Porque la madre tierra ha sido profanada, maltratada, saqueada y nuestra vida amenazada, los niños, niñas y mujeres bajamos de las montañas, venimos de nuestras selvas y ríos a exigir nuestros derechos.

Los Pueblos Indígenas informamos hoy a la opinión pública chocoana, colombiana y a todo el mundo que estamos y seguimos en pie de lucha. Niños, niñas, mujeres y hombres hemos tomado la decisión de manifestarnos contra el abandono y humillación a que hemos sido sometidos por las autoridades municipales, departamentales y nacionales no sólo en estos días, sino durante mucho tiempo.

Estamos cansados de la violación sistemática de nuestros derechos, en especial a la salud, a la alimentación, a la educación, a la protección de nuestras vidas. Queremos que se garantice la integridad cultural de nuestros pueblos.

En los últimos años las comunidades indígenas del departamento del Chocó hemos visto amenazado nuestro proyecto de vida como pueblos Embera, Katio, Chamí, Wounaan y Tule, a causa de las políticas del Estado que no dan cuenta de nuestra realidad cultural y territorial, y de otra parte, por el conflicto armado y sus consecuencias directas en nuestro territorio.

Pero esto no sólo sucede en el Chocó, sino también en las demás regiones del país, donde los indígenas se han muerto también por desatención en salud y malnutrición, donde también han sido asesinados muchos de sus líderes y liderezas, y amenazados sus territorios por la invasión de los actores armados legales e ilegales y por parte de empresas multinacionales con sus estrategias de extracción y explotación de nuestros recursos, todo ello sumado a los malos manejos y desvíos de los recursos públicos que son para garantizar nuestros derechos básicos fundamentales. Como dijera el Fiscal General de la Nación Robarse la plata de la salud, es igual a cometer asesinato, así que desde nuestra lucha exigimos que estas palabras se traduzcan en hechos, ya que desde hace mucho tiempo nos están asesinando y masacrando no sólo en el tema de salud, sino también en los demás derechos fundamentales, y a ningún ente oficial parece importarle.

Son estas amenazas y ataques a nuestros pueblos que nos obligan hoy a movilizarnos y permanecer pacíficamente frente a la Gobernación del Departamento del Chocó, acción que cuenta con la solidaridad de los indígenas en Riosucio, Chocó y de la Organización Indígena de Colombia –ONIC-.

EXIGIMOS LA PRESENCIA INMEDIATA para negociar nuestras peticiones y demandas a las personas que representen con poder de decisión a las siguientes instituciones del Estado:

Presidencia de la República Vicepresidencia de la República Ministerio del Interior Ministerio de Protección Social Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Minas y Energía Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Agricultura Contraloría General de la Nación Departamento Nacional de Planeación Gerente Social para el Chocó Gobernación del Chocó Acción Social del Chocó Incoder

Como garantes de nuestra negociación convocamos con carácter urgente a las siguientes instituciones:

Diócesis de Quibdó Oficinas del Sistema de Naciones Unidas: ACNUR, OACNUDH, UNICEF Defensoría de Minorías Étnicas Defensoría Regional Procuraduría Regional Paz y Tercer Mundo

Recalcamos que nuestra permanencia es pacífica, por lo tanto exigimos el respeto al derecho constitucional a la libre movilización y protesta. La mayoría de la población que estamos aquí somos niños, niñas y mujeres y pedimos que se nos otorguen las condiciones humanitarias necesarias.

Al Pueblo Chocoano le pedimos su solidaridad, que se unan a nuestra protesta pacífica, porque somos todos y todas las que sufrimos y padecemos el mismo mal.

Quibdó, Chocó, 23 de abril de 2007

C.C. Instituciones del Estado negociadoras e Instituciones Garantes y Medios de Comunicación.

PETICIONES: JURTIFICACIONES Y PETICIONES!!!!

PORQUE LA MADRE TIERRA HA SIDO PROFANADA, MALTRATADA, SAQUEADA Y NUESTRA VIDA AMENAZADA, LOS NIÑOS Y MUJERES BAJAMOS DE LAS MONTAÑAS, VENIMOS DE NUESTRAS SELVAS Y RIOS A EXIGIR NUESTROS DERECHOS

