Dr. Álvaro Uribe Vélez

Cordial saludo.

Durante los días 26 y 27 de enero pasado, las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca, realizamos nuestra primera reunión 2007 de Junta directiva Regional de Cabildos, en Agoyán, Resguardo de Ambaló, municipio de Silvia; en donde analizamos la situación que viven nuestra comunidades y escuchamos los informes sobre el comportamiento institucional con referencia a las políticas del Estado colombiano paranuestra gente.

En cuanto a la reflexión primera, observamos que la situación en nuestros territorios es cada día más apremiante por consecuencia de los efectos de la violencia generada, tanto por las fuerzas armadas del Estado como de los grupos irregulares, los cuales mantienen acciones de guerra que afectan a la población civil, a pesar que el gobierno nacional niega la existencia del conflicto armado en Colombia. Otra situación que genera riesgo y desplazamiento son causadas por la presencia de multinacionales, de los llamados cultivos de uso ilícito, y la política institucional que en cambio de brindar apoyo y garantía a los derechos civiles, señala de narcotraficantes a quienes los cultivan, judicializándolos y castigándolos con penas hasta de 10 años de prisión, mientras que quienes trafican gozan de los beneficios de la ley de justicia y paz; por otra parte, se continúan las fumigaciones con Glifozato, y se fomenta una política que genera discordia e insolidaridad comunitaria llamada Familias Guardabosques.

En cuanto al comportamiento institucional, observamos que el tema de tierras se ha convertido en la principal disculpa para que los voceros del Estado, en franca defensa de los intereses de los grupos privilegiados, desinforme a la opinión pública, mientras incumple los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas del Cauca. En este punto es donde se hace más notorio que para el gobierno colombiano los indígenas continuamos siendo extranjeros en nuestra propia tierra, pues nos niega el derecho a la propiedad colectiva, poniendo en duda los títulos coloniales de más de 300 años de existencia y sin el menor recato entrega tierras a multinacionales o a socios privados que hacen presencia con anterioridad a cinco años en los sitios de desplazamiento masivo causado por las masacres paramilitares, afectando así a sectores campesinos, afrodesendientes e indígena.

Una de las principales estrategias del gobierno, tanto departamental como nacional, en contra de los indígenas, ha sido la de hacer creer a la opinión pública que nuestras comunidades mantienen un conflicto por la tierra con sectores pobres del campesinado o de los afrocolombianos, cuando la verdad es que no existe política de reforma agraria que brinde soluciones a estos sectores de la población, pues las pocas garantías que ellos tenían se anularon con la creación del Instituto colombiano de desarrollo rural al desaparecer el INCORA. Su maniobra ha sido la de organizar a los grandes hacendados, haciéndolos aparecer como organizaciones sociales de pequeños propietarios, que han influido en las alcaldía y consejos municipales, quienes, para limitar el derechos a la tierra que tienen los indígenas como ciudadanos colombianos, aprobaron artículos en sus Planes de Ordenamiento Territorial prohibiendo la ampliación de resguardos. Eso que podría observarse como una leguleyada de politicastros locales, hemos confirmado que es una sistemática política nacional, pues los mismos desafueros municipales aparecen peligrosamente en la ley de desarrollo rural (arts. 14, 56, 111, 143 y 138, entre otros) que cursa en el Parlamento colombiano como iniciativa presidencial y que a petición del mismo Álvaro Uribe Vélez se espera que el cuestionado Congreso de la República la apruebe en el mes de marzo.

Ahora conocemos una cita propuesta por el gobierno nacional, en términos desobligantes pretendiendo hacerla aparecer como una dádiva y que los indígenas hemos “incumplido sistemáticamente los acuerdos”, documento que consideramos no solo osado, sino impertinente por su falta de veracidad. El gobierno es conciente, así no lo reconozca, que son más de 25 años de incumplimientos a compromisos adquiridos por el Estado colombiano con los pueblos indígenas; más de 25 años de dilaciones a las garantías y derechos históricos, bajo el pretexto que los acuerdos se han firmado con los gobiernos anteriores, mostrando así que en Colombia no hay Estado de derecho, pues cada mandatario asume el poder desde su óptica o proyecto político.

