El próximo domingo 16 de setiembre del presente año, las comunidades campesinas y los pueblos de Ayabaca y Huancabamba, harán ejercicio de sus derechos reconocidos internacionalmente, para pronunciarse sobre la conveniencia o no de la presencia de la actividad minera que impulsa la empresa Majaz.

Esta Consulta Vecinal se llevará a cabo de todas maneras, a pesar de toda la campaña en contra que han desatado la empresa minera, los medios de comunicación; y la desautorización del Jurado Nacional de Elecciones y del presidente regional de Piura, el aprista César Trelles Lara.

Evidentemente, el poder de la empresa minera lleva a todas estas instancias a pretender desconocer el derecho a la consulta que tienen los pueblos originarios, campesinos e indígenas a ser consultados sobre actividades productivas que afecten sus derechos fundamentales, tal como reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es evidente también, que a la hora de tomar decisiones, es mucho el peso del poder económico y político de la minera Majaz, que somete a autoridades y a gobiernos.

Sin embargo, a pesar de toda la campaña de satanización y las amenazas, e incluso atentados contra quienes impulsan la consulta vecinal, las comunidades campesinas harán respetar su derecho. Por ello, se espera que por lo menos 25 mil pobladores y comuneros de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa, en la provincia de Ayabaca; y del distrito de Carmen de la Frontera en la provincia de Huancabamba, estarán acudiendo a las urnas para expresar su voluntad; para decidir su futuro, y para demostrarle al todo el pueblo peruano y al mundo, que la defensa de la vida y del medio ambiente, está por encima de los miles de millones de las empresas mineras.

Esta consulta vecinal ha recibido el apoyo de importantes sectores sociales no solo de la región sino de todo el pueblo peruano. La Confederación Campesina del Perú, CCP, ha venido expresando su apoyo al pueblo y a las comunidades campesinas, y exige que se respete su derecho a defender sus tierras, su agua y su medio ambiente que están en peligro frente a la voracidad de la minera Majaz.

La congresista Marisol Espinoza, también ha apoyado la consulta vecina, y exigido que la minera Majaz, primero debe responder a la denuncia judicial en su contra por usurpación de tierra, en lugar de ofrecer, en el colmo de su desesperación, 80 millones de dólares a las empresas de Yanta y Segunda y Cajas. La representante piurana ha remarcado que un informe de la Defensoría del Pueblo señala que la minera Majaz opera ilegalmente en territorios comunales al no contar con la autorización de los tercios de las asambleas generales de estas comunidades.

Hay que remarcar que la tecnología de tajo abierto que piensa emplear la minera Majaz, es altamente contaminante y es un serio peligro para la vida de los ríos Chinchipe y Quiroz, que no solamente son la principal fuente de agua para las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también afluentes de los ríos que riegan los valles de la costa del departamento de Piura.