El día miércoles 17 de enero del presente año se dio lugar a la Tercera Audiencia Pública en defensa de la vida, la libre autodeterminación y el territorio en el municipio de Toribío. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron a congregarse en la plaza las organizaciones invitadas y la comunidad en general, para dar inicio al evento.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo del gobernador de Toribío José Omar Vitonás, dando la bienvenida a todos los presentes y expresando la necesidad de denunciar públicamente los abusos cometidos a la comunidad indígena por parte de los grupos insurgentes y las arbitrariedades de las actuales reformas del gobierno de Uribe.

Posteriormente se continuó con el saludo de los gobernadores de los resguardos de Tacueyó y San Francisco y el de los representantes de las organizaciones participantes como la ONU, IRMO organización de Derechos Humanos de Londres, Inglaterra; el Movimiento Juvenil “Alvaro Ulcué”, la Defensoría del Pueblo, el Comité Andino, el Senado de la República y el movimiento Polo Democrático Alternativo.

A continuación se dio paso a la intervención del coordinador del Tejido de Justicia y Armonía Gabriel Paví, quien dio a conocer información sobre el proceso del Tribunal Indígena y explicó el concepto de Uus yhukt Phejni en la vida y cultura del nasa.

Gabriel Paví dijo que NASA UUS YUT’X PEHNXI equivale al Tribunal Indígena y es una nueva estructura que se ha venido conformando basada en los Derechos Humanos como una manera de velar por la convivencia y la vida digna del pueblo indígena.

El tribunal está conformado por las autoridades indígenas de los 17 cabildos de la zona norte del Cauca, es decir, los 17 gobernadores de los cabildos. Nasa significa gente, Uus significa corazón, yu t\'x pehnxi significa consejo; por eso, éste es el grupo que aconseja desde el pensamiento, con el corazón y el sentimiento nasa porque la naturaleza del nasa es de actuar sensiblemente frente a la madre tierra y a sus hermanos; el Tribunal Indígena está encargado de administrar la justicia desde el Derecho Propio, el Derecho Mayor, la Ley de Origen y el Derecho Constituyente, con el propósito de que los problemas sean analizados desde el contexto de su comunidad, su historia y su cosmovisión.

Esta nueva estructura -el tribunal- comenzó con el Primer Congreso zonal en el año 2002 en el municipio del Jambaló, hace parte del programa Jurídico de la Zona Norte y busca establecer como un programa jurídico propio para lograr una autonomía del gobierno local y la autoridad tradicional.

Los casos que se han asumido son de violación a los derechos humanos por parte del gobierno nacional:

En la primera sesión se trató el asesinato de Olmeo Ul, comunero de Huellas Caloto, hecho cometido por el Ejército Nacional bajo el mando del general Trujillo, en el corregimiento de El Palo Caloto. Se hizo la denuncia al Ejército, por ende a la fuerza pública y el Estado.

Asimismo se realizó la denuncia por el asesinato de Aparicio Uscue, cometido por el Ejército Nacional de la Brigada de Cali en el resguardo de San Francisco, cuando participaba de un ritual junto a su familia, el caso no se ha cerrado y siguen las investigaciones.

En la segunda sesión realizada se trató el cierre de la emisora Radio Nasa de Toribío en el año 2004, donde el Ministerio de Comunicaciones ordenó el cierre porque la emisora no tenía el permiso legal para utilizar el espacio electromagnético, este hecho se declaró como una violación del derecho a la palabra. En agosto de 2005 se citó a la ministra de comunicaciones y aunque no se hizo presente se logró que la emisora volviera a funcionar.

En la tercera sesión se denunció el asesinato del niño Wilder Fabián Hurtado, cometido por el batallón Pichincha de Cali bajo el mando del Teniente Espinel en septiembre de 2006 en la vereda de Zumbido de Jambaló.

El Tribunal Indígena sigue trabajando en otros casos a nivel zonal pendiente de la convivencia del pueblo indígena y velando porque los asuntos que se presenten tengan un proceso de solución.

El orden del día continuó con la intervención de Feliciano Valencia coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y Derechos Humanos – ACIN, con el tema de la denuncia pública de hechos violatorios al Derecho Internacional Humanitario. Las denuncias tienen que ver con abusos cometidos presentándose heridos durante los eventos comunitarios convocados por las autoridades y la comunidad; asesinatos que se han presentado en diferentes partes de la zona norte; amenazas a comuneros, dirigentes y líderes que han trabajado durante el proceso organizativo al interior de los pueblos; desplazamiento temporal al interior de los resguardos, definido así debido a los enfrentamientos que se han dado dentro de la zona obligando a los habitantes a desalojar temporalmente; retenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública en las poblaciones; de mecanismos de control que la guerrilla ha intentado establecer en las veredas; casos de abuso sexual que no están debidamente documentados a pesar de las evidencias que declaran que han sido cometidos por personas de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la guerrilla; afectaciones territoriales y casos de señalamiento a comuneros y comuneras.

Los responsables de estos hechos han sido miembros de la insurgencia y la fuerza pública, es decir guerrilla de las FARC, Ejército y Policía Nacional. Estos grupos han desvirtuado la realidad justificando sus actos vandálicos con el discurso de la justicia y la revolución; por parte de la guerrilla quienes se han atribuido el título de voceros de los marginados en contra del Estado como si se desconociera que sus objetivos cambiaron hace ya mucho tiempo y por eso los enfrentamientos se deben a problemas económicos; y por parte del gobierno con una política de seguridad que nada tiene que ver con ello, sino que al contrario ha infundido temor sobre la población zonal y del país en general.

Lo que se reitera en esta audiencia es la concientización para la búsqueda de una vida digna y que la lucha en defensa de la vida no se dará alzados en armas, no se patrocinará la guerra y la muerte para fortalecer los intereses políticos de estos grupos; lo que se quiere lograr es la humanización de la guerra, hacer un reconocimiento de la historia y el pensamiento propio para que desde estas bases se pueda construir una nación y un país.

Como último punto se dio paso a la posesión de la Guardia Indígena a cargo de la gobernadora de Caloto, Ana Deida Secue. Para la autonomía y defensa del proceso del Plan de Vida, prometiendo compromiso entre los participantes para velar por la comunidad indígena exigiendo a los actores armados y fuerza pública el respeto con el avance del proceso interno. Se alzan los bastones de todos los miembros, para posesionar la guardia en señal de este juramento ante Dios, la madre tierra, los espíritus, las autoridades tradicionales y la asamblea por el cumplimiento de este mandato que se entrega por la comunidad y para la comunidad, queda así reafirmada la responsabilidad de velar por la vida y los derechos humanos y sujetos a la orientación y las correcciones de la asamblea en su proceder para llevar a cabo este compromiso.