Sin trincheras: legislando desde lo propio
Intervención del presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC
Luis Évelis Andrade Casama, en el Foro Nacional por la Vida y la Dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia, en el marco de la Misión Internacional de Verificación en Bogotá.
"Hoy como ayer continuamos en resistencia, por la misma situación que se presenta desde hace 514 años: la extinción de nuestros pueblos, por obra de un modelo económico basado en la guerra, la negación de nuestra dignidad humana, la discriminación étnica, el despojo territorial, las nuevas y viejas enfermedades, y la desnutrición crónica. En aquel entonces habitábamos (en lo que hoy es Colombia) cerca de 10 millones de personas y mucho más de 250 pueblos indígenas. Pasados tres siglos de continuo atropello sólo sobrevivíamos 460 mil indígenas. Durante los últimos dos siglos hemos logrado duplicar nuestra población y hoy somos alrededor de 1 millón de personas que integramos cerca de 100 pueblos.
En la actualidad, vemos con enorme incertidumbre la profundización de la colonización bajo un nuevo modelo económico que llaman neoliberal. Se trata de un escenario compuesto por: 1) Los más altos niveles de ausencia de justicia (impunidad) y corrupción entre los funcionarios de gobierno; 2) Un conjunto de reformas legislativas, presupuestales, tributarias, institucionales y electorales, orientadas a una contrarreforma constitucional regresiva, en materia de derechos humanos. 3) Un modelo de gobierno personalista cuyo imperativo principal es el militarismo y la militarización de nuestros territorios y procesos; 4) Un conjunto de acciones privadas y públicas, legales e ilegales, orientadas a una contrarreforma agraria, basada en la expropiación territorial, que no toma en cuenta los mecanismos nacionales e internacionales para la consulta previa de nuestros pueblos; 5) Un modelo económico y de desarrollo que privilegia la tala de bosques, la implantación de cultivos de caucho y palma aceitera, la ganadería extensiva, la privatización de los recursos naturales, entre muchos otros. 6) Un proceso de desmovilización y reinserción ficticia de los grupos paramilitares que no contempla ni la verdad, ni la justicia ni la reparación. 7) Una dinámica de recrudecimiento e intensificación del conflicto armado a partir del abandono de la retaguardia estratégica por parte de las FARC; 8) Un entorno de minimización, incumplimiento, irrespeto, y desprotección de los derechos humanos, en el cual sus defensores y nuestras organizaciones sociales, no gozan del beneplácito del gobierno actual, y por el contrario son descalificado/as, amenazado/as y vulnerado/as cada vez más.
Y esto surge ante nuestros ojos, cansados de tanta muerte, justo cuando a través de diferentes luchas logramos transformar nuestro reconocimiento legal (en el marco de la Ley 89 de 1890); por el reconocimiento constitucional de nuestra autonomía, autodeterminación como pueblos, y la posesión ancestral e histórica de nuestros territorios, a través de la puesta en marcha de la Ley 21 de 1991 (que ratifica el Convenio 169 de la OIT).
En este proceso, el reconocimiento del territorio como institución político-administrativa (ejercicio de gobierno, educación, salud y justicia propias), ha sido posible articularlo con un marco de nuevos mecanismos ciudadanos para la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos, a través de la “Acción de tutela” y la “Acción popular”. De este modo, avanzamos hacia la consolidación legal de la constitución, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos, con el fin de evitar su
fraccionamiento o su transformación en “reservas indígenas”.
Pero hoy, el panorama para nuestros pueblos indígenas es bastante desalentador, dado que el Gobierno Uribe (quien tiene un 70% en el Congreso) ha planteado una serie de reformas legales, que amenazan nuestros territorios y el acceso a los derechos conquistados con nuestro proceso de lucha y resistencia.
Sabemos bien que nuestros problemas no sólo obedecen al conflicto armado, puesto que sus causas estructurales obedecen a unas lógicas asociadas al modelo económico que involucra a las multinacionales de la minería, madera, petróleo, biodiversidad y farmacéutica, que tienen interés sobre nuestros territorios, las cuales intentan generar la guerra en los mismos, culpabilizarnos y desplazarnos, para que no exijamos ningún derecho.
