La Corte Constitucional en cumplimiento de su deber de guardián de los postulados y principios de nuestra Carta Magna, en sentencia de Tutela 880 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis, comunicada el día 5 de febrero del 2007, se pronunció a favor de la protección y salvaguarda de los Derechos Colectivos Fundamentales y Constitucionales de nuestro Pueblo Indígena Motilón Bari, quienes habitamos la cuenca del Catatumbo (Norte de Santander) por causa de las exploraciones de petróleo en nuestros territorios tradicionales y ancestrales adelantadas por la Empresa ECOPETROL desde el 16 de mayo de 2005, fecha en la cual se concede licencia ambiental para el controversial proyecto de exploración POZO ÁLAMO I.

Con este fallo de la Corte Constitucional, se reconoce el continuo irrespeto y desconocimiento de los derechos humanos colectivos e individuales de nuestro pueblo, prolongado por mas de 18 meses por parte del Ministerio del Interior – Dirección de Etnias, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Dirección de Licencias y la empresa ECOPETROL, las cuales en muchas oportunidades violaron abiertamente los derechos a la Consulta Previa, a la Participación, al Territorio, la Integridad Étnica y Cultural y la Autonomía.

Debido a las múltiples actuaciones administrativas de funcionarios inescrupulosos que ponían en riesgo la pervivencia de este pueblo indígena, por las irregularidades en las diferentes certificaciones del Ministerio del Interior Dirección de Etnias donde se aseguraba que no existía presencia de comunidades indígenas en zonas de explotación petrolera, por la no realización de la Consulta Previa, por el otorgamiento de una licencia ambiental con base en un mediocre y acomodado estudio de impacto ambiental, el día 20 de Octubre del 2005 el Consejo Autónomo de Caciques y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez presentamos acción de tutela contra estos Ministerios y la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la participación, Integridad Étnica y Cultural, al Territorio y la Autonomía; acción de tutela, cuyos resultados en primeras instancias fueron negativos en los despachos del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, M. P. Dra. María Josefina Ibarra, en primera instancia y del Consejo de Estado, M. P. Dr. Alejandro Ordóñez, en Segunda Instancia, fallos en los que debemos resaltar no existieron pronunciamientos contundentes, pues estas corporaciones decidieron no atender el llamado de todo un pueblo que estaba clamando respeto para sus espíritus, para su cultura, y para sus generaciones presentes y futuras sino que optaron por dar viabilidad a la explotación de petróleo a costa de la pervivencia de un pueblo indígena.

A pesar de la larga espera para obtener este fallo favorable, el pronunciamiento de la Corte será un precedente en nuestro proceso de defensa del territorio y la cultura, el cual no culmina con este fallo, pues ahora tenemos el reto de hacer cumplir las ordenes de la Corte y continuar nuestro proceso de defensa ante los múltiples intereses económicos que recaen sobre nuestra región; sin embargo, esperamos de las autoridades e instituciones publicas nacionales, departamentales y locales que de ahora en adelante no vuelvan a repetirse las agresiones de las que fuimos victimas y especialmente por parte de las fuerzas militares quienes continúan haciendo presencia en Socbacayra (punto geografico del Álamo I) limitando nuestra libertad de movimiento y locomoción, el desarrollo de nuestras ceremonias y actividades culturales de caza y pesca; además, sigue en pie la Resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes que autoriza las fumigaciones en territorio de resguardo Bari, acción estatal que también pone en riesgo nuestra pervivencia para lo cual esperamos total abstención por parte de las autoridades publicas.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los que si creyeron en nuestros justos reclamos, a las organizaciones de derechos humanos, ambientales e indígenas nacionales e internacionales, al Delegado para Asuntos Étnicos de la Defensoria del Pueblo, Gabriel Muyuy, y de manera particular a la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la cual desde hace dos años y medio, cuando empezó esta nueva agresión por parte del Estado, ha acompañado y asesorado cada una de las acciones políticas, jurídicas, educativas y culturales adelantadas por nuestro pueblo.

Tibú, 5 de Febrero de 2007.

CONSEJO AUTÓNOMO DE CACIQUES BARI ASOCIACION DE COMUNIDADES MOTILÓN BARI DE COLOMBIA “ASOCBARI”.

Informes: Asocbari: (057) 5663532 Tibú (Norte de Santander) Ashcayra@hotmail.com