Un considerable número de organizaciones indígenas a lo largo del país participaron en el llamado Debate Nacional de los Pueblos Indígenas 2006, instancia por medio de la cual el Gobierno buscó conocer las demandas de los diferentes pueblos, a fin de elaborar una agenda que permita establecer políticas públicas en que nuestros requerimientos sean efectivamente tomados en cuenta y satisfechos.

Los cuatro gobiernos de las Concertación han realizado formalmente diversas promesas al mundo indígena, y sólo algunas se han llevado a efecto. Sistemáticamente, los problemas de fondo de los pueblos originarios siguen sin resolverse. Por eso, el actual Debate Nacional de los Pueblos Indígenas buscó centrar la discusión en torno a tres grandes ejes: el reconocimiento constitucional, la ratificación del convenio 169 de la OIT y la evaluación de las políticas públicas.

Las organizaciones de los indígenas urbanos presentes entre las regiones III y VI han asumido la participación en este proceso de Debate. Par ello, se realizaron encuentros en todas estas regiones y en los sectores Oriente, Sur, Norte y Poniente de la Región Metropolitana, convocados por la Consejería Indígena Urbana, a los que fueron invitadas todas las asociaciones existentes en cada espacio territorial, de acuerdo a los llamados hechos por equipos locales organizadores.

La evaluación realizada por los indígenas urbanos demuestra que ha habido poco interés por parte del Gobierno por cumplir las deudas históricas que el Estado y la sociedad chilena han contraído con los pueblos originarios. No se han tomado en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, muchas de las promesas electorales no han sido sino sólo eso, ha faltado una política de reconocimiento y reparación a favor de los indígenas urbanos.

"Los indígenas urbanos no estamos en competencia con nuestros hermanos de las comunidades rurales. El Estado nos ha puesto a pelear entre nosotros, pero no hemos caído en la trampa y no queremos migajas, sino una efectiva reparación a favor de todos. Los indígenas urbanos somos consecuencia de las políticas de despojo en contra de nuestros antepasados y hermanos de las comunidades, que al perder las tierras buscan la subsistencia en las ciudades. La reparación debe llegar a todos", son algunos de los planteamientos del Consejero peñi José Llancapan Calfucura.

Asimismo Llancapan ha resaltado que el llamado Nuevo Trato (o Nueva Relación entre el Estado y la sociedad chilena con los pueblos indígenas), no es solo una responsabilidad del Gobierno, sino del estado y la sociedad chilena en su conjunto. Especialmente, el nuevo trato debe provenir de la sociedad civil; esta nueva relación y la política de reparaciones correspondientes, deben ser promovidas también por las Iglesias, los partidos políticos de todas las tendencias, las organizaciones de la sociedad civil.
Sobre la política en favor de un reconocimiento constitucional, el Consejero y los indígenas participantes en los encuentros, exigen que los contenidos de éste sean efectivos, se trate de reconocer que en este país existen pueblos y no ‘etnías’ ni grupos sin derechos colectivos. "No queremos un ‘reconocimiento’ sin valor, sin carácter vinculante, como las propuestas que hasta ahora se han ofrecido, que es como poner en la portada de la Constitución la foto de un indígena, sin llevar en su interior definiciones de fondo en relación a nuestros pueblos, anteriores a la organización y constitución del Estado chileno. A ese tipo de reconocimiento nos opondremos, como hemos hecho en otras ocasiones". Para el pleno reconocimiento de los derechos colectivos, es urgente que la sociedad chilena y pueblos indígenas promulguen una nueva constitución, pensada y redactada en democracia, con plena participación de todos. No podemos mantener la imposición de la Constitución de 1980, generada con un espíritu de opresión contra los pueblos de este país.

El Debate Nacional, a nivel de indígenas urbanos, ha buscado conocer directamente de las asociaciones organizadas, cuál es un grado de participación y de conocimiento frente a los grandes problemas políticos que afectan a nuestros pueblos. Ha buscado asimismo, un compromiso mayor por la participación política, superando el interés meramente "culturalista" que algunos hermanos manifiestan. "Si no nos organizamos y participamos políticamente (lo que no significa entrar al partidismo wingka), los indígenas urbanos sólo seremos el grupo folklórico más grande del país" ha señalado el Consejero. Los indígenas urbanos de Santiago tienen formada su Comisión Política, que se está preocupando de organizar la capacitación de los hermanos y hermanas en estas materias.

Los temas principales de las políticas públicas, así evaluadas por medio de comisiones en cada encuentro, se refieren a los siguientes ejes:

* Políticas Públicas y Participación. Especialmente se debate acerca de impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

* Fomento Productivo.

* Salud Ancestral.

* Patrimonio Indígena, Educación y Cultura.

* Vivienda y Ordenamiento Territorial

En los diversos encuentros celebrados por los indígenas urbanos, ha habido consenso en demandar al gobierno mayor atención hacia la parte urbana de los pueblos originarios, sin restar recursos al mundo rural, que constituye el espacio de generación de la cultura ancestral. Asimismo, hay acuerdo en exigir la ratificación del Convenio 169 y en impulsar (cuando haya condiciones para ello) un verdadero reconocimiento constitucional. El mundo indígena urbano organizado, demanda políticas públicas con pertinencia intercultural y efectividad, con sustento en recursos que la hagan realizable en la práctica. Especialmente, se demandan políticas interculturales en salud, educación, vivienda y fomento productivo. Particular interés tiene la demanda de derecho a la educación gratuita en todos sus niveles, para todos los indígenas, por el hecho de tener la calidad de tales y no mediante el sistema de un reducido número de becas, sistema excluyente y que ha resultado ser no para indígenas sino para indigentes, como se ha reiterado en los encuentros. Asimismo, se trata de obtener políticas con pertinencia para los indígenas, y no homogeneizantes como las que pretenden imponer algunas autoridades (incluidos ministros del actual gabinete), que por ignorancia más que mala voluntad política, desconocen que los indígenas tenemos particularidades que nos distinguen de los chilenos en general, no obstante predomine entre todos la pobreza a que nos han llevado siglos de imposición de estrategias de opresión, hoy exacerbadas por el neoliberalismo dominante.

En general, se han reconocido los avances logrados en los años de gobiernos democráticos, pero se valoran más como resultado de la lucha y movilización de los pueblos indígenas que como producto de la buena voluntad de las autoridades. Se ha llegado a la conclusión que los resultados de las políticas públicas podrían haber sido mucho más favorables para los pueblos indígenas, pero ha faltado voluntad política para poner en práctica las promesas electorales, los acuerdos de diversas mesas de diálogo, consultas, resultados del Informe de Verdad y Nuevo Trato y desde luego las recomendaciones de la ONU y organismos de derechos humanos. Por eso, las autoridades públicas siguen en deuda con los pueblos indígenas.

Se valora la conclusión del Debate en el Congreso de los Pueblos Indígenas, donde ha habido suficiente consenso para aprobar los ejes centrales de nuestras demandas y la Presidenta de la República ha comprometido su voluntad política para impulsarlos. Esperamos su cumplimiento y nos hacemos parte en su seguimiento.

Santiago (Mapuche waria mew), 5 de octubre de 2006

CONSEJERÍA INDÍGENA URBANA

Equipo Comunicacional

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