Si a las opiniones contra nosotros como Indígenas se les da carácter de decreto ley, es simplemente porque se trata de una maniobra dilatoria que viola los derechos de los Pueblos Indígenas, más cuando se ha demostrado en las reuniones que se han tenido que dichas cartas no tienen ningún sustento técnico ni jurídico.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL, CAUCA ACIN

La verdad sobre el proceso de reparación integral a los pueblos indígenas del cauca en el marco de los acuerdos firmados e incumplidos por el gobierno

El 2° de Septiembre del año 2005, las comunidades afectadas por la Masacre de El Nilo lanzaron su proclama Libertad para la Madre Tierra y decidieron ocupar la hacienda La Emperatriz en el Municipio de Caloto. Fue el resultado de 14 años de espera por la Reparación Integral convenida por el Estado Colombiano que reconoció su responsabilidad en la misma. Fue también una respuesta al congelamiento de la adquisición de tierras para comunidades indígenas, practicado por el actual gobierno.

Para cumplir con la Reparación Integral por la masacre del Nilo hace falta la adquisición de más de 6.616 Hectáreas, además de la puesta en marcha de varios programas sociales. Y para los pueblos indígenas del Cauca, según estudios del INCODER, son 232 mil hectáreas las que hacen falta para suplir las necesidades de tierra en un promedio de 8 hectáreas por familia.

Desde el año 2002 se redujo drásticamente el presupuesto que se otorgaba al Incora para adquirir tierras para comunidades indígenas. En el año 2003 el Gobierno liquidó el INCORA sin consultar nada con los Pueblos Indígenas sobre las funciones de ese instituto que tienen que ver con su futuro, las cuales fueron transferidas al INCODER, sin personal suficiente, sin presupuesto y especialmente sin voluntad política. Las sumas presupuestadas en los años 2003 - 2004 fueron ínfimas y en el año 2005 fracasó un convenio con la Gobernación del Cauca para dotar de tierras a las Comunidades Indígenas.

La Liberación de la Madre Tierra en La Emperatriz y la que ocurrió en 20 haciendas más del Cauca entre Octubre y Noviembre del año 2005, fueron pues consecuencia de la decisión Gubernamental Nacional y Departamental de no adquirir tierras, de no hacer Reforma Agraria y por tanto, de incumplir con la Reparación Integral por la Masacre de El Nilo y con los demás acuerdos firmados.

Como resultado de la ocupación de La Emperatriz y luego de Guayabal, se suscribió un acta de cumplimiento con el Gobierno, en la cual éste se comprometió a medidas concretas para cumplir con la Reparación Integral. Entre estas medidas está la destinación de 10 mil millones de pesos ($10.000.000.000) al Ministerio del Interior durante el año 2006 y otro tanto durante el año 2007, para adquirir parte de las tierras requeridas para la reparación aceptada. Además, 1.320 millones ($1.320.000.000) del presupuesto de 2005, que no fueron pagados, debían usarse para pagar 1.047 hectáreas de fincas ya negociadas en el Norte del Cauca. Otros 4 mil millones ($4.000.000.000) del presupuesto del año 2006 debía destinarse a compra de tierras para diferentes comunidades del Cauca en los términos del decreto 982 de 1999. También se definieron estudios y programas de fortalecimiento institucional y atención a comunidades.

Este año efectivamente el Gobierno destinó las partidas presupuestales con que se comprometió, pero hasta el momento no se ha entrado el primer centímetro de tierra. En realidad, un frente conformado por las Sociedades de Agricultores y Ganaderos del Valle y Cauca, la Gobernación del Cauca, algunos Alcaldes y el Ministerio de Agricultura, ha desarrollado una táctica dilatoria para impedir a toda costa la adquisición de tierras.

En febrero del año 2006, el INCODER ya había realizado una primera visita a una lista de predios ofrecidos por los propietarios, determinando conceptos positivos o negativos para su adquisición. De los predios con conceptos positivos, las Autoridades Indígenas seleccionaron doce: los que están en zonas planas, son aptos para producción agropecuaria, tienen más de 50 hectáreas y permiten continuidad territorial. Luego se dio prioridad a seis (6) de estas doce (12), sin que eso signifique que no se puede comprar las otras, según como marche el proceso de negociación. Y finalmente por solicitud de la Doctora Josefina Araujo se envió un último listado radicado con fecha 26 de Septiembre del presente año, en los cuales se priorizan 33 predios con un total de 5.006.56 hectáreas. Aclarando que el total de hectáreas a adquirir son 6.615; si el gobierno esta dispuesto a cumplir quedarían faltando por identificar y proceder a las negociaciones 1.608.04 hectáreas.

De común acuerdo en reunión de comisión, de Indígenas y el Gobierno, se determinó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, sería el ente encargado mediante convenio, para que ejecutara los recursos del Ministerio del Interior, en atención a que la situación del INCODER no es favorable para que asuma este papel. Los escándalos que involucraron a directivos del INCODER probaron los problemas políticos que impiden que el trabajo de sus empleados culmine en acciones beneficiosas para la población rural necesitada.

