La Organización Nacional Indígena de Colombia denuncia y solicita la intervención urgente a las autoridades y organizaciones de derechos humanos, frente a los hechos que se están presentando sobre la vía panamericana, entre los municipios de Caloto, Piendamó y La Maria, en el departamento del Cauca, Colombia y alerta para que estos hechos no ocurran en el departamento del Nariño con el pueblo Awa.

Desde el día de ayer (15 de mayo) miembros del ejército adscrito a la tercera brigada, el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD y la policía departamental de Cauca, con cuatro helicópteros artillados lanzaron indiscriminadamente gases lacrimógenos, disparando contra niños, mujeres embarazadas, hombres, etc, en la María Piendamó. Registrando el asesinado por dos balas, una en la cabeza y otra en el pecho, del comunero Pedro Coscue y más de 100 heridos, más de 30 detenidos y muchos desaparecidos.

Cuando los campesinos se encontraban situados en la vereda el Rosal del municipio de Mondomo vía Panamericana, se produce la agresión del ejercito y la policía; como efecto de este ataque resultaron tres campesinos heridos con bala de fusil, tales como JUAN SANCHEZ, SEBASTIAN YIJUE YATACUE, JOSE GUILLERMO CUESCUE, otro campesino resultó gravemente herido por golpes propinados por la policía y muchos más que se encuentran recluidos en hospitales de Popayán, Calí y Santander de Quilichao.

En el municipio de Toribio se habla de tres personas heridas, de igual manera nos llegan las denuncias que cuando han tratado de obtener datos y la identificación de la policía, no es posible hacerlo porque las placas de lo vehículos están tapadas y cubiertos sus números de identificación.

Para la ONIC, es de suma preocupación escuchar las declaraciones de los Gobernadores del Cauca, y de Nariño, que con sus voces guerreristas incitan a que colombianos armados y en nombre de la Seguridad Democrática, pelen con hermanos colombianos que solo tienen como defensa, la palabra y el bastón de mando; Pero aún es más preocupante escuchar y ver por los medios de comunicación masivo, como el Ministro del Interior y de "Justicia", Sabas Pretel De la Vega, manifiesta que "la cumbre es orquestada por las FARC, señalándola los campesinos, afro descendientes e indígenas como pertenecientes a grupos insurgentes, violando así el principio de la distinción en el sentido de que relaciona la población civil y sus acciones legítimas de protesta con acciones de guerra, dando de esta manera carácter de conflicto armado a las actividades de las organizaciones campesinas, indígenas y sociales, por lo que responden con armas largas como fusiles, que no responde a los hechos de movilización pacifica de más de 16 mil colombianos desarmados".

Por lo tanto rechazamos la brutal medida de los militares en el sentido de la grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que ha impedido durante varias horas el paso de las ambulancias las cuales acudían a prestar la ayuda humanitaria a las personas que habían resultado lesionadas; permitiendo solo hasta el medio día trasladar a los heridos al hospital de Santander de Quilichao y Popayán.

Llamamos y responsabilizamos al Estado Colombiano por las violaciones a los derechos humanos y de los atropellos a los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afro descendientes.

ANTE ESTOS HECHOS: Convocamos a la solidaridad Nacional e Internacional para acompañar la cumbre indígena que hoy necesita de su presencia, llamando al Estado colombiano a dialogar con los indígenas, afros y campesinos ya que el Gobierno colombiano está en la obligación de escuchar las justas peticiones que en una protesta pacífica que iniciaron el día de ayer las comunidades del Cauca y otras regiones del país, máxime cuando gran parte de ellas son exigencias al cumplimiento de acuerdos fallidos y el llamado a la consulta de la firma o no firma del TLC, que afectará no sólo a los Indígenas, campesinos y afros, si no a todos los Colombianos, por que es cuestión de soberanía nacional.

Exigimos que no se de a las luchas sociales tratamiento militar, la movilización es un mandato de todos los pueblos indígenas de Colombia, y no debe ser disuelta por la fuerza, como si fuéramos unos alzados en armas. Y que no se repita este accionar bélico al pueblo Awa, que tanto en el Diviso y el resguardo las Palmas municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, se encuentran en Asamblea Permanente, por una VIDA DIGNA EN SUS TERRITORIOS.

Al llamado de dialogo y cumplimiento a diferentes acuerdos por parte del Estado a más de 16 mil comuneros indígenas , afro descendientes y campesinos, el gobierno de la "seguridad democrática", responde con MANO DURA, CON REPRESIÓN, CON BALAS Y MUERTOS!!!