En este momento, por ejemplo, está cursando en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el Gobierno, que se llama Ley de Desarrollo Rural o “Estatuto de desarrollo rural y reforma del INCODER”, en él cual se plantea no crear más resguardos indígenas, así como la reducción del tiempo de prescripción de nuestros derechos sobre los territorios, cuando hemos sido desplazados. Vemos esto como un peligro, porque la historia nos ha mostrado que cada vez que los terratenientes y algunos sectores económicos han querido apropiarse de la tierra, han impulsado procesos de guerra y persecución, bajo el pretexto de que somos colaboradores de la insurgencia. Es decir, tememos que podamos ser desplazados masivamente de nuestros territorios bajo la estrategia de combatir a la guerrilla y el narcotráfico (a través de la guerra y las fumigaciones, en el marco de del Plan Colombia, marco asociado al desarrollo del TLC), y que pasados cinco años, las comunidades que no puedan regresar a sus resguardos y asentamientos no titulados, pierdan sus derechos.
Como lo hemos constatado, a través del Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC, se ha agudizado nuestra situación de crisis humanitaria. Mientras que en el periodo comprendido entre enero y agosto del 2005, registramos 85.925 casos de violaciones, infracciones y la vulneración de derechos colectivos; durante los mismos ocho meses del 2006, dicho estimativo se triplicó con creces: ascendió a 305.278 casos; que afectó en mayor proporción a las mujeres y a las nuevas generaciones indígenas, especialmente a los niños y niñas que se encuentran entre los cero y diez añitos de edad (alrededor del 59%).
Hoy sobrevivimos al genocidio y al racismo en medio del fuego cruzado de los actores armados. Somos 18 pueblos en vías de extinción por falta de una política estatal de derechos humanos para pueblos indígenas, y más de 40 pueblos que somos víctimas de asesinatos selectivos de nuestros líderes, voceros, y autoridades tradicionales. Son homicidios que forman parte de estrategias destinadas a descabezar y desorganizar, a desintegrar social y culturalmente a nuestros pueblos.
Como lo manifestó el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, Sr. Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre la Misión a Colombia: “Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas”. El Relator Especial pudo constatar “la limpieza étnica, el genocidio y el etnocidio del pueblo kankuamo a pesar de las medidas cautelares de protección demandadas por [la] Defensoría del Pueblo y la CIDH, así como los diversos llamados urgentes por parte de varios mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos.
De acuerdo con CECOIN, la tasa nacional de homicidios para 2005 era 341,8 por cada 100.000 habitantes, tasa que es menor a la de los pueblos indígenas colombianos, especialmente entre los Emberá Katío (477,2 por cada 100.000 habitantes), y los Tule (que alcanza los 812,3), multiplicando varias veces la tasa nacional del 2005. Los Emberá Katío comparten con los Kankua¬mos la característica de ser afectados masivamente respecto del total nacional indígena y al mismo tiempo en la intensidad y proporción de las violaciones respecto de su población; comparativamente son los pueblos indígenas más fuertemente atacados.
Hoy vemos con indignidad como el gobierno se empeña en legalizar una política que solo pretende lo irreparable, mientras continúa la guerra en nuestros territorios y cunde la desprotección estatal para nuestros pueblos. Observamos impávidos como en los procesos de negociación y desmovilización paramilitar no se contempla ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación. Advertimos como transforman sus efectivos en agentes auxiliares de la fuerza pública, como reconvierten su capacidad de control territorial mediante el estableciendo de cordones agroforestales, orientados al aislamiento y confinamiento de nuestros pueblos. Todo esto bajo el pretexto de una guerra antiterrorista y/o antinarcóticos; buena parte de ella situada en los ecosistemas estratégicos que hemos conservado por miles de años, ahora proyectados para la explotación por parte de compañías multinacionales.
Ante tal situación de crisis humanitaria y proceso de pacificación, exigimos al Gobierno y al Estado la verdad sobre nuestros muertos y desaparecidos, la recuperación de nuestra memoria; además reclamamos la posibilidad de formular y adelantar una propuesta de paz de los pueblos indígenas de Colombia.
