Por décadas el agro ha padecido de políticas gubernamentales que favorecieron la masiva entrada de importaciones de alimentos, combinada con la aplicación de programas mal diseñados y peor ejecutados de “promoción a agro”resultando en la persistente crisis del sector: en los últimos 20 años la participación del agro en el PBI cayó a la mitad, hasta alrededor del 7%. El agro enfrenta una aguda falta de recursos de todo tipo, escaso financiamiento, deficiente apoyo estatal, y creciente competencia foránea –a menudo deslealmente subsidiada- todo lo cual ha contribuido a mantener al campo en la pobreza y el atraso. Hay un doloroso costo humano en este abandono: el ingreso per cápita rural apenas llega a 150 soles mensuales, y según la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2002 el 77% de la población rural podía calificarse como pobre, y un 50% como pobre extremo, incapaz de proveer a sus necesidades más elementales.
¿Qué hacer ante la crisis del agro, cómo encarar sus temas prioritarios? ¿Cómo desarrollar una autentica política agraria? ¿Cómo lograr consenso en áreas claves –como comercio internacional, lucha contra las drogas y desarrollo sostenible, tributación, etc.- sobre los que establecer lineamientos de largo plazo? La actual situación del sector exige un amplio debate sobre su manejo actual y futuro con participación de todos los sectores que se sientan llamados a aportar.
Una legitima política agraria debe reconocer la naturaleza dual del sector, donde coexisten un sector minoritario moderno -agroindustrial y exportador, intensivo en capital e insumos- y un extenso sector tradicional -minifundista, intensivo en mano de obra, dedicado al abastecimiento interno- y que esta dualidad exige establecer programas que fomenten a ambos sectores, bajo un esquema de inclusión y equidad. No se puede seguir discriminando la agricultura tradicional y concentrando beneficios en el sector agro exportador moderno, pues el desarrollo y prosperidad de ambos sectores -moderno y tradicional- son necesarios para el crecimiento del país.
La solución a los problemas del pequeño agricultor tradicional no puede ser su liquidación, sacrificándolo para beneficio del sector moderno. Urgen políticas de capacitación y promoción que desarrollen las ventajas con que cuentan los minifundios frente a la gran explotación agrícola, en producción intensiva en mano de obra, biodiversidad, cultivos orgánicos, preservación de especies tradicionales raras.
Esto debe acompañarse con estructuras de apoyo técnico, financiero, y comercial, para que los pequeños productores puedan fortalecer y desarrollar esquemas asociativos de producción y comercialización –tanto tradicionales como nuevos- para competir en los mercados en mejores condiciones. Por otro lado, el proceso de titulizacion de tierras debe repotenciarse, pero por sobre todo, debe exigirse al Gobierno y a la bancada oficialista que no releguen por más tiempo la aprobación del Proyecto de Ley que otorgará seguridad jurídica a millones de campesinos beneficiados por la reforma agraria.
Tema clave es el financiamiento. Las idas y venidas sobre el Agrobanco no pueden continuar. Gobierno y sectores políticos deben comprometerse a fortalecer el Banco a largo plazo, su estructura debe modificarse para que no sólo opere como banca de segundo piso y también atienda directamente –quizás asociado al Banco de la Nación, Cajas Rurales, y ONGs- con un esquema descentralizado llevando el financiamiento a los productores más necesitados. A ello, deben sumarse mecanismos de control y monitoreo administrativo y ciudadano que garanticen un manejo imparcial y eficiente del Banco.
En lo comercial, requerimos una estrategia clara de defensa del agro ante las distorsiones producidas por la competencia de los países desarrollados. Un punto crucial para la negociación del TLC con EE.UU. –que da enormes subsidios agrícolas y según la OCDE es responsable del 97% de las distorsiones en el comercio mundial de alimentos- pues Washington considera que los subsidios agrícolas son tema no negociable. Ante esta actitud prepotente, tenemos que mantener una postura firme de defensa del agro, exigiendo equidad en el comercio mundial. Paralelo a ello esta el problema de la coca: el productor cocalero no debe ser visto como un criminal, sino protegido y apoyado para que acceda a medios de vida legales y sostenibles.
Los temas planteados, están lejos de agotar la problemática agraria. Esta exige un compromiso nacional sobre las políticas y medidas que deben de adoptarse a fin de que el sector reverdezca. Debemos exigir al Gobierno convocar un debate multisectorial para elaborar una estrategia de desarrollo agrario, consensual y legitima. El agro ya ha padecido de muchos años de abandono.