Aunque el PNUD aceptó la misión que se le propuso, aún no se ha firmado el convenio, no se le ha transferido el dinero y por tanto no ha comenzado el proceso de adquisición de tierras, debido a la táctica dilatoria Departamental y Nacional a que se ha hecho referencia, consistente en propiciar con amigos políticos de diverso orden, el envío de cartas que se oponen a la adquisición de los predios, cuyas listas han conocido determinadas autoridades departamentales al asistir a las reuniones establecidas para el seguimiento del acta de Acuerdo.

Desde luego cualquiera tiene derecho a escribir cartas con sus opiniones, pero de ninguna manera una carta es una ley. Las cartas no son actos jurídicos que impidan la compra-venta de un predio, sino opiniones ciudadanas. ¿Por qué no se suspendió la negociación del TLC, no sólo por las muchas cartas que hemos enviado sino por la consulta popular en que participaron el 85% de los ciudadanos de 6 municipios del Departamento del Cauca?

Si a las opiniones contra nosotros como Indígenas se les da carácter de decreto ley, es simplemente porque se trata de una maniobra dilatoria que viola los derechos de los Pueblos Indígenas, más cuando se ha demostrado en las reuniones que se han tenido que dichas cartas no tienen ningún sustento técnico ni jurídico.

El Concejo del Municipio de Piendamó por iniciativa de su Alcalde, aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial POT que excluye la constitución o ampliación de Resguardos Indígenas en el Municipio. Esto viola en forma flagrante el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la convención contra la discriminación racial. Además contradice la sentencia 795 de 2000 de la Corte Constitucional que declaró inexequible e inconstitucional el artículo 7 de la Ley 388 que pretendía que los POT municipales regularan los Territorios Indígenas. Ellos lo saben, pero tratan de buscar cómo impedir la adquisición de tierras para comunidades indígenas.

El POT de Piendamó se ha convertido ahora en el modelo a establecer Nacionalmente, ya que el ministro de Agricultura ha elaborado un Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que en su artículo 143 establece que la constitución y ampliación de Resguardos se supeditará a los POT de los Municipios. Queda con este proyecto probado que el Gobierno hace parte de la gran maniobra destinada a impedir la adquisición de tierras y el cumplimiento de la reparación integral por la Masacre de El Nilo.

En estas circunstancias, el CRIC y la ACIN le exige al Gobierno Nacional:

1. Transferir rápidamente los 10 mil millones de pesos ($10.000.000.000) del presupuesto nacional, vigencia 2006, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, tal y como se ha convenido, para que esa entidad, de acuerdo con el procedimiento, adquiera predios destinados a la Reparación Integral al Pueblo Nasa por la Masacre de El Nilo.

2. Asignar presupuesto para la vigencias futuras según lo pactado en los acuerdos firmados.

3. Cumplir con todo lo pactado en el marco del decreto 982 según el acta firmada con el CRIC en diciembre de 2005.

4. Actuar de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y de acuerdo con lo conciliado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, de manera que el cumplimiento de las obligaciones del Estado para adquirir tierras para los Indígenas no sea impedido u obstaculizado por cartas o u opiniones, por respetables que ellas sean.

5. No incluir en el proyecto de ley de desarrollo rural ningún artículo que impida la adquisición de tierras y ampliación de resguardos indígenas; en otras palabras ningún artículo que impida el cumplimiento de los acuerdos firmados.

Es claro que las maniobras dilatorias para no cumplir con los acuerdos firmados hacen parte de otras acciones contra el pueblo, como la firma del TLC; la venta del 20% de ECOPETROL, el cierre de ADPOSTAL; los proyectos de ley para reducir las transferencias a los Municipios e imponer el IVA a los alimentos de primera necesidad; y la falta de una política clara tendiente a resolver la difícil situación que sufren los más de Tres Millones de desplazados por los diferentes actores armados.

Ante esto y después de 13 meses de dilatación para el cumplimiento de los acuerdos la ACIN y el CRIC no pueden detener cualquier acción o decisión que las comunidades del Cauca y las comunidades afectadas por la Masacre del Nilo tomen en asamblea, máxima instancia de autoridad. Esto lo manifestamos debido a que en la MINGA COMUNITARIA, realizada el 13 de septiembre del 2006 en conmemoración del primer año de la firma del Acta de Concertación, varias comunidades hicieron llegar comunicados a los cabildos, a la ACIN y al CRIC haciendo referencia al incumplimiento del Gobierno y que por lo tanto seguirían en el ejercicio de la Liberación de la Madre Tierra.

Hacemos un llamado a los Organismos Nacionales e Internacionales de Protección de Derechos Humanos, para que se vigile el cumplimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral a los pueblos afectados por masacres, desplazamiento y expropiación en décadas de conflicto armado.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC

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