Las organizaciones firmantes nos dirigimos a la opinión pública, autoridades políticas y, en especial, a los miembros del Tribunal Constitucional para expresarles lo siguiente:

1.- El 22 de julio de 2007, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le otorgó el Congreso para abordar el problema de la inseguridad ciudadana, aprobó los Decretos Legislativos 982, 983, 988, 989 excediendo las facultades que le otorgó el Congreso.

2.- Estos Decretos Legislativos sobrepenalizan y convierten en ilegales las acciones de protesta social que las organizaciones sociales y ciudadanía asumen para defender y exigir el cumplimiento de sus derechos y exigiendo una solución a sus justas demandas.

3.- Consideramos que los artículos 1 y 2 del DL 982, los artículos 1, 2 y 3 del DL 983, el artículo único del DL 988 y el artículo 1 del DL 989 son inconstitucionales porque violan los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, reunión, el derecho a huelga y el derecho a la protección judicial.

4.- El 12 de mayo, con el respaldo de 5,393 ciudadanos y ciudadanas de todo el país, presentamos una Acción de Inconstitucionalidad pidiendo que el TC declare inconstitucional esos artículos de los decretos legislativos cuestionados. Sin embargo, a la fecha no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud.

5.- De esta misma opinión es la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República quien aprobó, por mayoría, el mes de junio, la derogatoria de los Decretos Legislativos 982, 983 y 989 y elevarlo al pleno del Congreso.

6.- Sin embargo, al cumplirse más de 3 meses de la presentación de la demanda al Tribunal Constitucional, éste ni siquiera la ha admitido pese a que según el artículo 103 del Código Procesal Constitucional, este organismo debe resolver la “admisión” en un plazo no mayor a los 10 días.

7.- Esta situación nos genera honda preocupación por el hecho que se vienen produciendo cada vez más detenciones arbitrarias de manifestantes; se abren procesos a dirigentes sociales por supuestos delitos; se busca obtener impunidad a través de procesos judiciales como es el caso del estudiante puneño asesinado Jhony Quilca Cruz; se realizan campañas de estigmatización contra los grupos sociales de oposición; y se práctica una represión selectiva que evidencia el proceso creciente de criminalización de la protesta social y su consecuente violación a los derechos humanos.

8.- Por todo ello, con la finalidad de consolidar el proceso democrático y garantizar el respeto de los derechos fundamentales, invocamos, exigimos al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda y declare a la brevedad posible la inconstitucionalidad de los mencionados decretos y al gobierno que cese la persecución y encarcelamiento de quienes hoy son juzgados por pensar distinto a nuestros gobernantes.

9.- Nuestro pedido es también al Congreso de la República, para que tome cartas en el asunto y haciendo uso de sus facultades derogue esas normas atentatorias contra los derechos de todos y cada uno de los peruanos.

10.- Llamamos a la ciudadanía en general para que se mantenga alerta y no permita se cometan más abusos bajo el amparo de esos ilegales decretos.

Lima, 14 de agosto de 2008

 Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH

 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería, CONACAMI

 Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP

 Confederación Nacional Agraria, CNA

 Confederación Campesina del Perú, CCP

 Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT

 Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

 Consejo Nacional de Autoempleados y Microempresarios del Perú, CONAEM-PERU.

 Federación Nacional de Mujeres Campesina Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINA

 Programa Democracia y Transformación Global

 Integración Estudiantil

 Coordinadora contra la Impunidad

 Asociación Nacional de Maestros Bilingües Interculturales, ANAMEBI

 Central Única de Rondas Campesinas, CUNARC

 Asociación Nacional de Empresas Comunales, ANECOMSA

 Consejo de Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho, COPUCNA

 Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA