La Dirección Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, ante los últimos acontecimientos que se vienen dando en el oriente boliviano y principalmente en Santa Cruz relacionados al tema agrario, se pronuncia públicamente para que la población en general tome conocimiento de la verdad sobre el tema agrario. Denunciamos ante la opinión pública que los grupos oligárquicos de Santa Cruz, están buscando la desestabilización del país con intenciones políticas, y consolidar ese esta manera grandes extensiones de latifundios malhabidos.

De esta manera ponemos en conocimiento de la población boliviana lo siguiente:

1. Los latifundistas, acaparadores, traficantes y negociantes de la tierra, camuflados y expresados en organizaciones cívicas y agropecuarias de Santa Cruz, y utilizando sus medios de comunicación, están instigando permanentemente a la violencia tergiversando todo lo que está haciendo el actual gobierno. Primero se opusieron a la nacionalización de los hidrocarburos, luego intentaron lucrar regalando el mutún y hoy se oponen a la distribución de tierras fiscales a favor de indígenas, originarios y campesinos.

2. Los Decretos sobre el tema tierra, promulgados por el gobierno el sábado 3 de junio de 2006, han sido trabajados y consensuados entre todas las organizaciones indígenas, originarias y campesinas y aprobados en la COMISION AGRARIA NACIONAL, instancia legal establecida por la ley 1715 (LEY INRA) en la que tiene participación el sector agropecuario y a la cual no asistió pese de estar convocado.

3. La ley que modificará la Ley 1715 será discutida y tratada en el parlamento donde todas las fuerzas políticas están representadas, en consecuencia no se puede afirmar alegremente que el gobierno este gobernando por Decreto.

4. Durante los últimos 20 años los sectores empresariales agropecuarios y forestales mediante sus representantes y operadores políticos han gobernado por Decreto, lanzando normas el tema tierra y forestal sin consultar a ninguno de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas y hoy se quejan cuando el gobierno promulga algún Decreto que a sido trabajado y consensuado con los indígenas, originarios y campesinos, el cual además trató de ser consensuado con ellos mismos, cuya finalidad es corregir las injusticias e ilegalidades que contienen los Decretos Supremos promulgados en mayo de 2005 por el gobierno de Carlos D. Mesa, en los que se viola la Ley 1715 y la C.P.E. creando una nueva forma de propiedad al margen de la ley (Propiedad Forestal), para favorecer a sectores oligárquicos del oriente boliviano.

5. En los diez años de vigencia de la Ley 1715, el INRA ha sido manejado por los sectores agropecuarios que pusieron como directores y funcionarios a sus empleados, direccionando así el saneamiento de tierras a su favor, en algunos casos, y en otros, retrasando este proceso con el fin de seguir acaparando tierras. De esta manera se malgastó más de 80.000.000 de dólares en este frustrado proceso de saneamiento.

6. Los conflictos sobre tierras en la provincia Guarayos, no son de hoy, vienen de mucho tiempo atrás, en los cuales los acaparadores de tierra aprovecharon su influencia política para adueñarse de tierras del pueblo indígena Guarayo, y del propio Estado, mediante trámites fraudulentos, acaparando tierras en grandes cantidades, y negociándolo con extranjeros, brasileros, rusos, menonitas y otros.

7. Los latifundistas están creando un falso conflicto en Guarayos haciendo ver como si el pueblo ayoreo estuviera en confrontación por tierras con los campesinos, lo cual no es cierto. Ya que los hermanos ayoreos han sido engañados por los acaparadores de tierra aprovechando su necesidad económica, son contratados y pagados para defender las tierras de los que se dicen propietarios, y no lo demuestran, de las tierras ocupadas por ayoreos y campesinos.

8. Hacemos responsables de los hechos ocurridos en la provincia guarayos y los que puedan ocurrir a los instigadores a la violencia que vienen tergiversando el sentido de la política de tierras adoptada por el gobierno en consenso con las organizaciones sociales. Por todo lo expuesto la CIDOB, RATIFICA EL RESPALDO A LA POLÍTICA DE TIERRAS LANZADA POR EL GOBIERNO, la misma que reconducirá el proceso agrario y posibilitará el acceso a tierras, de forma más equitativa y justa, para los pueblos indígenas originarios, campesinos y garantizará la propiedad agraria de los empresarios honestos.

Así mismo, RECHAZAMOS Y CONDENAMOS ROTUNDAMENTE LOS ACTOS CONSPIRATIVOS DE INSTIGACIÓN Y PROVOCACIÓN que están realizando los sectores agropecuarios y decimos BASTA DE NEGOCIAR LA NECESIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y CAMPESINOS PARA SEGUIR LUCRANDO A COSTA DEL ACAPARAMIENTO Y LA VENTA DE TIERRA A EXTRANJEROS.

Por la Dirección Nacional de la CIDOB