A más de un año de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Paraguay por la violación de los derechos humanos de los miembros de la Comunidad indígena Enxet de Yakye Axa, se realizará el acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos denunciados ante la mencionada Corte internacional. El citado acto público se realizará el 10 de agosto próximo en la comunidad indígena Yakye Axa, ubicada en el kilómetro 351 de la ruta que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción.

Con este procedimiento, establecido dentro de la Sentencia, el Estado estará cumpliendo con apenas uno de los puntos de la condena internacional. A pesar del reconocimiento público, que debía cumplirse antes del 13 de julio pasado, el Paraguay aún sigue dar cumplimiento a otros puntos del fallo judicial, tales como la publicación de la Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional y la transmisión radial de la sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos de la condena.

El Tribunal internacional mencionaba en su sentencia que en un plazo de un año el Estado debía crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de tierras a entregarse a los miembros de la comunidad Yakye Axa. Sin embargo, hasta el momento punto de la condena se cumplió parcialmente, esto teniendo en cuenta que hasta el momento solo se cuenta con unos 600 mil dólares para la compra de las tierras.

El Estado paraguayo tampoco concretó los pagos por concepto de daño material y costas y gastos, que también debía cumplirse dentro del plazo de un año, de las indemnizaciones para los líderes de la comunidad indígena favorecida por la sentencia. A pesar de no haber cumplido efectivamente con estos puntos de la Sentencia, el Estado remitió a la Corte un informe donde menciona el cumplimiento parcial de la condena.

Cabe recordar que el Estado paraguayo fue condenado por la Corte IDH por la violación de los derechos a la vida, a las Garantías Judiciales, a la Protección Judicial, y a la Propiedad, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sentencia de la Corte, cuya comunicación oficial al Paraguay se realizó el 13 de julio de 2005, establecía que el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de manera gratuita.

Asimismo, deberá suministrar a los indígenas los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia mientras se encuentren sin tierras e implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario. En otros de los puntos el Tribunal internacional sentencio que el Paraguay debe adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la propiedad de los miembros de los pueblos indígenas.

La resolución el citado organismo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) favoreció a las 57 familias de la comunidad indígena Enxet de Yakye Axa, ubicada a 351 kilómetros de la capital, que reivindican más de 18 mil hectáreas, parte de su territorio ancestral, que actualmente es propiedad del empresario Osvaldo Domínguez Dibb.