A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los indígenas y campesinos de las tierras bajas de Bolivia desde hace 10 días estamos marchando, como medida pacífica y sacrificada de protesta ante la postergación reiterada a nuestros problemas de acceso a la tierra y devolución de nuestros territorios ancestrales.

La Marcha es una decisión difícil para nuestros pueblos y familias, pero la asumimos con valor y coraje, pues la historia nos ha demostrado que es la única manera de ser escuchados. Esta tradicional forma de lucha pacífica se enmarca en el Estado de Derecho en la búsqueda de equidad y justicia para nuestros pueblos y comunidades.

Hemos demostrado, con nuestra participación en los escenarios de concertación y diálogo sobre el proyecto de Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria – modificatorio de la Ley INRA, que lleva ya más de cinco meses, nuestra voluntad de avanzar en la construcción de una norma que respete a los que verdaderamente trabajan la tierra, todo con la finalidad de reparar las injusticias históricas en la inequitativa realidad agraria del país.

Hay quienes con la finalidad de proteger intereses de pequeños grupos de latifundistas, se esfuerzan por manipular y engañar a la opinión pública con mentiras, con actitudes irresponsables y de doble moral, que queremos sean conocidas y aclaradas:

1. FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL (FES)

Inversiones

La FES son los trabajos que se deben desarrollar, demostrar y cumplir en las medianas y grandes propiedades para que les sean reconocidos derechos propietarios, en aplicación de la Constitución Política del Estado.

Qué piden algunos latifundistas?

Que las inversiones hechas en sus predios, además de garantizar su derecho propietario, sirvan para que se les de más hectáreas. Es decir, quieren tierra adicional por las alambradas y mejoras realizadas. La actual ley dice que la inversión en medianas y grandes propiedades es una condición indispensable.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que se respete la inversión privada hecha con esfuerzo y sacrificio en los predios y se les reconozca como FES, es decir que sirvan como prueba de que están trabajando la tierra. Esto es seguridad jurídica.

2. DESMONTES ILEGALES

En todo el país, según datos de la Superintendencia Forestal, la tasa de desmonte (desbosque con fines agropecuarios) es de 200.000 hectáreas por año. A este ritmo en pocos años nuestros bosques desaparecerán. El desmonte ilegal es otra forma de cómo los traficantes de tierra pretenden demostrar trabajos agrarios en el saneamiento. El caso más representativo es el Pueblo Guarayo, donde se han desmontado más de 400.000 hectáreas en los últimos 3 años. En esta ilegalidad están implicados varias ex autoridades del INRA y ex Vocales del Tribunal Agrario Nacional, hoy convertidos en asesores de los empresarios, así como diputados y senadores de Santa Cruz.

Qué piden algunos latifundistas?

Que los desmontes ilegales sean reconocidos como trabajos válidos para demostrar la FES.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que, los desmontes ilegales, realizados en cualquier lugar del país, no sean reconocidos como FES. Lo ilegal no puede ser fundamento del derecho propietario.

3. PERSONALIDADES JURÍDICAS

En la actualidad el derecho a la tierra y la devolución de los territorios vienen siendo obstruidos por los sectores de poder local y departamental, sobre todo en el Oriente, negando el derecho fundamental al reconocimiento de la Personalidad Jurídica de organizaciones y comunidades indígenas y campesinas.

Qué piden algunos latifundistas?

Que las cosas se mantengan como están y que las autoridades locales y departamentales tengan esta atribución exclusiva, amparándose en la “AUTONOMIA AL ATROPELLAR”. Los sectores de poder que controlan las instancias locales, seguirán negándonos este nuestro derecho constitucional.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que el Presidente de la República, en función a que es Presidente del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), si existiera negativa o retraso injustificado por más de 30 días de las autoridades locales o departamentales, pueda otorgarnos la personalidad jurídica.

4. EXPROPIACIÓN

El proceso de saneamiento de territorios indígenas (TCO) actualmente está planteado al revés. Se sanea a los propietarios privados que están al interior, se los consolida en la mayoría de los casos y lo que resta queda para los pueblos indígenas demandantes. Por eso existen esclavos o cautivos en haciendas ganaderas y otros sin tierra donde vivir. La Expropiación previo pago del precio justo debe servir para recuperar tierras.

Qué piden algunos latifundistas?

Que la expropiación sea para recuperar tierras solamente para cuatro pueblos indígenas.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que la expropiación que tiene como causal la utilidad pública, no se restringa a cuatro pueblos sino para los que queden con tierra insuficiente. Sólo de esa manera se garantizará su subsistencia y reproducción social y cultural.

5. REVERSIÓN

La Ley INRA estableció en violación a la CPE que la tierra ya no es más para quien la trabaja, sino para quien paga impuestos. Ahora se pretende reponer este error histórico. La propiedad que no esté siendo trabajada debe ser revertida parcial o totalmente.

Qué piden algunos latifundistas?

Que luego de concluido el proceso de saneamiento, sólo pueda verificarse que siguen trabajando la tierra cada 7 años.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que luego de concluido el proceso de saneamiento y sólo para aquellas propiedades en las que existieran indicios de que no están siendo trabajadas, se pueda verificar nuevamente la FES. Sólo de esa manera se podrá garantizar lo que manda la Constitución: Las tierras son para quién las trabaja.

6. TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES

El mercado ilegal de tierras ha hecho que se transfieran propiedades sin trabajo u obtenidas fraudulentamente sin ningún registro ni control. Por eso es necesario mantener un catastro rural actualizado, en el que se tengan registradas las propiedades agrarias, con la finalidad de clarificar y transparentar la situación de tenencia de la tierra.

Qué piden algunos latifundistas?

Bajo el argumento del respeto del derecho propietario a disponer libremente de sus tierras, incluso sin control del Estado, se niegan a aceptar el registro de propiedades.

Qué pedimos las Organizaciones Sociales?

Que todas las transferencias sobre predios rurales sean previamente registradas por el INRA, y así mantener el catastro rural actualizado.

Finalmente dicen que se los está avasallando y que se está imponiendo posiciones y eso es absolutamente falso. Dicen que con la norma que proponemos se quitarán todas las tierras en el oriente boliviano y al contrario lo que pretendemos es corregir las distorsiones del actual proceso agrario, garantizando seguridad jurídica a quienes trabajan la tierra.

No nos amedrentan las acciones violentas financiadas por los latifundistas ilegales, promovidas por autoridades locales y departamentales, como la sucedida el día de ayer 13 de noviembre, cuando utilizando a ex dirigentes dedicados a vender tierras, y que han sido expulsados de nuestras organizaciones, pretendieron violentar las oficinas de la CIDOB, aprovechando que estamos marchando sin que podamos defendernos.

Defenderemos nuestros planteamientos ahora y lo haremos nuevamente en la Asamblea Constituyente. Esta es la verdad, que el pueblo boliviano juzgue si quiere el latifundio o justicia social.

Por las organizaciones marchistas,

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COLONIZADORES DE BOLIVIA Y SUS REGIONALES

FEDERACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BARTOLINA SISA Y SUS REGIONALES

CONFEDERACION SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA Y SUS REGIONALES

MOVIMIENTO SIN TIERRA BOLIVIA Y SUS REGIONALES

COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS SANTA CRUZ Y SUS REGIONALES

CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA

CENTRAL DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL CAMPO

CENTRAL DE PUEBLOS ÉTNICOS MOXEÑOS DEL BENI