Mientras el gobierno peruano continúa dando carta blanca a las empresas mineras transnacionales para que sigan depredando los recursos naturales de las comunidades campesinas, hasta el propio Banco Mundial (BM), ha empezado a tomar distancia de los proyectos mineros y otros relacionados con las industrias extractivas como el petróleo y el gas.

En efecto, un reciente informe elaborado por el encargo del Banco Mundial, denominado Revisión de las Industrias Extractivas (RIE), plantea redefinir el rol que cumplen las mismas, de tal forma que contribuyan a la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Este informe, que ha sido objetado por representantes del gobierno, como el viceministro de Minas César Polo, recomienda que el BM sólo respalde financieramente los proyectos de la industria minera, de petróleo y del gas sólo si contribuyen a disminuir la pobreza de las poblaciones donde ejecuten sus operaciones.

Mientras tanto, las comunidades campesinas afectadas por la minería y las organizaciones gremiales campesinas, ya han expresado su respaldo a este informe del BM. En ese sentido, vienen exigiendo que el gobierno peruano reoriente sus políticas de apoyo a las llamadas industrias extractivas e implemente las conclusiones y recomendaciones del informe RIE.

Hay que remarcar que muchas de estas recomendaciones se fundamentan en los derechos internacionalmente reconocidos, como el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades y poblaciones donde se encuentran los yacimientos mineros, petroleros y de gas natural. Este derecho no les corresponde a los gobiernos ni a las empresas mineras para que puedan disponer libremente de estos recursos, sostienen las organizaciones campesinas afectadas por la minería.

Hay que remarcar que los flujos de inversión extranjera en la minería continúan representando un limitado aporte para el desarrollo local y menos todavía han aliviado la pobreza. A ello, hay que agregar que el 88 por ciento de las poblaciones en zonas de influencia de la minería se ubican en estratos de extrema pobreza, muy pobres o pobres, según las propias estadísticas de Foncodes.

Por otro lado, con relación a la tributación de estas empresas, la misma Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), ha señalado que la participación del sector minero en la recaudación del IGV no supera el 1.2 por ciento; y en la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) es de aproximadamente el 10 por ciento, con lo cual su participación relativa en le total de tributos internos no supera el 2 por ciento. Este bajo porcentaje de aporte al IR se debe sobre todo a los llamados contratos de estabilidad tributaria que benefician a las empresas mineras.

En lo que se refiere a materia ambiental, hay que mencionar que el gobierno peruano ha demostrado tener una real capacidad y mucho menos voluntad de fiscalización de la actividad minera; y que parte del problema es la inexistencia de una agencia ambiental independiente del ministerio de Energía y Minas, fiscalice las inversiones mineras.

Por todas estas razones, es importante destacar el informe del Banco Mundial, como un avance para lograr que las actividades extractivas, como las mineras y petroleras, respeten los derechos de las poblaciones sobre todo de las comunidades campesinas y se preserven los recursos naturales. Por lo tanto, es necesario llevar adelante acciones de incidencia y presión social para que el gobierno peruano exija el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Banco Mundial.