Después de una larga y tensa espera y en medio de rumores y especulaciones –incluso, de celebraciones adelantadas por parte de los fujimoristas- la justicia chilena acordó la mañana de hoy 21 de setiembre la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, por dos delitos de lesa humanidad por violación de derechos humanos y cinco casos de corrupción.

La noticia fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas de la matanza de los alumnos y un profesor de La Cantuta –uno de los casos por los que tendrá que responder-, por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales que han estado exigiendo y movilizándose por lograr la extradición, y por las organizaciones de las víctimas de guerra sucia.

Por su parte, el gobierno de Alan García, recibió con discreción y –según el premier Del Castillo, con serenidad- en tanto que diferentes autoridades ya anunciaron una serie de medidas administrativas, diplomáticas y judiciales, para el traslado del fugitivo, que durante su gestión instaló una dictadura corrupta, criminal y violadora de los derechos humanos. Por el lado de las filas fujimoristas, fue evidente que el fallo ha provocado una gran desazón por más que lo hayan tratado de minimizar.

La prensa nacional e internacional destacó la noticia, en la que se dio cuenta que los dos casos por violación de los derechos humanos son la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Los cinco delitos de corrupción aprobados por la Segunda Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia de Chile se refieren a los casos de los congresista tránsfugas, compra de tractores y medios de comunicación, por la indemnización de 15 millones de soles a Montesinos, allanamiento y tortura en las instalaciones del SIN.

En Lima, los familiares de las víctimas de La Cantuta, han anunciado que este viernes 21 de setiembre de todas maneras se realizará el plantón que se había convocado frente a la Embajada de Chile en la capital peruana. Una de las familiares señaló que de alguna manera, este plantón servirá para celebrar el fallo de la justicia chilena y para anunciar su decisión de estar vigilantes al proceso que se le debe iniciar al corrupto ex mandatario en la justicia peruana.

La justicia chilena ya cumplió con el rol que le correspondía en este caso. Ahora todo estará en manos de la justicia peruana. Este hecho marca sin lugar a dudas un antecedente histórico en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos y contra la corrupción. Estamos ante la oportunidad histórica de dar una lección al mundo, que la justicia tarda pero llega. La CCP se suma a esta esperanza.