El derecho de las comunidades y los pueblos de Ayabaca y Huancabamba a ser consultados sobre el desarrollo de actividades mineras que atentan contra sus derechos, tiene en la Iglesia Católica a uno de sus más firmes y convencidos defensores.

Desde que se iniciaron los abusos de la minera Majaz contra las comunidades campesinas, el obispado de Chulucanas, que dirige monseñor Daniel Turley, ha jugado un rol importante en la defensa de los derechos de las comunidades; incluso ha venido participando en diversas instancias para promover un diálogo con las autoridades y la empresa, y se escuchen los argumentos de las comunidades campesinas.

De igual manera, las diversas parroquias del ámbito de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, incluso de la región de Cajamarca, han contribuido con campañas de difusión sobre las implicancias de la minería en la zona, y los riesgos frente al derecho a la vida de los pueblos que viven de la actividad agrícola.

Con relación a la Consulta Vecinal, algunas parroquias han emitido sendas mensajes, en los que señalan que “Tenemos la obligación moral de emitir nuestra opinión en este importante proceso democrático, ya que es una oportunidad de expresar nuestra opción por la vida”. Agregan que la Minera Majaz y el gobierno peruano afirman que quienes se oponen a la actividad minera es un pequeño grupo, sin embargo lo que hacen es desconocer es que esta actitud es compartida por las autoridades como son los alcaldes y las dirigencia comunales que representan a la mayoría de la población.

De otro lado, hay que remarcar que el Comité Electoral encargado de la Consulta Vecina, ha capacitado a más de 500 miembros de mesa, entre titulares y suplentes para llevar adelante esta iniciativa. Asimismo, dirigentes campesinos han rechazado el atentado contra la vida del alcalde de la provincia de San Ignacio, Carlos Martínez Solano, uno de los promotores de la Consulta Vecinal.