El gabinete Del Castillo ha tocado fondo. Hijo natural de la alianza del alanismo con el fujimorismo, UN y la derecha económica más poderosa (mineros y banqueros predominantemente extranjeros), entregó la conducción de la economía a esta y asumió el compromiso de defender el status quo, el camino neoliberal inaugurado en 1990 y trancar los cambios que el Perú necesita. Se ha revelado incompetente para encarar los problemas del país, justamente cuando la economía crece más, hay más recursos y se podría promover un proyecto nacional soberano de desarrollo y redistribución de la riqueza. Se ha evidenciado incapaz de reducir drásticamente las brechas sociales entre los insultantemente ricos y los miserablemente pobres; inoperante en atender prioritariamente al agro abandonado y crispado; ineficaz en relanzar una educación y salud públicas agonizantes. Ha resultado inútil en frenar la inflación y defender la economía de los más pobres frente a una inflación que -precisamente para los desposeídos- va acercándose a los dos dígitos.
La improvisación de políticas estatales y la falta de proyecto nacional se hacen cada vez más obvias. La política agraria, entregada a un banquero ligado a los agroexportadores y prestamistas, es un fracaso: Sierra Exportadora agoniza, los precios de los fertilizantes se disparan, el crédito escasea y los remates de tierras aumentan, las comunidades sienten amenazadas sus tierras y la defensa del agua como bien público y no privatizable mueve a la gente. Los paros agrarios se multiplican y el malestar crece, como lo expresan los movimientos sociales del 18 y 19 de febrero y el paro de Ayacucho. El 17 y 18 de marzo viene un paro amazónico contra la política alanista de vender lotes de decenas de miles de hectáreas a grandes capitales y poner en peligro esta región natural de gran potencial.
La salud pública nunca estuvo tan enferma: ni las ambulancias se pudieron comprar con transparencia y los trabajadores vuelven a movilizarse exigiendo se cumpla con los acuerdos suscritos e incumplidos. Las marchas y contramarchas en Educación solo muestran incoherencia y un simple afán: destruir el gremio de los maestros, sin aumentar el presupuesto ni contar con planes reales. A 10 días de las clases, es escasa la infraestructura educativa mejorada y los nombramientos de maestros no se han dado.
El ministro Chang -que ocultó haber sido del tercio inferior en la PUCP y separado de ésta luego de desaprobar 3 veces los mismos cursos- terminó retrocediendo de la irracional exigencia de nombrar solo profesores del tercio superior (sin tomar en cuenta experiencia, otras capacitaciones y habilidades pedagógicas). Y encima pretender concesionar los alrededores de los bienes arqueológicos y culturales a cadenas hoteleras extranjeras de lujo, provocando las masivas protestas del Cusco. Pero, el ministro, ¡ay!, sigue en el cargo. Alva Castro, activo impulsor de la censura a Rospigliosi ante las muertes en Arequipa, ahora como ministro del Interior carga con el escándalo de la adquisición de patrulleros y con 4 muertos que pretende negar -como en los tiempos de Mantilla- haber matado.
Pero, lo más grave es que la inicial imagen de Del Castillo como aprendiz de bombero ha mutado. Hoy expresa, cada vez más, la intransigente defensa del injusto orden actual, la criminalización de la protesta social, la decisión de ahogar en plomo los gritos por pan y justicia. Nos regresa -vía los Estados de Emergencia decretados en varias provincias, y la militarización del país- a un cuadro de confrontación ya conocido. Antes del Paro Agrario, de las muertes, de los reiterados agravios a los hombres y mujeres de las regiones movilizadas y de los maestros y de las nuevas alzas en los mercados, el gobierno rondaba el 67% de desaprobación y el Congreso el 74%. El propio Alan García superaba el 64%. Largamente, más de 2 de cada 3 peruanos estaban descontentos con su gestión. ¿Ahora en cuánto andará?
La indignación social crece. A ello contribuyen no solo las carencias de muchos en medio de la escandalosa abundancia de pocos, las ignominiosas brechas sociales, la ausencia de políticas de redistribución de la riqueza y el maltrato a los nacionales frente a los privilegios de los capitales extranjeros. Sin duda la indignación crece por el incumplimiento de los compromisos electorales y, en especial, por la reiterada agresión verbal -los insultos de García y Del Castillo a quienes reclaman- y la represión abusiva e indiscriminada. No hay duda, el país requiere un cambio de rumbo y ello implica la salida del gabinete y la alianza que lo sustenta. Quizás lo entienda mejor en el lenguaje de sus mejores amigos y socios: ¡Del Castillo, go home!
La República, 25 de Febrero de 2008