La congresista Juana Huancahuari exigió al gobierno que respete el derecho que tienen las comunidades campesinas a ser consultadas sobre la presencia de la minería en sus territorios, pues así lo reconocen no solo las leyes nacionales sino los convenios y tratados internacionales, sobre todo cuando les afectan sus derechos fundamentales.

Estos planteamientos los hizo durante su participación en el congreso de las comunidades campesinas y productores agrarios de Apurímac, que se realizó en Abancay del 21 al 23 de noviembre, en el que expuso sobre la problemática minera en la región y en el país. La parlamentaria felicitó la conformación de la nueva federación pues ello contribuirá a fortalecer al movimiento campesino y a prepararse mejor para defender sus derechos y sus recursos naturales.

Juana Huancahuari, presentó información oficial que da cuenta que en Apurímac existen en la actualidad más de 600 mil hectáreas comprometidas en concesiones mineras, algunas de las cuales ya están en exploración y explotación. “Las comunidades en su mayoría desconocen esta situación que le afecta sus derechos y el gobierno así como las empresas están en la obligación no solo de informar sobre esta situación, sino de reconocer el derecho de las comunidades para que se les consulte si aceptan esta actividad”, agregó.

La representante ayacuchana, remarcó que las leyes en las que se basa la política minera del gobierno aprista violan los derechos fundamentales y humanos de las poblaciones campesinas, que se ubican sobre todo en zonas de pobreza y extrema pobreza. “Este gobierno está profundizando las políticas mineras amparadas en el modelo neoliberal que inició Fujimori, violan leyes nacionales e internacionales y no respetan el concepto de licencia social que es potestad de las comunidades y esto no puede continuar”, enfatizó Juana Huancahuari.