\"Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los difuntos no están en paz y nosotros tampoco\", dijo una mujer wayuu, sobreviviente de la masacre.

¿Por qué la masacre Wayuu?

Es claro que el conflicto en Colombia tiene varias causas del orden económico, social y político tanto nacional como internacional que se enmarcan en juegos e interese de poder; en este marco los pueblos indígenas son victimas de esta dinámica la cual produce en ellos innumerables efectos que inciden en la pervivencia de los pueblos indígenas. En este contexto los pueblos y comunidades Indígenas son victimizados con la violación e infracción de sus derechos colectivos, teniendo que vivir un alto grado de crisis humanitaria representada en masacres, desplazamiento forzado, torturas, desapariciones, amenazas, homicidios, confinamiento, secuestros, reclutamiento forzado, entre otros; producto de la disputa territorial de sitios estratégicos geopolíticos por actores armados legales e ilegales. Lo anterior se acrecenta cuando para los pueblos Indígenas tampoco existe voluntad política para la garantía de derechos como pueblos, por tanto los derechos fundamentales de los Indígenas también son vulnerados.

En este contexto, un día como hoy 18 de abril de 2007, hacemos memoria de la masacre ocurrida el día domingo 18 de abril de 2004; masacre que para la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y las Autoridades Tradicionales Wayúu tuvo un trasfondo claro, relacionado con el conjunto de intereses para el ejercicio del contrabando, el narcotráfico, el comercio interfronterizo y la implementación de megaproyectos estratégicos como (concesiones marítimas petroleras y de gas Bloque Tairona, en las mismas aguas marítimas de Portete; la expansión de la producción carbonífera que sale al exterior por Puerto Bolívar, el puerto del complejo carbonífero de El Cerrejón; y el nuevo parque eólico Jepirachi (en Wayuu Vientos del nordeste) construido por las Empresas Públicas de Medellín EPM, proyectos ecoturisticos y etnoturisticos a 10 kilometros de Portete); adelantados por el gobierno colombiano y empresas multinacionales, donde el puerto de Portete se convirtió en sitio clave para tales intereses, intereses que se respaldan con las relaciones de connivencia, convivencia, apoyo, tolerancia y auxilio de la fuerza pública a los grupos armados ilegales, como estrategia de la seguridad Democratica. Proyectos que no han sido consultados con los pueblos indígenas o bien las llamadas “consultas” han sido una burla, donde se desconoce a las autoridades tradicionales y se hacen sin sigualdad de condiciones. Proyectos que por sus características, afectan el entorno social, cultural, los sitios sagrados y los ecosistemas, con efectos para la existencia y pervivencia como pueblo.

La comunidad indígena Wayúu se vió forzada al desplazamiento de sus territorios ancestrales por la acción de grupos paramilitares del bloque norte en un número de 150, cuya preesencia en la región se ha incrementado desde el año 2000, cuyo interes primordial es el control territorial. El pasado 18 de abril de 2004 llegaron a la comunidad conformada por 580 personas Indígenas, maltratando, asesinando y destruyendo uno de sus lugares sagrados como es el cementerio que alberga a sus antepasados y que dentro de la tradición wayuu es prueba de propiedad de dicho territorio. Resultado de esto fueron casi 30 desaparecidos entre estos 20 niños en edades de 3 a 12 años de los cuales algunos fueron quemados vivos, 13 indígenas asesinados y desplazados a Venezuela (Uribia, Manaure y Maracaibo) en un número de 320 y hacia otras comunidades de la zona, en un número de 3000 Indígenas, mientras tanto, el Alto Comisionado de paz del gobierno Uribe se reunía con los jefes paramilitares, para consolidar un proceso de paz y negociacion, “he aquí esta ilogica y contradicción”.

Estos sucesos no fueron posible prevenirse a pesar de que tres días antes de ser ejecutada la masacre Wayuu, la Defensoría del Pueblo (Sistema de Alertas Tempranas) y la Procuraduría General de la Nación, recibieron una alerta temprana por parte de las Autoridades Indígenas, donde advertían el grave riesgo para la vida, integridad, libertad y el territorio de su pueblo.

Entre el día 22 al 24 de mayo de 2004, se ralizó una misión de verificación en la cual participaron: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Comisión de Conciliación Nacional, representante de Codhes, de la Agencia de Cooperación MSD, la Fundación Hemera, tres delegados de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el Cónsul de Colombia en Maracaibo, la Coordinadora de Atención a Desplazados y el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas, el Defensor Seccional Guajira, un analista del SAT, un representante de la Gobernación de la Guajira, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Guajira, el Personero Municipal y el Secretario de Asuntos Indígenas de Maicao y el Personero Municipal de Uribia; los cuales logran verificar la crisis humanitaria Wayuu, con base en los siguientes elementos:

1. La enorme influencia de actores externos en la agudización del conflicto regional.

2. El objetivo fundamental de los grupos paramilitares en la Alta Guajira, donde la presencia guerrillera es mínima, son los intereses exclusivamente económicos orientados a la apropiación territorial mediante la expulsión y desarticulación sociocultural del Pueblo Wayúu.

3. El papel cumplido por los medios nacionales de prensa escrita es confuso, si bien han logrado transmitir y divulgar buena parte del problema también han desviado la atención sobre lo sucedido, invisibilizando actores del conflicto y factores relevantes del contexto que permiten esclarecer el fondo de lo ocurrido.

