A casi dos semanas del terremoto que devastó Ica y golpeó severamente Huancavelica, Cañete y Ayacucho, que nos conmocionó y sacudió a todos, se abre el momento de las decisiones sobre la reconstrucción. Esto debe hacerse a la luz de los graves problemas nacionales y regionales: crisis de comunicaciones y desinformación de la magnitud de lo ocurrido; grave dificultad organizativa, presupuestal y de eficiencia del Indeci (presidido por el ex jefe de la Casa Militar del primer gobierno de García); desarticulación del Estado, sin prevención y planificación (proscrita con el fujimorismo, adorador del mercado y la sola iniciativa privada); sin presupuestos y equipos aptos para la situación; desconfianza en las autoridades, corruptelas, y escasos mecanismos de control ciudadano; la pobreza generada por una sociedad inequitativa e injusta que fomenta la informalidad, viviendas precarias, ingresos miserables y una profunda crisis de valores alentada por un individualismo extremo que –a pesar de la enorme solidaridad nacional– dio señas evidentes en la corrupción, delincuencia y vandalismo.
Ica, la región más golpeada y en la que los pobres han sufrido más, es el departamento estrella de la agroexportación y el pleno empleo, según nos han reiterado. Según cifras oficiales, casi 42% de su población vive en pobreza (con ingresos por persona de menos de S/. 191 al mes) y 8.6% en extrema pobreza (menos de S/. 103 mensuales per cápita). El 36% de los habitantes de la región no tenían agua, 54% no tenían desagüe y 29% no tenían luz, antes del terremoto. Casi 7 de cada 100 iqueños son analfabetos y –en el paraíso productivo– había un desempleo abierto de 4.9% y un subempleo de 58%, con trabajadores carentes de derechos sociales elementales, recogidos en camiones diariamente para ir a trabajar por míseros jornales. Obviamente, las viviendas y los servicios serán concordantes con esta realidad económica y social. Otra vez, el desastre o el dolor muestran la verdad. ¿Reconstruiremos esas mismas condiciones?
El gobierno ha lanzado la creación de FORSUR, entidad que estaría encargada de la reconstrucción. Los nombres planteados para integrarla evidencian que García busca entregar la conducción central de esta tarea a grupos empresariales privados. Ofrece la presidencia a Julio Favre, conocido fujimorista impulsor de virulentas campañas contra la CVR que, como su amigo Rafael Rey, avala las violaciones estatales de DDHH y tiene vínculos con Forza, la tenebrosa empresa de seguridad privada que opera contra los ecologistas, el padre Arana y los ronderos de Piura que se defienden del atropello minero. E invita al ex ministro de Agricultura –hoy director del BCR, empresario agrícola con negocios en Ica y beneficiario indirecto de alguno de los millonarios salvatajes bancarios del gobierno del \"Chino\"– José Chlimper. Propone al presidente de Confiep. Todos aliados a su gestión de gobierno. García, además, ha adelantado que este proceso debe conducirse casi militarmente, con \"mayor autoridad y comando; debe haber menos democracia y más verticalidad y fuerza\". ¿Y cual será el papel de los representantes de los damnificados, de los sectores sociales, de las organizaciones de profesionales, universidades, etc.?
Ya Chlimper adelantó su política: privatizar el aeropuerto de Pisco (de carácter esencialmente militar), privatizar el puerto de Pisco, concesionar a privados la carretera Pisco-Ica, privatizar el servicio de agua potable de Pisco, promover la construcción de viviendas bajo exclusiva iniciativa privada con subsidio financiero del Estado, promocionar a las empresas privadas de la región, etc. Es decir, casi nada social ni asentado en mecanismos bajo control o ejecución de la gente. Lo central parecen oportunidades de negocios privadas que ya sabemos quién aprovecha.
Y ojo, el gobierno también ha dado muestras, como establecer por decreto que las empresas que donan recursos a las zonas afectadas pueden deducirlo de su impuesto a la renta. Una donación solidaria o un pago adelantado de impuestos que tiene escaso o ningún costo para la empresa, pero si es dinero que ya no recibirá el Estado no parece muy solidaria, sino pragmática. Lo mismo que la famosa sustitución del impuesto a las sobreganancias por la Bolsa de Donantes Mineros, manejada por ellos mismos. ¿Esta es reconstrucción solidaria? ¿Oportunidades para todos o para algunos?
Los afectados, los que han sufrido y sufren el desastre natural y el viejo desastre social y político de una sociedad de profundas injusticias y sucias manipulaciones y corruptelas, en su mayoría pobres, deben tener un papel protagónico en la reconstrucción y el diseño de lo que se reconstruya. No pueden ser convidados de piedra ni materia de negocios privados que benefician a unos pocos. La sociedad civil, las organizaciones sociales, los pueblos deben tener un rol protagónico y la reconstrucción ser una sumatoria de esfuerzos y capacidad que ponga en su centro a las personas y la justicia social, no a ciertos negocios. Y claro, la vigilancia ciudadana es fundamental, pues sin ella nunca hubiéramos conocido ni frenado las \'coimisiones\' del \"shock de inversiones\" y los graves problemas de ambulancias, patrulleros y equipos sobrevaluados para llenar los bolsillos de algunos corruptos.