La grave situación que atraviesa el país, no es sino la expresión extrema a la que nos ha conducido la aplicación de políticas que no sólo han fracasado sino que están llevando al país a un peligroso y explosivo callejón sin salida. Ilave es apenas la muestra de lo que se viene; pero es también la prueba manifiesta e indiscutible de la incapacidad del sistema y régimen políticos vigentes para resolver los problemas del país.
El cuadro de ingobernabilidad neoliberal no sólo se acelera sino que se ha trasladado con inusitada velocidad a los escenarios regionales y locales. No es exagerado afirmar que en el Perú no hay uno sino muchos “Ilaves” en curso. Sólo la miopía y el cinismo de los poderes oficiales no quieren ver esta realidad. La terca implementación de la política económica neoliberal, acompañada de un centralismo que asfixia cualquier posibilidad de democratizar el poder y darles protagonismo a los pueblos del Perú Profundo, es lo que explica el actual cuadro político del país, tal como lo demuestra la irrefutable realidad.
Tenemos en curso un proceso de descentralización, que ha dado como resultado gobiernos regionales que han sido condenados al fracaso, a la sobrevivencia, sin recursos y carentes de liderazgo para resolver las necesidades de sus pueblos; y en su gran mayoría envueltos en una creciente y sistemática corrupción.
Mientras tanto, el presupuesto general de la República prioriza el pago de la deuda externa en detrimento de una mayor inversión social y productiva; se mantiene inalterables los privilegios de las grandes empresas transnacionales, y exigen todavía más, al punto que se niegan a pagar el 30% de regalías a la producción minera. Además, que no pagan impuestos al Estado, violan los más elementales derechos sociales de los trabajadores, destruyen y depredan los recursos naturales; y en el colmo de esto, el Premier Carlos Ferrero anunció el pasado 4 de marzo, el despojo de las tierras de las comunidades campesinas porque dicen que los campesinos no son peruanos.
En lo que se refiere a la situación del agro y las comunidades campesinas, ya hemos sido reiterativos y lo podemos resumir en pocas palabras: abandono y exclusión total; todo lo cual se traduce en mayor pobreza y miseria del campesinado y los pequeños productores agropecuarios. Y sobre ello, existe la amenaza de un Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Estados Unidos, que terminará por destruir lo poco que queda de producción agropecuaria nacional, pues se incrementarán aún más las importaciones de alimentos.
Es toda esta situación la que explica la presencia de un movimiento social que no sólo incrementa sus luchas sino que contiene aspectos de alta explosividad social y política, que es alimentada por la incapacidad del régimen para atender sus demandas. Si bien Ilave es el caso más paradigmático, muchos otros conflictos están en curso.
El pueblo de Loreto, que lucha por preservar sus bosques y más presupuesto; la huelga de los productores de las cuencas cocaleras y su permanencia en Lima tras una larga marcha de sacrificio; las comunidades campesinas de Ayabaca, Huancabamba (Piura) y las de San Ignacio (Cajamarca), que se resisten a ser devoradas por la minería. La irreductible lucha de los despedidos de la dictadura fujimorista por lograr su reposición, la huelga de los trabajadores de la salud, las acciones de los estudiantes universitarios en Lima; así como la constante movilización de las centrales sindicales como la CGTP y la CUT, que exigen una nueva Ley General del Trabajo y nueva política económica, reflejan la situación del movimiento social.
Y frente a este cuadro, hay un gobierno en estado de descomposición y a punto de desplomarse en medio de que para mantenerse hasta el 2006, entrega la conducción de la política económica a los poderes neoliberales; así como está envuelto en crecientes indicios de corrupción. Es decir, Toledo continúa entregando la economía a la voracidad de las transnacionales y los llamados poderes fácticos neoliberales, mientras desecha las justas demandas del movimiento social, de los trabajadores y de los pueblos del interior.
Por todo ello, este gobierno y el propio Presidente Alejandro Toledo constituyen la traba principal para una nueva gobernabilidad y para continuar profundizando la transición democrática. Es decir, el gobierno de Toledo se agotó, acabó su ciclo y por lo tanto debe irse. Pero debe irse también este Congreso mediocre, cuyas fuerzas principales como las del APRA y Unidad Nacional, a través de pactos silenciosos, sutiles y por debajo de la mesa, pretenden mantener a Toledo hasta el 2006.
En ese sentido, la CCP reafirma su posición de que el país no sólo demanda que se vaya Toledo, sino que se requiere un gobierno transitorio que adelante las elecciones y convoque a un Congreso Constituyente para establecer en el país un nuevo régimen político que contribuya a resolver los graves problemas de la población, empezando por el cambio de la política económica y dotando al país de una políticas diferenciadas para la pequeña agricultura y las comunidades campesinas; demandas que Toledo no ha querido resolver. Por ello, reiteramos una vez más: Señor Toledo, por su incapacidad y por su obsecuencia al neoliberalismo, debe irse a su casa.