APCI es una institución gubernamental encargada de fiscalizar los fondos de la Cooperación Técnica Internacional. Por ello, teniendo en cuenta como principio institucional la transparencia, CONACAMI solicitó su inscripción de registro en ésta, La cual fue anulada hace un año, el 25 de agosto de 2005.

APCI fiscaliza fondos públicos, es decir, los que provienen de Estados desarrollados a través de Gobiernos y ONGs; CONACAMI nunca ha recibido fondos públicos desde su creación. Los fondos solidarios que recibimos son de personas, mediante instituciones privadas, y rendimos a ellas. Contamos con auditorias anuales y estas instituciones están satisfechas de ello, CONACAMI cumple con la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), así como con pagar todo los impuestos establecidos por ley.

CONACAMI, genera empleo y cumple con todo lo que establecen las normas en materia laboral. Asimismo, cumple con realizar oportunamente las auditorias internas, cumple con informar a las entidades cooperantes, cumple con informar a su asamblea; es decir, cumplimos con informar de nuestras actividades a instituciones del estado y privadas con las que estamos relacionados, y si no lo hacemos al APCI es porque fuimos retirados del registro.

La intención de deslegitimar el trabajo de CONACAMI desde el APCI, tiene un trasfondo político, puesto que el funcionario del Gobierno aprista está con las mismas políticas del gobierno de Perú Posible, implementa la persecución política a una organización indígena que sólo defiende los derechos de los pueblos; APCI no está de acuerdo que existan organizaciones que defiendan los derechos de las poblaciones.

No es problema de CONACAMI, menos de las comunidades, la agudización de los conflictos en muchas regiones del país, es problema de la mala práctica del Estado y de las Empresas Transnacionales que no cautelan los intereses de las poblaciones circundantes a la actividad minera, y no trabajan por el desarrollo de ellos frente a los enormes impactos que causan en sus territorios, en las aguas y en sus formas de vida. El Estado, antes de vigilar a las compañías, busca culpables en los afectados.

Si el Estado Nación tuviera incluido en su estructura a las poblaciones indígenas y comunidades, y distribuyera la riqueza que genera en ellas, éstas no requerirían de solidaridad económica externa. En este sentido, más allá de algún aporte económico a CONACAMI, la organización comunal es de mucha más valía; por tanto nos encontramos en 18 regiones del país, visibles en la defensa de sus derechos.

Rechazamos cualquier actitud que pretende involucrarnos con actos reñidos fuera de la ley; cumplimos con la legislación y objetamos los adjetivos y prácticas en contra de nosotros que somos la población empobrecida por la mala práctica de los gobiernos; el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos y trabajar por ello.

Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería

CONACAMI – PERÚ

Jr. Calos Arrieta 1059 – Urb. Santa Beatr

Telef.: 470 – 5854