Desde hace varios años los pueblos indígenas del Chocó, a través de múltiples vías y acciones LEGALES, cumpliendo el debido proceso venimos exigiendo del Estado Colombiano una respuesta a nuestras demandas dada la violación permanente y sistemática a nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Siendo dueños del territorio donde hemos habitado desde siempre y por las continuas violaciones a nuestros derechos como pueblos, nos vemos obligados a movilizarnos y a protestar exigiendo al Estado condiciones dignas para seguir habitando este territorio que para nosotros tiene un significado distinto al que tienen los empresarios, terratenientes y el mismo Estado. Significado que ha sido construido en estrecha relación comunidad-ser humano-naturaleza, por lo cual el territorio no es simplemente el entorno que rodea al ser humano, sino que el ser humano, hace parte de la naturaleza y eso crea una manera particular de organizarnos, de normativizar la apropiación del territorio, la tenencia, uso y aprovechamiento. Por eso, cualquier atentado al ser humano es un atentado contra el territorio, es un atentado contra nuestra dignidad

Un pueblo indígena vive dignamente cuando puede habitar su territorio, hacer uso de él y aprovechar sus recursos, cuando tiene posibilidades para gozar y disfrutar de derechos fundamentales como la salud, educación, alimentación, vivienda, territorio y a vivir bien de acuerdo a su propia cosmovisión y prácticas culturales, pero estos derechos nos están siendo vulnerados. Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro plan de vida, nuestra propia concepción de desarrollo y es en el territorio donde podemos desarrollar nuestro pensamiento, por eso con nuestras luchas hemos logrado el reconocimiento parcial por parte del Estado como la titulación de algunos resguardos en el Departamento del Chocó, pero queda mucho más por reconocer lo que siempre ha sido nuestro. Lo que está pasando aquí en el Chocó, es que los pueblos indígenas habitamos un territorio muy rico y desde hace varios años inversionistas nacionales y extranjeros en negociación con el Estado Gobierno nacional y departamental, han pretendido utilizar y explotar nuestro territorio con su propia idea de desarrollo y para lograrlo, además del capital utilizan ejércitos de mercenarios, mano de obra barata y maquinaria con última tecnología así acabe con la vida del planeta.

De igual manera el Gobierno Nacional ha creado leyes como la ley forestal, el código minero, la ley de Estatuto de Desarrollo Rural y el proyecto de ley de aguas, reforma a la ley de trasferencias, en la plataforma política de la seguridad democrática y la seguridad jurídica para las empresas con reglamentaciones amañadas, favoreciendo los intereses de grandes inversionistas con sus multinacionales, violando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y convenios internacionales como el 169 de la OIT; pues muchos de los permisos que han concedido a estas empresas, están dados sin consulta previa a los pueblos indígenas, manipulando a líderes con baratijas para lograr la autorización de las comunidades todo ello en el marco del el Tratado de Libre Comercio.

Hemos insistido que no nos oponemos al desarrollo del país, solo que este modelos que se nos ha venido imponiendo a sangre y fuego desde hace 55 años nos plantea una sociedades excluyente y discriminantes, solo apta para quienes tienen los medios y recursos de sobrexplotar los recursos; lo que hemos propuesto y proponemos es una sociedad con equidad y de equilibrio con la naturaleza, por ello nos tildan de opositores al progreso o al desarrollo del país, sin embargo seguimos en nuestra tarea de reivindicar y construir un desarrollo propio con equidad y reconocimiento a la diversidad de este país.

Cada vez más nos damos cuenta que con el argumento de que haya más inversión en el país, el gobierno se compromete con las multinacionales a privatizar el agua, los bosques, el petróleo, los páramos, la biodiversidad, las minas, los saberes ancestrales y la misma vida. En otras palabras, podemos afirmar que nos esta regalando a las multinacionales. Como nosotros nos hemos resistido a estas nuevas formas de colonización, se utiliza entonces dentro de esta dinámica a los grupos armados legales e ilegales puestos al servicio de estas empresas que invaden nuestros territorios, hacen de ellos campos de batalla, obligando a nuestra gente a desplazarse para ocuparlos estableciendo sus emporios mineros, sus cultivos de palma aceitera, coca y así extraer todas las células de nuestra madre tierra.

Ahora el Estado Colombiano está muy preocupado por la muerte de nuestros niños indígenas, nosotros también, sólo que hay que aclararle al país las reales causas de lo que aquí sucede; problemáticas que han sido denunciadas desde hace varios años y no entendemos cómo los organismos de control hasta ahora inician procesos de investigación. La salud y las formas como se establecen los convenios para la prestación de este servicio, desde la misma ley 100, favorece los intereses privados, la corrupción y el desvío de los dineros; en estos procesos de corrupción los indígenas hemos sido los más afectados. En el campo de la educación, desde hace cuatro años denunciamos el desvío de más de 13 mil millones de pesos con los cuales se debía atender la prestación de este servicio a los niños indígenas sin que hasta el momento se haya investigado y sancionado a los responsables de este robo. El gobierno nacional es cómplice de este atropello a los pueblos indígenas, porque ha hecho caso omiso a todas nuestras denuncias y demandas.

