Según informaciones provenientes de las comunidades indígenas del municipio de Toribío, Cauca, el lunes 18 de diciembre en horas de la noche, fueron detenidos de forma arbitraria los comuneros indígenas Roberto Poto y Arnoldo Musicue, por parte del Batallón Pichincha del ejército colombiano y un día después son entregados muertos, vestidos de camuflado y con evidentes signos de tortura, bajo el parte de haber sido dados de baja en combate.

HECHOS

De acuerdo con el comunicado emitido por los Cabildos de Toribío, Tacueyó y San Francísco – Proyecto Nasa, Los comuneros indígenas Roberto Poto Musicue y Arnoldo Musicue, fueron sacados de sus casas de habitación situadas en las veredas La Primicia y el Flayo respectivamente, entre las 7 y 9 de la noche del día 18 de diciembre del presente año, por unidades del ejército nacional pertenecientes al batallón Pichincha.

Otros informes de prensa mencionan que los comuneros fueron vistos en buenas condiciones cuando eran conducidos por miembros del ejército, en horas de la mañana del día 19 de diciembre y que en horas del medio día, en el lugar donde estaba asentado el destacamento militar se escucharon tiroteos sin que se conociera presencia de la guerrilla en la zona. Luego, cercanos a las tres de la tarde, los familiares de los detenidos recibieron información que un helicóptero de las fuerzas militares de Colombia que arribó a la vereda El Flayo, había levantado los cuerpo sin vida, vestidos con camuflado, de los comuneros Roberto Poto y Arnoldo Musicué y que los había presentado como insurgentes dados de baja en combate.

DEMANDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Tal como lo expresan las autoridades indígenas del resguardo de San Francísco, Toribío, estos hechos evidencian una fragrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con directa responsabilidad del Estado colombiano que contradiciendo la Constitución Política Nacional está aplicando la pena de muerte sobre inermes ciudadanos colombianos.

Se puede deducir que esta situación violatoria de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal como lo registra el informe bianual, 2005 – 2006, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, tiene visos de sistematicidad, al analizar casos exhibidos por el Ejercito Nacional, Batallón de Alta Montaña No. 4, uno en Almaguer, Corregimiento Llacuanas, donde los campesinos Eduard Tulio Gómez y Evert Papamija Benavides, de 19 y 26 años de edad respectivamente, fueron detenidos el 16 de mayo del 2005 y al día siguiente entregados sus cuerpos vistiendo prendas militares e informando haber muerto en combate; dos, en el mismo municipio y corregimiento, en el predio de su propiedad, el 21 de mayo del 2005, fue asesinado el campesino Rómulo Gómez Rengifo de 67 años de edad y presentado como guerrillero dado de baja en combate. Igualmente sucedió con el campesino Luis Antidio Macias Caicedo, quien fue asesinado en su casa de habitación, el día 26 de abril del 2006, por desconocidos que se desplazaban en una camioneta gris, y su cuerpo conducido al hospital de Bolívar, Cauca y reportado como guerrillero. O los casos de Walter Alberto Imbachí Guaca y Rómulo Noguera, campesinos del corregimiento de San Lorenzo, municipio de Bolívar, quienes fueron sacados de sus casas, en horas de la noche del 6 de abril, por miembros del batallón Boyacá del ejército nacional y al día siguiente presentados, como guerrilleros muertos en combate en el límite Cauca – Nariño, con signos de tortura y vestidos de camuflado.

Es posible que en los casos registrados, el hecho de sacarlos a la fuerza de de sus casas y señalarlos de guerrilleros implicara sospechas o procesos en contra de los detenidos, por lo cual se esperaría hubiesen sido puestos a disposición de la Fiscalía o de otro ente investigador de la justicia colombiana, garantizando su integridad física y sus vidas; lo cual no sucedió.

Para los Consejeros Mayores CRIC la situación presentada, que se evidencia desde hace varios años, muestra gran responsabilidad de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que en la práctica se traduce en el involucramiento de la sociedad civil en el conflicto armado manteniendo un discurso beligerante con señalamiento y criminalización de campesinos, indígenas, afro colombianos y sectores populares por el solo hecho de encontrarse en medio del conflicto y sobre todo saltando por encima de los procedimientos, la normatividad jurídica y los derechos fundamentales.

Por lo anterior:

- Ratificamos la posición política de los pueblos indígenas del Cauca, en el sentido de no aceptar ninguna intervención militar que afecte nuestra autonomía, al igual que nuestro rechazo a toda acción armada en nuestros territorios
- Llamamos a los organismos de control del Estado para que se investigue la actuación de la fuerza pública en los casos registrados y den las indicaciones pertinentes a las demás instituciones del Estado para que se evite la impunidad, que peligrosamente se podría aumentar en las épocas navideñas y de comienzo de año.
- Solicitamos a las organizaciones de Derechos Humanos del orden nacional e internacional estar atentas a los procesos de investigación sobre los hechos sucedidos y exigentes para que la actuación de los diferentes ejércitos que intervienen en el conflicto armado colombiano garanticen los derechos humanos y acaten el derecho internacional humanitario.
- Instar a los organismos de la ONU y la OEA para que reclamen del gobierno colombiano el cumplimiento de las recomendaciones sobre Derechos Humanos y DIH, que de forma reiterada han formulado organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos indígenas.
- Apoyamos la iniciativa de los resguardos Indígenas de Toribío, San francisco y Tacueyó de iniciar el proceso de investigación de forma autónoma a través Nasa Üus Yutx Pehnxi o Tribunal Indígena.

Como Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, reiteramos nuestra voluntad de Convivencia, Diálogo y Negociación expresada a través de nuestra experiencia organizativa, reclamando del gobierno nacional acatamiento a la Constitución nacional, en especial frente a los mandatos referidos a que en Colombia … se garantiza la vida de todos los colombiano y no habrá pena de muerte (art. 11 CN); la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (art. 22 CN); …Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (art. 28 CN), pues estamos convencidos que sin el cumplimiento de estos preceptos no será posible el advenimiento de la paz a nuestro país.