Una lectura sosegada nos hace percibir que la lentitud, la ineficiencia, la falta de voluntad política, la carencia de recursos y un discurso institucional, tanto nacional como internacional, diciendo que los indígenas tenemos privilegios, muestra que los diferentes gobiernos se han negado sistemáticamente a cumplir lo pactado. Los ejemplos más recientes se encuentran en la reactivación de los acuerdos del Nilo, en septiembre del 2005 y del decreto 982, firmado en diciembre del mismo año; ambos bajo un término de cumplimiento no superior a un año y con situaciones específicas de emergencia como la de la hacienda el Japio, que al parecer fue entregada a Cartón Colombia, y para lo cual el gobierno nacional comprometió su palabra y firmó que en tres meses resolvería la problemática del pueblo Nasa de Caldono.

Ni la situación del Nilo ha sido resuelta, ni Caldono ha recibido las mil hectáreas comprometidas, ni se definió la institución alterna al INCODER para facilitar los procedimiento de adquisición de tierras, ni la ampliación de resguardos se ha hecho realidad, solo se han adquirido tierras para sanear terrenos que estaban en litigio desde hace más de 20 años. Es decir, hoy el gobierno le dice a la opinión pública que ha cumplido porque puede mostrar ejecuciones presupuestales que debió haber realizado 20 años antes del 2000. Ante esta realidad han ratificado las Autoridades tradicionales indígenas del Cauca, que nuestras comunidades mantienen su actitud de resistencia, esperando continuar las conversaciones sobre los mecanismos de cumplimiento; aclarando que no estamos en época de negociaciones sino de exigencias, pues los compromisos del Estado colombiano con los pueblos indígenas del Cauca siguen vigentes.

Hoy, 30 de enero, al asistir a la reunión convocada por el gobierno nacional, llevábamos el mandato dado por la Junta Directiva Regional CRIC, de presentar nuestro rechazo al gobierno nacional por su planteamiento justificatorio a los incumplimientos de los acuerdos, expresado en la convocatoria. Asistimos para decir que al contrario de lo que afirman los voceros institucionales, ha sido nuestra voluntad de diálogo y convivencia la que mantiene abiertas las puertas a la conversación; aunque las comunidades han mostrado su impaciencia con actos simbólicos en donde la intolerancia gubernamental, apelando a la fuerza militar, ha causado actos de violencia. Sin embargo el gobierno no llegó a la hora citada y, al parecer, convocó a ciudadanos engañados por el discurso gubernamental de que los indígenas somos los culpables de la carencia de tierras de campesinos y afrosdescendientes; situación por la cual, la delegación volvió a nuestra Sede en Popayán y hemos resuelto enviar esta misiva directamente al Presidente Álvaro Uribe Vélez, con las siguientes consideraciones.

1. Convocar una reunión bilateral, indígenas y gobierno nacional, en un sitio convenido por la partes, diferente a la Gobernación del Cauca.

2. Organizar una agenda de trabajo que permita identificar:

a) Mecanismos claros para el cumplimiento a los acuerdos pactados en cuanto a tierras.

b) Reactivación de las mesas sectoriales del decreto 982 y del acuerdo de diciembre 2006

Finalmente, recordamos que nuestra gente continúa esperando que el señor presidente cumpla su palabra empeñada dos años atrás de su anterior mandato cuando expresó que si los indígenas del Cauca llegábamos de forma pacífica a Cali él se reuniría con nosotros. Igual queremos saber sobre la reunión exigida por los delegados de la Cumbre Nacional Itinerante, pues el gobierno nacional tiene el compromiso de responder al país por el tratamiento militar, que realizó con recursos del Plan Colombia, contra la movilización social de mayo del 2006.

CONSEJEROS MAYORES

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC

Popayán, enero 30 de 2007