Una mayora nasa con un niño a sus espaldas cogió un bulto de arena de una de las trincheras que había en Toribío, se lo echó al hombro y lo llevó hasta el puesto de policía de 900 millones que fue construido en este municipio. Más de 1500 personas hicieron lo mismo con las 8 trincheras que convertían a este pueblo en un bunker de la fuerza pública.

Así las comunidades indígenas de Toribío, concentradas en asamblea permanente desde el día lunes, hicieron cumplir el fallo del Tribunal indígena que había dado un plazo de 71 horas, plazo vencido el domingo pasado, para que la policía nacional asentada en Toribío y Jambaló desmantelara las trincheras y entregara los sitios que pertenecen a la comunidad. Ante el incumplimiento de la fuerza pública la comunidad decidió actuar.

Niños, jóvenes y ancianos participaron de este acto de dignidad. Mano a mano y hombro a hombro desmantelaron cada una de las trincheras, llevando sus componentes, bultos de arena, plásticos y guadua, a las instalaciones del puesto de policía.

“Con esto les quitamos la cama a estos pícaros” decía algún comunero, en referencia a que las trincheras eran utilizadas por los agentes de la policía para entrar a niñas y jóvenes a tener relaciones sexuales.

Estas garitas estaban ubicadas en sitios estratégicos del pueblo y junto a las viviendas civiles obstaculizando la circulación y poniendo en riesgo a la población.

Las huellas de la guerra

La toma guerrillera de 2002 destruyó el puesto de policía, al igual que muchas viviendas civiles. Antes de reconstruir el puesto la policía ubicó trincheras en las calles del pueblo y ocupó sitios públicos. Luego, a pesar de tener construido el puesto de policía, un bunker medieval, las trincheras siguieron en sus sitios. Los centros comunales como el almacén de la alcaldía y la casa de la cultura seguían ocupados por la fuerza pública.

Con la toma de las FARC de abril de 2005 los sitios más afectados fueron las viviendas civiles. Más exactamente: los únicos sitios afectados por las pipetas que lanzaba la guerrilla fueron las viviendas civiles. El puesto de policía quedó intacto al igual que las trincheras.

La guerrilla tomó la estrategia de hostigamientos permanentes, incluso con el lanzamiento de pipetas convirtiendo a la población civil en víctima permanente de sus ataques. La fuerza pública aumentó su presencia en alto número y empezaron a involucrar a la comunidad en acciones cívico militares y a involucrase con ella en la vida cotidiana. Muchos niñas y jovencitas resultaron envueltas en relaciones sentimentales con soldados y especialmente con policías, lo cual las hizo blanco de la guerrilla acusándolas de colaboradoras de militares. El caso más reciente es el de Paola Andrea Yule, asesinada por las FARC el 29 de agosto por ser novia de un policía.

En un comunicado del 5 de septiembre la comunidad de Toribío denunció los casos más recientes y exigió respeto y el cese de la militarización del territorio.

Pero la gota que rebozó la copa fue el asesinato del niño Wilder Fabián Hurtado en Jambaló a causa de una granada de mortero lanzada por el ejército contra la comunidad de Zumbico. Jambaló se declaró en asamblea permanente y convocó al Tribunal Indígena, el que falló tomando medidas concretas para que se respete los espacios de la población civil.

Un ataque al plan de vida

Para las comunidades es claro que “las confrontaciones y la guerra traída al interior de este territorio lo que busca es destruir nuestro plan de vida”. En las sesiones del Tribunal Indígena la comunidad expresó su indignación con fuerza, con rabia y con sabiduría.

Una mayora recordó: “No es la primera vez que tenemos que sacar a la policía, ya lo hicimos hace años, cuando estuvieron acá. Con palos los empujamos y tuvieron que irse”, recuerda en medio de una comisión de trabajo.

Otro mayor, Primitivo Toconás dijo: “Cuando era pequeño tuve miedo, llegaba el ejército o la policía yo temblaba y lloraba, pero ahora no me da miedo. Yo he andado recuperando tierra y me han golpeado pero aquí estoy. Nos persiguen y matan pero aquí seguimos y no nos vamos a cansar”.

Esa es la posición generalizada de las comunidades indígenas del norte del Cauca que seguirán defendiendo su plan de vida cueste lo que cueste. El acto de valentía y dignidad realizado en Toribío así lo evidencia. Los mismos niños y niñas lo demostraron al participar con menudos pasos en la liberación de Toribío.

El viernes a las 2 de la tarde se vence el plazo para que la policía de Jambaló desmantele las trincheras, entregue los sitios públicos y despeje las vías. “A pesar del dolor que nos han causado no vamos a actuar con violencia, pero sí con dignidad” dijo Florilba Tróchez en entrevista con Radio Payumat.