Nuestros niños no sólo necesitan de un mercado para saciar su hambre, se requiere que puedan garantizarles una vida digna y sana todo el tiempo. Es decir, nuestros niños no sólo mueren por mal nutrición, sino también por la desatención en salud y porque en estos últimos años nuestras prácticas de producción, culturales y sagradas han sido alteradas por la gravedad del conflicto armado. Esto siempre lo ha sabido el gobierno colombiano, tenemos muchas actas de compromiso y acuerdos firmados sin que hasta el momento tengamos respuestas.

Además del reconocimiento territorial se requiere entre otras cosas, entre ellas, voluntad política del Gobierno en las instancias nacional, departamental y municipal. Ya estamos cansados de hablar y esperar, de que los políticos y algunos funcionarios se echen la culpa entre si, unos diciendo que los recursos del nivel nacional no llegan, otros, los del nivel nacional, que en el departamento se los roban. Verdad o mentira, lo dirán los organismos de control del Estado mediante sus investigaciones; para nosotros lo cierto es que siempre se han violado nuestros derechos y está amenazada nuestra vida y pervivencia como pueblos.

Por lo anterior EXIGIMOS que el gobierno nacional, departamental y las administraciones municipales, respeten y cumplan el convenio 169 de la OIT, a través de la Ley 21 de 1991, la Constitución Política de Colombia y demás normas especiales que protegen nuestros derechos y por consiguiente adelanten los procesos necesarios para garantizar las siguientes demandas:

Componente Territorio 1. La construcción y desarrollo de un Consejo Nacional de Planificac3.0ión Económica Social (CONPES) para pueblos Indígenas. 2. Titulación de más de diez resguardos indígenas 3. Ampliación de más de veinte resguardos indígenas 4. Saneamiento de más de cincuenta y cinco resguardos indígenas 5. Que ninguna de las leyes (ley forestal, código minero, ley de aguas, estatuto rural) se aplique en los territorios indígenas y que demande al Congreso la revisión exhaustiva de dichas leyes. 6. Que se respete nuestro derecho a la consulta previa establecida en el convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno nacional en la ley 21 de 1991. 7. Que los grupos armados legales como ilegales respeten el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas 8. Que el gobierno nacional, departamental y local respeten el manejo, las normas y el ordenamiento de los territorios que nuestras autoridades han realizado y realizan. 9. exigimos del gobierno nacional que no impulse o firme iniciativas de ley que atentan en contra de nuestros derechos fundamentales, en el caso del Estatuto de Desarrollo rural, le exigimos al gobierno que levante del congreso esta iniciativa y que disponga de todos los mecanismos necesarios para no continuar con este tramite legislativo.

Componente Salud

1. apoyo al programa de salud propia de nuestras organizaciones. Acorde con nuestro planes de vida y el fortalecimiento del las estructuras organizativas que nuestros pueblos han construido para atender el tema de salud.

2. Construcción y dotación de ocho (8) centros de salud ubicados estratégicamente en las zonas de Catrú, Alto Andágueda, Medio San Juan, Carretera Quibdó-Carmen de Atrato, Juradó, Bojayá, Río Sucio y Bajo Baudó, asignando plazas para personal médico y de enfermería de tal manera que permitan que los pueblos indígenas ubicados en estos territorios tengan acceso directo a dichos servicios.

3. Nombramiento por lo menos de cuatro personas por zona como: promotores, auxiliares, gestores de salud comunitaria, microscopistas. 4. Nombramiento de personal indígena en los centros y hospitales de segundo nivel para facilitar la prestación del servicio a los indígenas, por razones de lengua y cultura.

5. Implementar programas de seguridad alimentaría para cada una de las zonas indígenas en el Chocó, basados en la recuperación de la fauna silvestre, recuperación de dietas y recetas tradicionales del entorno, cultivos de pan coger y cría de especies menores que le permitan a dichas comunidades en especial a la población infantil, las mujeres y ancianos el aporte nutricional de vitaminas, minerales y Carbohidratos que generen defensas para limitar y evitar el padecimiento de múltiples enfermedades que con frecuencia se presentan en nuestra población producto de la mala alimentación.

