Al cumplirse 22 años de la matanza de niños, mujeres gestantes y ancianos en su comunidad

2007-08-15 00:00:00

Responsables directos Telmo Hurtado y Elías Rivera Rondón se encuentra detenidos en EE.UU. y familiares solicitan traerlos al Perú cuando sean expulsados

En la mañana del 14 de agosto de 1985 dos patrullas militares al mando del subteniente Telmo Hurtado y el teniente EP Juan Rivera Rondón llegaron a Llocllapampa a tres Km. de Accomarca y llamaron a una asamblea a todos los que se encontraban presentes en la comunidad. Cuando estuvieron reunidos los hicieron formar en dos filas separando a hombres y mujeres. A los hombres, los llevaron a un habitación donde después de encerrarlos les arrojaron una granada de guerra, ametrallaron y luego incendiaron la habitación con todos adentro.

Similar proceder tuvieron con las mujeres después de violarlas y encerrarlas junto a sus niños, entre ellos, bebes de 3 meses de nacidos. Los militares actuaban bajo la presunción de que en la zona funcionaban 2 escuelas populares y un centro de abastecimiento senderistas, con municiones, alimentos y frazadas.

En las semanas siguientes fueron asesinados varios testigos que pudieron escapar de la matanza (tal como ocurriría en otros crímenes, como en Cayara). El 11 de setiembre de 1985, el Senado nombró una comisión investigadora presidida por Javier Valle Riestra, para investigar las matanzas de Pucayacu y Accomarca.

El subteniente Telmo Hurtado compareció ante la comisión senatorial sin mostrar arrepentimiento y sosteniendo que los campesinos eran peligrosos incluso desde los 5 años: Casi dos meses después de la matanza, el 12 de octubre la comisión emitió su informe final concluyendo que en Accomarca y Llocllapampa se perpetró un delito común y no militar.

El Fuero Militar ante la inhibición del Fuero Civil condenó a Hurtado sólo por abuso de autoridad, a 6 años de prisión y al pago de 500 soles por reparación civil a los deudos. 7 años más tarde, en 1992, ya bajo Fujimori, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia en instancia final.

Gracias al proceso de judicialización de casos de violación de Derechos Humanos, abierta luego de regresada la democracia, el 2 de febrero de 2005 la Fiscalía Especial para Derechos Humanos denunció al entonces ex presidente Alan García, por delito de omisión impropia, y otros altos mandos militares (entre ellos, César Enrico Praeli -ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas-, Jorge Flores Torres -ex ministro de Guerra y hoy congresista-, Sinesio Jarama Dávila –ex jefe de la 2da Región Militar-, Wilfredo Mori Orzo –ex jefe político militar de Ayacucho-, Nelson Gonzáles Feria -ex jefe del Estado Mayor-, César Martínez Uribe -ex comandante del Estado Mayor-, José Williams Zapata -ex jefe de la compañía Lince y hoy representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington-, entre otros) por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de Accomarca.

Telmo Hurtado, pudo seguir su carrera militar y antes que termine el gobierno de Alan García ascendió a teniente llegando al grado de mayor durante el gobierno de Fujimori. Hoy se encuentra detenido en EEUU. A donde llegó falsificando información en su visa de inmigración, por ello esta cumpliendo un arresto de 6 meses y luego será expulsado.

Rivera, también se refugió en los EE.UU. donde fue condenado como autor de abuso sexual contra su entenada, tras lo cual se sigue un proceso para que se le retire su condición de inmigrante y sea deportado. Al igual que Hurtado, nada garantiza que sea entregado a autoridades peruanas, sólo que sean expulsados de territorio norteamericano.

Los familiares de los víctimas, organismos de derechos humanos y el pueblo de Ayacucho exigen; que el gobierno peruano garantice la gestiones a nivel de Cancillería, para que el gobierno de Estados Unidos expulse a Rivera y Hurtado principales responsables de los hechos de Accomarca y solicitamos la intervención de la Embajada de norteamericana, para que policías peruanos puedan viajar a EE.UU . y estar presentes en el momento de la expulsión de Rivera y Hurtado para su trasladado hacia el Perú y someterse a nuestra justicia por los crímenes cometidos hace 22 años.