En Colombia todos los días estamos escuchando y leyendo sobre la vinculación del terrorismo a las luchas indígenas en boca de las más altas “dignidades” de nuestro país, pero igualmente se escucha el silencio de los mismos medios ante el atropello, la felonía y el maltrato al que históricamente esas mismas “altas dignidades” han sometido a la población indígena.

Pero si el problema es hablar de terrorismo, las reclamaciones de los pueblos indígenas fundamentadas en el incumplimiento de las sanciones impuestas al Gobierno para resarcir el terror y la zozobra perpetrada por paramilitares con la anuencia de agentes del paraestado en la masacre de 20 compañeros de la Hacienda El Nilo el 16 de diciembre de 1991, no son terrorismo. Pero qué decir de la movilización de 500 agentes del Esmad para impedir la protesta popular. ¿Esto no es terrorismo? La presencia de fuerzas paramilitares en el Congreso, ¿no es terrorismo? El amedrentamiento de electores para constreñirlos a favor de un candidato. ¿No es terrorismo? La presencia de parafuncionarios en los organismos de seguridad del Estado. ¿No es terrorismo? El concertar masacres, desplazamientos, desapariciones y otros hechos de barbarie desde las curules del parlamento y los despachos del ejecutivo. ¿No es terrorismo?

Acaso no es terrorismo, el acosar y atacar una Minga de Recuperación de nuestro territorio ancestral, concebida y entendida como un acto pacífico, para convertirlos en actos infames en donde el uso de la fuerza bruta policiva y militar ha desencadenado efectos lamentables y pérdidas irreparables de cientos de comuneros y en esta semana del agente de policía. Lamentamos este hecho, pero el mismo no puede convertirse en un argumento para desacreditar un movimiento que se ha movilizado para reivindicar los derechos que históricamente le han sido negados por el Estado colombiano. Por eso siempre nuestras autoridades tradicionales y comuneros tenemos presente que ante el fusil la palabra.

No permitiremos que las organizaciones hermanas del Movimiento Indígena Nacional sean acusadas de infiltradas o colaboradoras de cualquier actor armado. Nuestras organizaciones reivindican la autonomía pero a la vez proponen alternativas de paz y de justicia frente a políticas guerreristas excluyentes, que alimentan la brecha de la desigualdad social. Nuestras acciones de hecho son para reclamar derechos legítimos reconocidos en las Leyes nacionales e internacionales y en acuerdos que se han incumplido, que jamás alcanzarán a compensar la sangre derramada por nuestros hermanos. Esto no es terrorismo. Sí lo es, los más de cuatro millones de hectáreas que han acumulado los paramilitares con la clase dirigente nacional, como el mismo gobierno lo ha tenido que aceptar, desalojando a más de 3.000.000 millones de colombianos que hoy engrosan los cordones de miseria de las ciudades y municipios de nuestro país.

Por eso respaldamos y nos unimos por la lucha de la Liberación de la Madre Tierra de nuestros hermanos y damos nuestro respaldo entero a las movilizaciones convocadas por el CRIC y la ACIN, estamos convencidos que responden al clamor de las comunidades sin tierra y no a los intereses de actores armados; cosa contraria a la que parece estar sucediendo con el gobierno nacional.

Frente al fusil: ¡ La palabra!

Queremos morirnos de viejos

Comité Ejecutivo OIA,

Diciembre 1 de 2006