6. Crear una estructura administrativa especial entre la Asociación OREWA y el Gobierno Nacional directamente, para el manejo autónomo y control de los recursos destinados para los pueblos indígenas del Choco y no tengan intermediarios municipales o departamentales, pues esto ha permitido que las comunidades sean cada día aún más vulnerables. 7. Dotación y personal necesario para la casa de atención al enfermo, ubicada en Cabí, Quibdó y la casa del enfermo en Medellín. 8. Afiliación del total de la población indígena a un sistema de salud que les brinde la atención integral en salud.

Componente Educación

1. Garantizar la prestación del servicio educativo a la totalidad de nuestra población, que en estos momentos reporta la matrícula de 14.447 niños/as, respetando nuestro derecho fundamental a la educación, con la vinculación inmediata por el SGP del departamento, del siguiente personal: ;657 docentes. 5 rectores para las siguientes instituciones educativas indígenas: Catrú ;A. Andágueda. Medio San Juan. El Dieciocho Juradó.

27 Directivos docentes para los centros educativos.

Personal administrativo para las instituciones y centros educativos: a. Secretario (a) b. Psico-orientador c. Enfermera d. Servicios generales e. Celador.

2. Derogar los Decretos que desvincularon en el 2006 a los maestros, para que al ser nuevamente vinculados no pierdan el tiempo de trabajo y las garantías con las que venían trabajando sin solución de continuidad. 3. El cumplimiento del mandato 02 de 2003 de los pueblos indígenas y certificado por la secretaria de educación Departamental, que organiza la planta de cargos para nuestras comunidades.

4. La prestación del servicio educativo se de en cumplimiento de la sentencia 208 de marzo de 2007, ratificando los derechos constitucionales, la ley 115 de 1994, el decreto 804 de 1995 y demás normas especiales.

5. La investigación a las administraciones departamentales entre el año 2003 y 2006 por el mal manejo y desvío de recursos destinados a la atención de la población indígena y el incumplimiento de ley 715 del 2001, así mismo la investigación a las alcaldías municipales que incumplieron la sentencia de la Corte Constitucional expresa en la Directiva Ministerial No. 002 del 18 de enero de 1995, que los obligaba contratar a los maestros que venían trabajando antes del 9 de febrero de 1994.

6. El reconocimiento oficial de las instituciones y centros educativos indígenas mediante acto administrativo especial.

7. Un mandato del gobierno nacional, que ordene a los municipios aportar recursos de calidad a nuestra población, con una asignación específica a las comunidades indígenas, para construcción de 80 Escuelas, la reparación y ampliación de 248 escuelas, dotación de material didáctico y mobiliario de las mismas y para formación comunitaria, alfabetización, diseño curricular.

8. La asignación inmediata de $ 1.370.880.000 recursos económicos para la formación de maestros indígenas. 9. La ampliación de cupos para la asignación de restaurante escolar de las 248 escuelas indígenas del Chocó, según nuestros usos y costumbres. 10. Garantizar el inmediato cumplimiento del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental de los compromisos suscritos con nuestros pueblos, en las actas de 2003.

Componente Derechos Humanos

1. La inmediata y permanente atención integral a las comunidades indígenas desplazadas y retornadas según los acuerdos pactados, teniendo en cuenta el plan diferencial de atención a los pueblos indígenas, en acuerdo y concertación permanente con las organizaciones indígenas locales, zonales, regionales y nacional.

2. Agilizar las investigaciones y el castigo a los responsables de la fuerza pública (ejército y policía) que han violado la vida y dignidad, la integridad física y moral de varios indígenas.

3. Tomar las medidas necesarias para garantizar que la fuerza pública no siga con el proceso de violación de los derechos de nuestros pueblos y respete tanto los derechos humanos como la jurisdicción y el derecho interno de nuestros pueblos.

4. Garantizar que la fuerza pública (ejército y policía) respete nuestro derecho a la libre movilización y deje de decomisar los alimentos y medicamentos que necesitamos para la vida y salud de nuestras comunidades. 5. Exigidos del gobierno nacional que firmen la carta de los Derecho de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas y en la OEA, y para ello esperamos que agoten los recursos jurídicos y políticos necesarios para este se fin.

Quibdó, Chocó, 23 de ABRIL DEL 2007...

ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC ORGANIZACION REGIONAL COMUNICACIONES ONIC

OREWA Asociación De Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule del Departamento del Choco Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía Resolución Nª 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia NIT: 900060282-D.V-1 25 Años de Lucha

COMUNICACIONES OREWA