Es por todo esto, que dimos el primer paso, a sabiendas de que no podemos hacerlo solos; necesitamos alianzas con los restantes sectores sociales del país, con otros pueblos indígenas del mundo, con la comunidad internacional y con los organismos internaciones que velan por nuestros derechos. En este sentido, acogimos lo que a nuestro parecer consideramos las tres principales recomendaciones del Señor Relator Rodolfo Stavenhagen:
1) Creación de “zonas de paz indígenas libres de cualquier operación militar, bajo supervisión internacional”, como respuesta a la creciente militarización de la vida cotidiana de nuestros pueblos, comunidades y territorios.
2) la formulación y puesta en marcha de “un programa de emergencia de atención a comunidades indígenas en peligro de extinción”, en particular, para los Siripu y los Nukak Makú y otros 7 pueblos de la Orinoquía.
3) Establecer una “comisión amplia e independiente para vigilar” la “plena aplicación” del DIH y “el respeto de los DDHH” de los pueblos indígenas. En cuanto a esta última, acudimos al principio de autonomía y autodeterminación como pueblos, mismo que se sustenta en nuestra justicia propia, para implementar lo que hoy nos convoca, una “Comisión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia”, que nos permita incidir nacional e internacionalmente.
Al tomar en cuenta estos aspectos, salta a la vista la inexistencia en Colombia de una Política Estatal para Pueblos Indígenas (sistémica, oportuna, eficaz y con recursos suficientes). En este sentido, pretendemos con nuestra participación e iniciativas, incidir para su formulación y puesta en práctica, con el ánimo de evitar la extinción de nuestros pueblos.
La idea es que a partir de la MIV se pueda levantar un informe y hacer un trabajo de incidencia en Estados Unidos y en Europa. La Misión tiene como objetivos: evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas; visibilizar nuestras problemáticas; y constituir, a partir de esta Misión, un equipo de observadores permanentes sobre la situación de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. La idea y la decisión es generar las condiciones para establecer en Colombia una sección del Tribunal de los Pueblos sobre el Genocidio, para el año 2008.
Se trata de un enorme esfuerzo de exigibilidad de nuestros derechos, con el fin de que frente a los crímenes cometidos contra nuestros Pueblos, cada uno de los autores intelectuales y materiales de estos, respondan ante el tribunal de los Pueblos Indígenas y las justicias propias de cada uno de los pueblos vulnerados. Con ello, no sólo cuestionamos la ausencia de justicia oficial (impunidad que asciende al 99%), sino que también reivindicamos el derecho de aplicar la jurisdicción especial indígena en nuestros territorios, como viene ocurriendo en Toribío y Jambaló.
Hoy sabemos que las recomendaciones para el Gobierno demandadas por el Relator, respecto del conflicto armado, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; orientadas a su obligación de protección, respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; la labor gubernamental se ha restringido a divulgar la supuesta disminución de las violaciones e infracciones cometidas contra nuestros pueblos, basada en el subregistro de información, bajo la premisa de que la fuerza pública no constituye un actor armado del conflicto y por tanto no debe ser tenido en cuenta dentro de sus limitadas bases de datos.
La falta de voluntad política del gobierno actual y su esfuerzo por tapar con un dedo lo que ocurre en el país, y especialmente lo que acontece con nuestra vida como pueblos indígenas, es cada vez más un “secreto público”. Es patético encontrar en los resultados de los sistemas de información del Estado y el Gobierno, la invisibilización estadística del desplazamiento, para citar sólo un ejemplo: las cifras del Censo Nacional 2006, señalan que la población total desplazada en Colombia está alrededor de las 800.000 personas, mientras que Acción Social tiene en sus registros, por cierto muy deficientes y con carencia de rigor sobre la diversidad étnica en el país, una cifra que ronda los 2 millones de personas. Pero para muchos colombianos y colombianas esto no es nada raro, cuando el gobierno actual afirma que en Colombia no hay conflicto armado".
Bogotá, D.C. 28 de septiembre de 2006
Foro Nacional por la Dignidad y la Vida de los Pueblos Indígenas de Colombia
Fuente: Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC