té Herbi, están tranquilamente trabajando en la fábrica de la cooperativa, la cual según disposición judicial no puede abrirse ni por la directiva electa. La policía sólo mira eso, no actúa, como sí lo haría violentamente si los dueños de la fábrica la abrieran.
A principios de semana una paciente campesina, Felicitas Lucana, fue llevada al hospital de la capital de provincia, Quillabamba; el director del hospital, Dr. Ronald Baca, preguntó si el esposo, Faustino Mayta, Secretario General de su sindicato, era “raymundista” o no. Cuando se enteró de que era “raymundista” ordenó que el campesino pagara las costosas medicinas. El campesinado de la zona, por disposición judicial, no puede vender su té elaborado, no puede usar su propia fábrica para elaborar té; está, literalmente, muriendo de hambre, no tiene defensas orgánicas, por eso cualquier enfermedad, lo mata.
Nada de eso le importó al Dr. Baca. No quiso que la compañera se opere en Quillabamba y puso obstáculos que retardaron decisivamente la intervención quirúrgica en la ciudad del Cusco; como consecuencia de la demora, a los dos días la compañera Felicitas murió; acabo de hablar con el compañero Faustino, me dice que los compañeros quieren que los restos de Felicitas retornen a Huayopata, además afirma decididamente que ahora duplicará sus fuerzas en la lucha contra la corrupción; probablemente el mismo sentimiento embarga a los compañeros que esperan los restos de Felicitas. Como vemos, el Dr. Ronald Baca tuvo éxito en su “defensa de la democracia”. Desgraciadamente Huayopata y el Perú no son la excepción.
Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional reconocen como Derechos Humanos el derecho a la alimentación y a la salud. En el Perú, 490 mil niños menores de dos años padecen desnutrición crónica, informó el representante en esta nación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Andrés Franco.
La desnutrición llegó al 35,5 % de la población en el cuarto trimestre del 2003, indican los resultados de una investigación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
En septiembre pasado, el INEI reportó que el 54.3% de la población se encontraba en situación de pobreza y el 23%, en extrema pobreza. El gobierno de Alejandro Toledo, con 7% de popularidad, por órdenes de Bush, sin ningún rubor, acusó a Cuba, el único país de América Latina donde no existen niños de la calle, de atropellar los Derechos Humanos.
Al gobierno de Venezuela, que goza del apoyo de la mayoría de su pueblo, entre otras cosas porque impulsa una exitosa lucha contra el analfabetismo y por la salud de la población con colaboración de Cuba, los “medios de comunicación serios” alrededor del mundo, le acusan de antidemocrático.
Por último, el gobierno de Bush invade Irak, masacra a su población, somete a vejámenes a los prisioneros y mata a los “enemigos de la democracia” que quieren elegir democráticamente un gobierno. Todo esto, según dice, es “para enseñar la democracia a los árabes”. ¿Será por estas cosas que Eduardo Galeano dice que el mundo está patas arriba?