4. La invisibilización política de las problemáticas relacionadas con la frontera venezolana en momentos en que la tensión crece y las mutuas acusaciones entre funcionarios y mandatarios de Colombia y Venezuela parecen no tener consideración en los analisis de las problemáticas locales.

5. La reducción de lo que sucede en la mayor parte del departamento a un problema familiar y local sin conexión con lo sucedido casi por los mismos días con la población indígena del Sur de la Guajira, expulsada de la Sierra Nevada de Santa Marta, presionada por los enormes intereses a cerca de la construcción de megaproyectos en dicha subregión.

Tres años después de los sucesos:

La situación hoy 18 de abril de 2007 para el pueblo Wayuu, es crítica reflejándose en los siguientes aspectos:

Hasta el día de hoy muchos de los cuerpos de los Indígenas Wayuu, victimas de la masacre del 2004, no han podido ser encontrados para darles descanso eterno según los usos y costumbres Wayuu.

El incremento de la militarización en los territorios Indígenas Wayuu continua, principalmente en el sur de la Guajira (municipio de Fonseca y Distracción), causando daños sicológicos y materiales a los Indígenas, situacion que coloca a los Indígenas en una constante amenaza de sus vidas. Realidad que se corrobora porque el territorio Wayuu, esta siendo utilizado como campo de entrenamiento militar profesional, lo que permite prever en el corto tiempo la instalación de una Base Militar para el control territorial a pocos kilómetros de Portete. La presencia paramilitar se acrecienta, en medio del llamado “dialogo” y “cese de hostilidades”, para utilizar el norte de la Guajira, como ruta para el narcotráfico, estableciendo controles sobre los puertos naturales, a través del chantaje, extorsión, intimidación y atentado contra la vida e integridad personal de los indígenas que allí residen.

Las violaciones e infracciones hacia el pueblo Wayuu han sido de manera ascendente, es así que después de la masacre hasta el año 2006, la ONIC registra 200.873 entre infracciones y violaciones al pueblo Wayuu, de las cuales las mas relevantes son en su orden: efectos por megaproyectos, ataque a bienes civiles, inasistencia institucional, amenazas, explotación de recursos naturales, desplazamiento forzado, homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual, entre otras. La responsabilidad de los hechos se visualiza en el siguiente cuadro:

Fuente: Sistema Indígena Nacional de Derechos Humanos ONIC SINDHO. SD: Sin Datos.

El sistema de justicia colombiano, en particular la Fiscalía General de la Nación, no ha vinculado al proceso a Jorge 40 y sus hombres, quienes fueron los directos responsables de los hechos. Contribuyendo con esto, al alto nivel de impunidad en Colombia. Igualmente la inoperancia se ve reflejada en la violación del debido proceso de juzgamiento a los Indígenas Wayuu privados de la libertad cumpliendo hoy 31 meses de encierro, negando por todas las vías demostrar sus pruebas de inocencia, como también en su momento no hubo voluntad para el esclarecimiento del caso mediante la jurisdicción especial Indígena Wayuu.

La política de justicia y paz implementada por el gobierno, no permite proteger a los testigos y victimas de los hechos, es mas, sus declaraciones colocan a los Indígenas en peligro de sus vidas por los responsables de los hechos. Los Indígenas Wayuu ante esto, requieren un mecanismo que garantice sus vidas, de acuerdo a las exigencias de los mismos.

Peticiones:

Exigimos a las Autodefensas del bloque norte comandado por Jorge 40 y sus hombres, que en sus respectivas declaraciones públicas sobre sus delitos cometidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, confiese públicamente su responsabilidad intelectual y material de los hechos. Acción que permitirá esclarecer la posición insistente de diversas autoridades, civiles y militares, en presentar la masacre perpetrada contra el pueblo Wayúu como el resultado de un enfrentamiento entre las AUC e indígenas Wayúu o bien como enfrentamientos al interior de las comunidades indígenas, presentación que encubre las responsabilidades, así como los motivos de fondo que llevaron a la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad, favoreciendo con ello a los autores intelectuales de los mismos.

Hacemos el llamado urgente, al Sistema de Naciones Unidas, al CICR, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, organismos de investigación y control, al Gobierno Nacional, la intervención inmediata de acuerdo con sus mandatos y funciones, para estar al tanto respecto de la grave situación que padecen las comunidades Wayuu de Bahía Portete, Municipio de Uribia, Departamento de la Guajira, a raíz de los hechos sucedidos el 18 de abril del año 2004. Como también desarrollar en sus acciones de acuerdo a sus competencias las diferentes recomendaciones de los relatores especiales de Naciones Unidas para pueblos Indígenas.

Al sistema Nacional de Atención Integral a la Población desplazada SNAIPD un informe de seguimiento oficial, sobre la protección y atención de los Indígenas Wayuu, victimas del desplazamiento forzado a causa de la masacre de Bahia Portete.

Un llamado a los pueblos Indígenas de Colombia, a los amigos y solidarios para elevar su voz de aliento ante este y los innumerables hechos que atentan contra la pervivencia integral de los pueblos y comunidades Indígenas.

COMITE EJECUTIVO

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC Area de Derechos Humanos y Paz ONIC