La grave situación política que atraviesa el país no es sino la expresión acumulada de una crisis mayor que arrastra cuestiones de fondo y que explican el entrampamiento de un proceso de transición democrática que enrumbó por caminos erráticos; a las que se han sumado un conjunto de desaciertos que han tenido como protagonistas al propio presidente Alejandro Toledo, su descompuesto partido y su precaria alianza con el FIM de Fernando Olivera.

Como ya lo hemos señalado anteriormente, la transición democrática entró en crisis y se estancó desde el momento que el presidente decidió ignorar la voluntad de cambio que exigían los sectores sociales y populares que lo llevaron al poder. Mantener una política económica neoliberal que en poco se diferenciaba con el fujimorismo ha sido suicida para el régimen. Persistir en un modelo que sólo beneficia a las transnacionales y los grupos económicos y financieros, ha llevado al gobierno a un aislamiento con el movimiento social, a una crisis total con la base social que lo eligió, pues lo tímidos afeites al mismo no han significado alguna mejorar para la vida de las mayorías.

En realidad la crisis que atravesamos no es de hoy. Recordemos la caída del Premier Luis Solari y su reemplazo por Beatriz Merino, quien también cayó a fines del año pasado, por acusaciones de nepotismo. Sumemos a ello el caso de Raúl Diez Canseco, la salida del ministro de trabajo Jesús Alvarado, la caída de la ministra de la mujer Nidia Puelles a cuatro días de asumir el cargo, y lo último, el escándalo del ex jefe de los servicios de inteligencia, abogado y hombre de confianza de Toledo, César Almeida -hoy encarcelado- vinculado con la mafia fujimontesinista. Todos por denuncias de corrupción y miembros de Perú Posible, un partido en franco proceso de descomposición que se ha convertido en uno de los factores que ha contribuido también a agravar el escenario de crisis.

Hay sin embargo otros factores que han contribuido a agravar la crisis. La sensación creciente en la ciudadanía de que este régimen no es ajeno a la corrupción y un ineficaz poder judicial incapaz de juzgar y sancionar a los corruptos; la derecha neoliberal que le hace el juego a la mafia; y el Partido Aprista con su vieja política de dos cañones, ligado a la corrupción y con una pésima gestión al frente de los gobiernos regionales. Y la mafia sacando provecho de todo esto para tratar de reorganizarse, aunque con escasa viabilidad política.

De otro la lado, la presencia de un movimiento social que no renuncia a exigir y luchar en las calles por sus justos derechos; aunque con escasa centralización y carente aún de una alternativa política y organizativa que le permita incidir, en medio de la crisis, hacia la profundización de la transición democrática

La caída del presidente Toledo y la profundización de la crisis, es hoy por hoy una posibilidad vigente. El cambio de la mitad de rostros en el nuevo gabinete, manteniendo a Carlos Ferrero al frente del mismo y la provocadora presencia de Pedro Pablo Kuczynski en la cartera de Economía y Finanzas –que ya anunció que retomará el camino de las privatizaciones y concesiones- son una expresión de que el Presidente Toledo no ha aquilatado la gravedad de la crisis.

Por eso opta por cambios epidérmicos y cosméticos; afiata su relación con los poderes económicos permitiéndoles continuar con el negocio neoliberal a cambio de sostenerse aunque de manera precaria hasta el 2006. Todo ello no es garantía de estabilidad o gobernabilidad y conllevan el riesgo de una nueva crisis, pues no van al fondo del problema. Y el fondo de la cuestión nos dice que el país tiene necesidad de un norte claro y alternativo frente a un sistema que ni funciona ni representa las aspiraciones de las grandes mayorías de los peruanos.

Si consideramos que no es solo el gobierno el que está crisis y que ésta abarca a los partidos políticos, al Congreso y al Poder Judicial, tenemos que convenir que lo que se requiere es un cambio de régimen político. Por tanto es necesario tomar en cuenta las demandas de los sectores sociales a los que los partidos hace rato dejaron de representar y que vienen exigiendo el cambio de la política económica, reforma tributaria y la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual implica apuntar a cambios estructurales del Estado orientados a construir una nueva República.

Una democracia que vaya de lo formal o representativa hacia la democracia participativa, la revocatoria a todo nivel de las autoridades, modificar el sistema presidencialista actual, fortalecer el proceso de descentralización con recursos para las regiones, la cuestión del régimen económico y el nuevo rol del Estado en la economía, la defensa de sectores claves como la agricultura, la educación y la salud, entre otros aspectos, pasan por el debate de una nueva Constitución Política; que por cierto, reemplace al actual mamotreto constitucional que fue hecho a la medida del la cleptocracia fujimontesinista.

De manera, que como lo han sostenido representantes de los sectores sociales y movimientos gremiales, la crisis actual no se resuelve sólo con un nuevo gabinete u otros gobiernos que actúen dentro los parámetros en que se ha venido moviendo el régimen toledista. La convocatoria a una Asamblea Constituyente y acciones concretas como el cambio de la política económica, se han convertido en un clamor que la clase política tradicional tiene que escuchar, pues de lo contrario corremos el riesgo de una salida caótica a la crisis en la que cualquier aventurero puede erigirse como el nuevo mesías, tal como ocurrió con Fujimori en 1990.

Frente a esta situación de disputa de hacia donde va el la transición democrática, al movimiento campesino le corresponde afiatar las fuerzas del CUNGA, su alianza con la CGTP y los frentes regionales y acelerar los trabajos políticos y organizativos para construir su propia alternativa política para profundizar la transición democrática y abrir la transición económica.