El pasado domingo 28 de octubre, más de 50 policías reprimieron brutalmente a los campesinos de la comunidad de Ocobamba, distrito de Córdova, provincia de Huayatará en Huancavelica, quienes realizaban un paro indefinido exigiendo el funcionamiento de la mesa de diálogo con la empresa minera Buenaventura, instalada desde hace cuatro meses. Frente a este atropello, la Confederación Campesina del Perú, CCP, expresa su más enérgica protesta y exige a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de estos abusos.

Los dirigentes comunales han señalado que su principal exigencia es que la minera Buenaventura, que explota el yacimiento de Antapite, de propiedad de Roque Benavides, dejen fluir libremente los manantiales que los campesinos utilizan ancestralmente para sus actividad agropecuaria, y que la empresa las utiliza para procesar diariamente más de mil toneladas de material aurífero.

Los comuneros ya están cansados de los daños que la mina viene causando a su agricultura que está prácticamente colapsada; y los manantiales están prácticamente contaminados. Por ello, demandaron la instalación de la mesa de diálogo para tratar de resolver estos problemas. Ante la indiferencia de la empresa, decidieron iniciar un paro indefinido, el mismo que ha sido reprimido por la violencia policial.

Los heridos de mayor gravedad son Fortunato Marcos, Teófilo Astohuamán uy Felipe Fernández, quien han sido evacuados a la posta médica del distrito de Córdova. Frente a la gravedad de estos hechos, los comuneros han demandado el apoyo de las instituciones defensoras de los derechos humanos, y de los congresistas de Huancavelica, Ica y Ayacucho.

La CCP demanda al Congreso de la República investigar estos abusos policiales, que según los dirigentes campesinos han sido dirigidos por un oficial de apellido Dávila, a quien responsabilizan de las heridas de los campesinos producto de los disparos de balas y bombas lacrimógenas.